La posibilidad de hacer públicas las reglas internas de una compañía permitirá dotar a las sagas empresarias de una mayor transparencia, estabilidad y, sobre todo, continuidad. No sólo es positivo para el negocio, sino también para el mercado.

Las reglas de juego están más o menos claras. Ahora, las empresas familiares no sólo poseen un instrumento jurídico que les ayuda a instaurar unas buenas relaciones entre la familia y los gestores, y que les augura la continuidad del negocio, sino que los protocolos familiares (nombre que reciben estos acuerdos), gracias a un real decreto aprobado por el Gobierno, permiten a las familias empresarias que así lo desean hacer públicos estos documentos mediante su inscripción en el Registro Mercantil.
¿Cuál es su finalidad? “El objetivo ha sido establecer una norma de mínimos”, admite Pilar Blanco-Morales, directora general de los Registros y del Notariado.

En el proceso que transcurrió hasta su aprobación el pasado mes de febrero, se debatió “entre un modelo reglamentista o flexible. El definitivo se estableció en un patrón minimalista”, explica la directora. Pero, según ella, “el tiempo dirá si es una disposición válida o no”. En realidad, la importancia de esta normativa radica en una mayor transparencia frente a terceros y en el efecto positivo que esa publicidad tiene sobre el mercado. “Las intenciones son evidentes; implantar esta transparencia en las relaciones de los integrantes de la empresa familiar e instaurar cierta libertad en su publicidad”, señala Blanco-Morales. No obstante, las empresas que quieran informar al mercado de que poseen un protocolo, pero no quieran dar publicidad a su contenido, tienen la opción de hacer constar en el Registro Mercantil sólo la mención de que el protocolo existe.

Todos los expertos se inclinan por precisar el efecto positivo frente al mercado. Jesús Macarrón, presidente de Gestair, una compañía de vuelos de negocio de España y la tercera de Europa, es optimista sobre el futuro de la empresa familiar. Y sabe lo importante que es este protocolo y el proceso que acontece al documento. “Lo que se ha conseguido es un paso significativo”, declara.

Para Juan Corona, director académico del Instituto de la Empresa Familiar, la valoración global de este decreto también es positiva. “No sólo por existir jurídicamente, sino por el minimalismo y la flexibilidad que aporta una ley de mínimos como ésta”, afirma.

Quién dice qué
A pesar de todo, no sólo hay aspectos favorables, sino que hay algunas cuestiones de carácter general que, según coinciden en señalar los expertos, requieren un análisis más profundo. En este sentido, Corona se pregunta qué ocurrirá con aquellas empresas que no firmen el protocolo. “No hay que olvidar que es una decisión totalmente libre”, subraya Blanco-Morales.
En el real decreto, se hace una mención especial al consejo de familia, que también es un órgano esencial para garantizar el buen funcionamiento de estas empresas y que tampoco estaba claramente definido hasta la aprobación del documento. “A los empresarios no les acaba de convencer la idea de que este consejo sea el que decida quién forma el consejo de gobierno de la compañía”, admite Corona.

Órgano Consultivo
En este sentido, Manuel Pavón, socio de Garrigues, señala que “en estos consejos, no sólo tiene que estar representada la familia, sino que los directivos también deben formar parte de ellos”. Por lo tanto, anima a todas estas organizaciones a que “formen un órgano consultivo, en el que la familia, desde el consejo de administración, pueda estar informada y permita de esta manera a los directivos estar presentes”. Es prioritario trabajar en este punto “porque, a pesar de que el protocolo es una forma de transmitir trasparencia, hay que serlo un poco más”, reitera.

Otra de las cuestiones que preocupa a Corona es lo que ocurrirá con los negocios familiares que coticen en bolsa. En principio, el texto elaborado por el Ejecutivo afecta únicamente a las empresas familiares no cotizadas (que son la gran mayoría), puesto que las familiares anónimas cotizadas se rigen por otras normas de transparencia, que contienen las regulaciones del mercado de valores y de las sociedades anónimas.

Por ello, Blanco-Morales explica que “lo que hay que evitar es una superposición de reglamentos”. Y, según indica la directora, “en los meses que han transcurrido desde la aprobación de este decreto, la experiencia, en este sentido, ha sido nula”. Blanco-Morales también es consciente de que “aunque todavía no se ha tomado una decisión al respecto, esto implica que las cosas van razonablemente bien”, sostiene. Pedro Mirosa, catedrático de la escuela de negocios Esade, explica que uno de los problemas que observa “es la exigencia de una unidad familiar”

En concreto, “cuando cada uno quiere regular la unidad del protocolo. Pero, ¿qué ocurrirá si los que tienen que firmar provienen de familias diferentes?”. De momento, este interrogante no está resuelto. Asimismo, Mirosa plantea la posibilidad de incluir pactos parasociales en el convenio.

La normativa permite elegir entre tres niveles de publicidad. Esto significa que la empresa que lo considere necesario podrá mencionar que el protocolo existe, o bien depositar todo su contenido o parte de él en la presentación de las cuentas anuales; e inscribir, a través de escritura pública, los acuerdos sociales que incluyen las cláusulas de ejecución del protocolo.

Mario Carranza, director de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, recuerda que este acuerdo es, en realidad, un producto importado de Estados Unidos. “Es un instrumento que le da cierta homologación y publicidad a la empresa”, apunta.

Estímulo a la empresa
A pesar de ello, Carranza reconoce que, de momento, son pocas las empresas que lo tienen instaurado. “Menos de un tercio de las familias empresarias españolas posee un protocolo de estas características”, sostiene. Y, para aumentar esta cifra, Carranza propone conceder un pequeño incentivo. “En ocasiones, parece que, con este tipo de iniciativas, las cosas funcionan mejor. Aunque, el problema se encuentra en cómo gestionarlo y si se pierde poder con ello”.

Por otro lado, Eduardo Estévez, director de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla y León, cuenta que lo que más le ha llamado la atención de este documento es “el carácter voluntario que tiene a la hora de defender la continuidad de las empresas”. Según analiza Estévez, el 30% de las organizaciones empresariales de esta comunidad tiene establecido un protocolo de estas características.

Una situación que genera un óptimo resultado en los mercados, porque “sin duda, sirve como una garantía, por ejemplo, frente a los bancos. De hecho, las cajas de ahorros valoran mucho la continuidad de una empresa familiar”. Incluso, en esta región, existe una subvención de alrededor de 9.000 euros para estas empresas para elaborar protocolos. En realidad, “lo que se les exige a las empresas son partes de la presentación del documento”, aclara Estévez.

Estas ayudas se han puesto en duda por algunos expertos. Éste es el caso de Cristina Sánchez, directora general del grupo familiar Transsix, ya que coincide en señalar que “las subvenciones ayudan, pero me inquieta que se firme un protocolo de una forma precipitada”. Es decir, “lo que realmente me da miedo es que la empresa se sienta presionada por firmar”, insiste Sánchez.