Hay dos formas de encarar el caso Planells. Una es convertirlo en el nuevo Roldán de un Gobierno socialista, como algunos se han apresurado a hacer. Eso incluye poner a Zapatero orejas de burro por firmar el nombramiento de un sinvergüenza como su representante en la provincia de Barcelona. Otra es levantar acta de que este Gobierno va tan en serio contra la corrupción que no mueve un dedo por librar a uno de los suyos de la acción policial y judicial. O de la cárcel si llega el caso. Y todos los indicios apuntan a que este alto funcionario, subdelegado del Gobierno hasta hace un mes, va camino de la cárcel.

Servidor prefiere apuntarse a lo segundo. Al menos es más constructivo y no exime de culpa -culpa política, se entiende- a quien lo nombró. Más que por nombrarlo, por haber sido el último en enterarse de los favores retribuidos que Eduard Planells le venía haciendo a una banda de mafiosos al menos desde 2005, cuando la Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo la operación 'Avispa' contra la mafia ruso-georgiana.

No es asunto de menor cuantía que Planells oficiara de conseguidor de la mafia rusa. Primero como coodinador-jefe de la Oficina de Extranjeros en Barcelona. Y luego, nada menos que como subdelegado del Gobierno (reproduce la antigua figura del gobernador civil). Desde ese cargo llegó a hacer gestiones en nuestra embajada en Moscú para que los colaboradores de dos conocidos mafiosos obtuvieran por la vía rápida permisos de residencia y trabajo.

Esas gestiones fueron uno de los elementos que pusieron a Planelles bajo sospecha ante la Fiscalía y ante el grupo de policías que, cada vez más especializados en este tipo de delitos, sólo tuvieron que esperar a reunir las pruebas suficientes y proceder a su detención. Eso hicieron ayer unos agentes de la Guardia Civil.

No es asunto menor, pues, el caso Planelles, por su alcance político, pero la detención del personaje sí es un fleco menor de la llamada 'operación Avispa' (junio de 2005), que metió entre rejas a treinta jefes y colaboradores de la mafia ruso-georgiana en Barcelona, en el mayor operativo que se ha desarrollado hasta ahora en España contra este tipo de delincuencia.

Tampoco parece inocente el cese de Eduard Planelles, hace un mes, como titular de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona. ¿Se le cesó para que el más que previsible escándalo de su detención no le pillara en su despacho oficial? Sin embargo, no se marchó a casa. Su desalojo del cargo fue retribuido con un buen puesto en la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), cuya sede nacional se encuentra en Barcelona. ¿Algún genio de la política pensó que retirándole a un cargo de segundo nivel el escándalo iba a ser menor?

Las dos preguntas son pertinentes y dan para que a unos cuantos se les ponga la cara colorada. Pero nada que ver con el desdichado caso Roldán. Entre otras cosas porque Planells no pertenece al PSOE -lo cual no quiere decir que los militantes socialistas estén libres de pecado-, porque el cargo de subdelegado de Gobierno es un último escalón funcionarial y no un primer escalón político, y porque, para vergüenza del PSOE, aunque diferida en el tiempo -catorce años han pasado ya-, Roldán batió todos los records en el comportamiento corrupto de un servidor público.