El gran apagón de Barcelona plantea la pregunta del millón sobre la responsabilidad de los políticos cuando las cosas no funcionan. Una responsabilidad que no sustituye la de las empresas implicadas directamente en el caos pero que la recubre y enmarca. Para que esta responsabilidad política se concrete contamos con varios agentes sociales, desde los medios de comunicación hasta las organizaciones de consumidores, pasando por asociaciones de vecinos, sindicatos, colegios profesionales y patronales. Estas instancias deben fiscalizar la labor de los gobernantes y deben exigir que nadie mire para otro lado cuando hay lío. Es un elemental sistema de contrapesos propio de toda sociedad democrática que merezca tal nombre. Es una garantía contra la dejación, la arbitrariedad y la impunidad de los poderes públicos y privados. Sin todo esto, el ciudadano no es nadie.

En Barcelona existe un factor tóxico especial que nos resta mucha fuerza a la hora de exigir responsabilidades políticas ante situaciones graves como la que se desencadenó la mañana del lunes. Este factor es muy visible, por ejemplo, cuando aparecen juntos para dar explicaciones los gobernantes de las diversas administraciones que nos llevan. El lunes al mediodía, comparecieron juntos, ante los medios, el ministro Clos, el conseller Saura y el alcalde Hereu. Todos ellos representan un solo color político, el PSC con un suave aliño de Iniciativa. El factor tóxico contra el que choca la exigencia ciudadana de responsabilidades es el monopolio del poder público catalán en manos de los socialistas y su satélite. Toda la cadena de decisiones políticas está ocupada por los mismos. Esta complicidad de partido se impone a la lógica interna de cada administración, de tal suerte que todos juegan a taparse los posibles errores en la gestión de la crisis. Hay que salvar el crédito de las siglas antes que nada. La fiscalización vigilante entre administraciones - tan importante como la cooperación entre ellas- desaparece, y el ciudadano queda sepultado por una espesa capa de justificaciones huecas. Clos, Saura y Hereu chutan la pelota a Fecsa Endesa y Red Eléctrica de España. Así, todo queda reducido a un conflicto entre empresas y clientes, como si Gobierno central, Generalitat y Ayuntamiento sólo tuvieran la obligación de atender las emergencias y poco más. Pero la responsabilidad política va mucho más allá, aunque los socialistas disimulen y se parapeten siempre tras la herencia recibida (que en el caso de Barcelona es la de Maragall y Clos, por cierto). Pagamos muy caro, en indefensión, que los socialistas tengan todas las administraciones de Catalunya en sus manos.