En plena segunda quincena de julio, entre operaciones salida y operaciones retorno, cuando la legislatura autonómica no ha pasado de la escueta promesa del cumplimiento de sus responsabilidades por parte de los miembros del Gobierno, el presidente Areces celebra la tercera reunión de la concertación social. La primera entrevista tuvo como interlocutores a Severino García Vigón y Justo Rodríguez Braga, la segunda fue con Antonio Pino y la tercera, con todos los agentes sociales a la vez. Para un turista que sea habitual lector de las páginas de política de los periódicos, la actividad febril del presidente resulta difícil de entender, porque en ninguna comunidad autónoma se está viviendo otro proceso semejante.

Lo más normal es que el presidente celebre reuniones con los primeros espadas de otros partidos, en encuentros dictados por la cortesía y enfocados al tanteo de posiciones, pero en Asturias los líderes políticos han agotado sus posibilidades de encuentro con la fracasada negociación sobre el pacto de gobierno entre los socialistas e IU.

La única explicación para el extraño y temprano frenesí de la concertación social reside en la incómoda posición del Gobierno en la Junta General del Principado, con dos grupos de oposición que tienen veinticuatro diputados ( una mayoría absoluta holgada) frente a los veintiuno del Grupo Socialista. Se puede gobernar en clave de mayoría relativa, pero es muy difícil hacerlo con la hostilidad de toda la oposición. La concertación social es la muleta que busca el gobierno regional para compensar sus insuficiencias parlamentarias.

Cuando todo el mundo daba por sobreentendido que habría una renovación del pacto de la izquierda en el Principado, Severino García Vigón alertó sobre el peligro que sería dar rienda suelta al gasto público en esta legislatura.

Pues bien, ahora que el divorcio entre los dos grupos de izquierda es un hecho, estamos en condiciones de asegurar que el gasto en los presupuestos del Principado va a crecer de forma clara, con grandes compromisos de inversión en infraestructuras de transporte y en I+D+i, así como con gasto abundante en sanidad, educación, bienestar social y vivienda. Un pacto con cargas pero sin cargos.