Caldera asegura que ha habido 18.000 peticiones y rechaza que sea en función del nivel de renta

El Gobierno cuenta con la ventaja de saber que ningún Grupo votará en contra de una medida tan populista como la del cheque bebé o pago de 2.500 euros por niño nacido o adoptado.

Pero, por lo escuchado ayer en la Comisión de Trabajo del Congreso, al Gobierno le va a costar muchas horas de negociación que la propuesta estrella de José Luis Rodríguez Zapatero no se le vaya de las manos. Ya hay problemas presupuestarios para hacerla efectiva en los estrictos términos expuestos por el presidente y ayer el ministro Jesús Caldera en la Comisión del Congreso escuchó cómo todos los grupos, salvo el PSOE, anunciaban enmiendas para aumentar la prestación.

Todos, de derechas y de izquierdas, coincidieron en dos cosas: en criticar el método electoralista elegido por el Gobierno para anunciar la medida y en pedir que tenga efectos desde el 1 de enero y no desde el 3 de julio, como prevé el Ejecutivo.

Es decir, que, salvo que les convenza de lo contrario, el Ejecutivo tendrá que aceptar ese cambio de fechas para tener apoyos suficientes para aprobar el proyecto de ley. Si es así, podrán cobrarlo las madres de niños nacidos o adoptados desde el 1 de enero de 2007 y se disparará el coste previsto de la medida. La otra petición de los grupos que puede disparar el coste del anuncio de Zapatero es la que se refiere a la cuantía, aunque en este caso no hay unanimidad de los grupos.

Así, la portavoz de ERC, Georgina Oliva, pidió que la cuantía se eleve a 3.500 euros para las rentas más bajas, y el del PP, Miguel Barrachina, que llegue hasta los 3.000 euros.

Además, tanto este último como el de CiU, Carles Campuzano, quieren que se prime a los nacidos o adoptados con discapacidad.

Los grupos de la izquierda anunciaron que sus enmiendas irán encaminadas a establecer una cuantía inversamente proporcional al nivel de renta. Joan Herrera de IU hizo este anuncio sin concretarlo, y ERC especificó que su propuesta pasa por reducir la percepción de los que declaren ingresos superiores a 50.000 euros anuales, mientras que las rentas inferiores a esa cuantía reciban hasta 3.500 euros por niño, siempre de forma proporcional.

Caldera dio por hecho que ningún Grupo votará en contra del proyecto de ley que se tramitará desde septiembre, no rechazó que pueda ampliarse al 1 de enero el ámbito de aplicación y sí descartó rotundamente el pago proporcional al nivel de renta. El ministro defendió la universalización de la medida y explicó que sólo el 1,09% de mujeres en edad fértil y, por tanto, susceptibles de recibir la prestación, tiene un nivel de ingresos superior a 60.000 euros.

El pago se hará como prestación no contributiva de la Seguridad Social para los que no hacen declaración del IRPF y para el resto como compensación en la renta, con posibilidad de solicitar un anticipo.

Todos los partidos explicaron que la medida presenta problemas competenciales con las comunidades autónomas. IU, ERC y CiU concretaron que invade el artículo 166 del nuevo Estatuto de Cataluña, que prevé como competencia autonómica exclusiva la protección de la familia.

Emilio Olabarría (PNV), además de llamar «vanidoso» al ministro, llegó a decir que el sistema elegido es «fraudulento» y sirve para encubrir una subvención que sólo pueden dar las comunidades. Caldera rechazó este planteamiento y explicó que ya hay 18.000 peticiones de futuros perceptores, casi el 100% de los posibles.

Las peticiones se han hecho según el proyecto de ley del Gobierno, pese a que no ha iniciado el trámite parlamentario y no hay respaldo legal.

© Mundinteractivos, S.A.