Podrá cobrarse como deducción en la cuota diferencial del IRPF

El presidente del Gobierno tardó pocos segundos en formular su propuesta estrella del Debate sobre el estado de la Nación, pero el Ejecutivo no para de darle vueltas a la manera de ponerla en marcha.

Por el momento, el Gobierno cifra en 1.556,75 millones de euros el coste de la promesa de Zapatero de pagar 2.500 euros por niño, según consta en la memoria económica enviada al Congreso.

El proyecto de ley establece una doble vía de pago, pudiendo hacerse efectiva a través de la declaración del IRPF. Fuentes parlamentarias aseguran que en las reuniones con el vicepresidente Económico, Pedro Solbes, sobre los Presupuestos, éste ha admitido que se ha buscado esta fórmula para evitar problemas de liquidez a finales de este año.

Esa versión se une a los problemas que ha tenido ya el Gobierno para llevar a la práctica la propuesta de Zapatero para el fomento de la natalidad. La medida ya está en marcha y se puede solicitar la ayuda, a pesar de que no hay base legal, porque sólo existe un proyecto de ley que debe tramitarse en el Congreso. Hoy mismo comparecerá en la Comisión de Trabajo del Congreso el ministro Jesús Caldera para explicar la medida, sobre la que todos los grupos tienen grandes reticencias.

El texto del proyecto de ley enviado al Congreso establece una doble fórmula para el pago. Una para los que no están obligados a hacer declaración del IRPF y otra para el resto.

Los primeros cobrarán los 2.500 euros como prestación de la Seguridad Social. La previsión es que se pueda empezar a percibir a finales de este año.

El resto lo hará mediante deducción en la cuota diferencial del IRPF. Es decir, si se hace de esta forma, podrá percibirse en el periodo de declaración de la Renta en la primavera del año próximo.

No obstante, si así se solicita hay posibilidad de pedir un anticipo de forma inmediata en el mismo plazo que los que no hacen declaración de la renta, es decir, a finales de este año.

De esta forma, al ofrecer esta posibilidad el Gobierno busca mitigar el impacto de la medida en las cuentas públicas. No obstante, todos los partidos consideran que puede haber problemas de encaje legal. Por ejemplo, el PNV ya dijo en el Congreso que veía problemas para encajarla en el régimen fiscal vasco. Para esa Comunidad se prevé que todo el pago se haga como prestación no contributiva.

El propio Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Unida, advirtió ayer sobre «la indefinición y la falta de un criterio estricto que está demostrando el Gobierno para plasmar en la práctica su electoralista propuesta». Llamazares lamentó que «el famoso cheque bebé ya no sea ni un cheque, sino que la mayoría de sus perceptores o lo tendrán que cobrar a través de la declaración de la Renta del año que viene, a partir del mes de mayo de 2008, o con otras fórmulas imaginativas de difícil encaje legal». Así, advirtió de que si estos 2.500 euros se pagan a través de pensiones no contributivas, «puede suponer un serio problema legal, además de generar un conflicto con algunas comunidades».

Según el Gobierno, la medida puede afectar a una 479.000 madres. El 80% del coste, es decir, 1.245,4 millones de euros, corresponderá a deducción impositiva y el 20% restante se imputará al presupuesto de la Seguridad Social como prestación no contributiva.

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