El Gobierno se desliga de la actuación del fiscal y ve obsoleto secuestrar publicaciones, de Juan Carlos Merino y José María Brunet en La Vanguardia
El presidente del Supremo dice que los jueces sólo aplican las leyes que aprueban las Cortes
El Gobierno se desligó ayer explícitamente de la actuación de la Fiscalía General del Estado al instar al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo el secuestro de la revista El Jueves por un presunto delito de injurias al sucesor de la Corona. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, en un desayuno informativo y en presencia del propio fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, dejó claro que el Ejecutivo es ajeno a esta medida que "ni apoya ni deja de apoyar" y que enmarcó en el estricto ámbito judicial. Pero De la Vega fue más allá y cuestionó la figura jurídica del secuestro de publicaciones, por obsoleta y caduca.
También fue más allá en la defensa del derecho a la libertad de expresión, para lo que se retrotrajo hasta la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. De la Vega fijó pues la posición del Gobierno en tres aspectos. Primero: "La libertad de expresión es un derecho fundamental y básico, es la columna vertebral de la democracia. No soy partidaria de poner límites al ejercicio de los derechos fundamentales. Es más, el Gobierno cree que, como dice la primera enmienda de la Constitución norteamericana, la libertad de expresión no puede tener límites". Segundo: "Esto no es incompatible con que el derecho a la libertad de expresión conviva con los derechos al honor, la intimidad, la dignidad, la propia imagen y el respeto a las instituciones democráticas. Tienen que convivir y coexistir". Tercero: "La fiscalía es una institución del Estado a la que incumbe el ejercicio de la acción penal en defensa de la legalidad con absoluta autonomía e independencia de criterio". Y a partir de estos tres principios, la reflexión: "Es importante que se abra un debate sobre el secuestro de publicaciones, que habrá que replantearse porque su eficacia está en cuestión debido a los actuales medios de difusión. Es una figura que está anclada en un momento diferente al actual".
En cambio, el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando abogó por la aplicación de la medida con el argumento de que "está en el ordenamiento jurídico". Hernando añadió que, como toda ley, el Código Penal que recoge dicha medida "expresa la voluntad del pueblo en un momento determinado". Al aplicar las normas, por tanto, "no hay más que respetar la voluntad el pueblo conforme a las decisiones de las Cámaras".
El Jueves -con su página web reactivada- publicó anoche una nueva portada con el titular "¡Rectificamos !", y con el subtítulo "Esta oficial ordenando el cierre de la misma y un comunicado emitido por la revista fechado el 20 de julio,
El debate está abierto, no sólo por las reflexiones de la vicepresidenta, sino también por el goteo de opiniones que empiezan a manifestar los dirigentes políticos. Así, el líder de IU, Gaspar Llamazares, dijo ayer que su grupo propondrá una reforma del Código Penal para suprimir el delito de injurias al Rey o a otros miembros de la familia real en los que se ha basado el juez Del Olmo para abrir diligencias por la caricatura de los Príncipes. Llamazares pidió al Gobierno que se sitúe "claramente de parte de la libertad de expresión".
El juez Del Olmo ha citado a los autores de la viñeta para que le expliquen su propósito. La citación del dibujante Guillermo y el guionista Manuel Fontdevila fue pedida por el fiscal que ha asumido el caso, Enrique Molina, por vacaciones de su colega Miguel Ángel Carballo.
