EL REVÉS DE LA TRAMA

Puede que Mariano Rajoy haya cometido un error de cálculo al poner sobre el tapete político dos discutibles reformas a la normativa de elecciones, pero no cabe duda sobre la necesidad de modificar la Ley Electoral que rige en España. Es uno de los pasos ineludibles para acometer la regeneración de nuestro sistema político que, cuando se aproxima su 30º aniversario, va siendo una operación de máxima urgencia.

Un problema básico de la legislación electoral es que permite corregir el sentido del voto popular como se demuestra elección tras elección en varias circunscripciones. Los pactos de despacho expulsan del poder o impiden su ejercicio a la lista más votada -generalmente el Partido Popular-, en algunos casos abrumadoramente votada, sólo a falta de un puñado de papeletas para la mayoría absoluta. En muchos municipios y algunas autonomías -escandalosamente en Baleares-, el partido ganador está condenado a la oposición mientras gobiernan exiguas minorías unidas, lo que a los votantes no puede reportarles más que desengaño. En Navarra, tienen paralizada la Comunidad las maniobras del tercer colocado, el imprevisible socialista Fernando Puras, para impedir que gobierne UPN, que ha subido en número de votos, tiene el aval del 42% y dobla en sufragios a la segunda y a la tercera fuerzas.

Hasta ahora, en el ámbito nacional ha gobernado siempre la fuerza más votada, aunque no haya alcanzado la mayoría absoluta. Gobernó dos legislaturas Adolfo Suárez con mayoría relativa, dos Felipe González y una José María Aznar. Pero los últimos abusos de despacho inducen a dudar que se vaya a respetar esa práctica si en las próximas elecciones generales ganan los populares por la mínima. Desde luego, si se rompiera tal costumbre en el ámbito nacional, el desencanto de los votantes afectaría seriamente al propio sistema.

Para evitar la crisis convendría que los partidos tuvieran un rasgo de sensatez y pactaran la reforma electoral. Pero nada apunta a que vaya a ocurrir así, después de que el socialista haya calificado la propuesta de Rajoy de incoherente, inconstitucional y disparatada, nada menos. Vivimos una etapa muy delicada, en la que abundan casos de egoísmo político que proyectan sombras sobre el funcionamiento del sistema. La ruptura del consenso en asuntos básicos -terrorismo, justicia, educación, política exterior- ha actuado como una seria agresión al sistema. El Gobierno prodiga sorprendentes faltas de respeto a las instituciones. Su presidente ofrece a su correligionario José Bono la Presidencia del Congreso, que sólo puede cubrirse por votación de los diputados, y pone en marcha el trámite de los 2.500 euros por nuevo hijo sin ni siquiera haber sido aprobada la ley en el Parlamento. El uso de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para atacar a la oposición en vez de informar de lo que el Gobierno hace es una costumbre lamentable pero enraizada, mientras información sobre asuntos básicos se niega con desparpajo.

No hay espacio en una columna periodística para enumerar todas las causas de la preocupación por el funcionamiento del sistema, pero sí para insistir en la necesaria regeneración. Hace 17 años, en 1990, publiqué con Javier Tusell un ensayo que titulamos El secuestro de la democracia con este subtítulo: Cómo regenerar el sistema político español. La reforma del procedimiento electoral era ya una necesidad entre varias. Hoy la llamada de atención sigue vigente y la regeneración se ha convertido en una urgencia.

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