¿Fue Fujimori un presidente en el limbo?, de José Rodríguez Elizondo en La Vanguardia
Por lo visto, el proceso de extradición que se sigue en Chile a Alberto Fujimori va a terminar con un tie break.Puede que los juristas lo disfruten, pero quienes tenemos una percepción cercana del extraditable no podemos perdernos en los laberintos de la hermenéutica.
Sucede, para entendernos, que el fujimorato fue un hito catastrófico a nivel regional y así lo entienden los más prestigiosos politólogos peruanos. Uno de ellos incluso acuñó la categoría de Estado mafioso para definirlo. A mayor abundamiento, su más grave actuación ni siquiera figura en el expediente. Se produjo en 1995, cuando comenzó la guerra del Cenepa, con Ecuador, y los analistas lo percibieron manipulando el sentimiento patriótico peruano para asegurar su reelección. Cabe añadir que, quizás por motivos de seguridad nacional, los políticos peruanos no fueron claros para denunciar ese eventual crimen de lesa patria. Pero consta que Alan García hizo el alcance, en forma cuidadosa: "Si esto fuera cierto sería un hecho criminal manipular un incidente, dejar crecer un conflicto y sacrificar la vida de nuestros soldados para ganar votos con cinismo".
Alguien sospechoso de manejar así una guerra es muy capaz de incurrir en aberraciones comparativamente menores. Por ello, me parece surrealista el fallo de primera instancia del juez chileno Orlando Álvarez, según el cual Fujimori no tiene responsabilidad acreditada en ninguno de los delitos por los cuales se pide su extradición. Técnicamente, esa ausencia de prueba plausible lo convierte en un presidente en el limbo: no tuvo nada que ver con la actuación del escuadrón terrorista Colina, con los crímenes de La Cantura ni con el torturado secuestro (entre otros) de Susana Higuchi, su ex cónyuge. Jamás se enteró de los delitos de Vladimiro Montesinos, su álter ego de la década, que filmaba sus propias corruptelas. Ni siquiera es multable por malversación de fondos, cuando cualquier peruano sabe que manejaba un presupuesto paralelo para sobresueldos de militares y civiles sobornables.
A partir de tamaño divorcio con la realidad, el juez Álvarez mandó al tacho el acucioso informe de la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado. Ésta, asumiendo que no le correspondía pronunciarse sobre la responsabilidad final de Fujimori, sino sobre la plausibilidad de las acusaciones formuladas por el Gobierno peruano, determinó que el 90 por ciento de las imputaciones era de una seriedad total.
Pendiente, aún, el fallo definitivo, esto ha fortalecido la sensación de que, en el mundo de los tribunales, las cosas no son como fueron, sino como se prueban... según la percepción de cada juez. De ese formalismo ritualizado vendría, seguro, la célebre sentencia de Bertolt Brecht sobre la honestidad de los magistrados: "Ningún soborno puede inducirlos a hacer justicia".
Agreguemos que cuando algún juez, como Maldonado, quiere conjugar su competencia técnica con un mínimo sentido de la realidad suele caerle sobre el cráneo una ley inédita de Murphy: "Si algo bueno haces, algo malo repondrá la normalidad". A pocos días de su acucioso dictamen, que reconocía las trapacerías reales de Alberto Fujimori, surgió el fallo del juez Álvarez, rayándole la pintura.
Es de esperar, por el bien de la democracia chilena, que los jueces de segunda instancia estén en condiciones de enterarse de lo que sucedió y fallen conforme a la realidad.
JOSÉ RODRÍGUEZ ELIZONDO, escritor chileno, profesor de Relaciones Internacionales.
