Reggio

17/07/2007 - 09:31 h

Los consejos económicos y sociales son los órganos que regulan la participación de trabajadores y empresarios en la vida pública, tal y como se institucionalizó en 1957 por el Tratado de Roma, así como por el Acta Única Europea, el Tratado de Maastricht, el Tratado de Amsterdam y por el Tratado de Niza. La participación social europea tiene su trasunto de ámbito mundial, y su correlato planetario, en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Los escalones diplomáticos que hubo que ascender hacia la constitución de la UE, fueron momentos fundamentales en el proceso de constitución del conglomerado que rige la vida política y social del continente, y en ellos se fue configurando el órgano conocido como Consejo Económico y Social Europeo, creado para establecer de manera reglada y ajustada a los principios democráticos, la relación institucional entre el gobierno de Europa, es decir, la Comisión y el Consejo Europeo, con los representantes de las organizaciones laborales y sindicales, las patronales y otros interlocutores de la sociedad.

Una ley del año 91 reguló la creación del Consejo Económico y Social de España. En el Principado, el Consejo Económico y Social de Asturias se creó en el año 88, y su legislación fue integramente remodelada en el año 91. El modelo de participación de lo que se ha dado en llamar agentes sociales, choca con la burocratización de las administraciones públicas y con la que esclerotiza a las propias organizaciones sociales, lo que otorga a estas entidades un papel público superior a la mera participación en los consejos, cuando se trata de negociar asuntos de gran interés social como los que afectan a las pensiones y la Seguridad Social, la legalidad laboral o las grandes decisiones económicas, mediante acuerdos políticos a los que se da gran relevancia informativa.

Sindicatos y patronales suelen ser ampliamente utilizados por los políticos para hacerse fotos cuando les conviene, y a los sindicalistas y a los representantes de los patronos les encanta hacerse esas fotos, y aprovechar esos momentos para incrementar su influencia social. La naturaleza humana, ya se sabe...

En Asturias, el CES es un organismo desconocido para la opinión pública, desde su creación, porque nuestros gobiernos siempre han preferido manejar la relación con los sindicatos y la patronal en un escenario desregulado, sin normas, sin actas, sin una secretaría que asesore sobre los principios de legalidad, porque de esta manera se viene otorgando a los llamados “agentes sociales” un extraño papel que ha venido configurando una fórmula de negociación de los asuntos públicos que nada tiene que ver con los principios de la democracia, que por definición es un sistema sometido al llamado imperio de la ley, dentro de lo que es conocido como estado de derecho.

Quien inventó la costumbre de establecer estas reuniones que se hacen cuando conviene, para dar fuerza social al poder político, decidió llamarlas pactos o acuerdos de Concertación, porque ya se sabe, que después de Dios, a los políticos les encanta poner nombre a las cosas, un poder divino de gran éxito e influencia mediáticos. El nombre hace la función, y el uso y el abuso de este mecanismo llegó a su límite con la firma de los Acuerdos para el Desarrollo Económico, la Competitividad y el Empleo, firmado a comienzos de la anterior legislatura, en diciembre del año 2003. En aquel momento, la Concertación se convirtió en el ADECE, que suena mucho mejor, porque tiene un nombre más largo, y cuanto más largo es su nombre, más importante parece siempre un papel.

La diferencia entre la Concertación y el Consejo Económico y Social es evidente, pues como decíamos más arriba, mientras la Concertación es una reunión entre el Gobierno, la FADE, CCOO y la UGT –que se hace así porque sí-, en la que no hay normas, no hay secretario, no hay mecanismos reglados para la designación de representantes, no hay nada, no hay luz, no hay taquígrafos, y allí se reparte todo lo que importa a los interlocutores que participan en este tinglado, y muy fundamentalmente, las grandes subvenciones y el dinero de la formación ajena al sistema educativo, que es una manera muy descontrolada de repartir unas cifras astronómicas, que la patronal y los sindicatos canalizan a la asombrosa red de academias que actúan como contratistas de este monumental negocio, con el que se entretiene a la gente, y fundamentalmente a los parados, con cursos deslavazados y coyunturales, que nada tienen que ver con la formación profesional de verdad, la que forma a los ciudadanos para ejercer una profesión.

Aquí en realidad se llama formación a un ocio desempleado que cuesta muchísimo dinero a la sociedad, y que deja por el camíno sabrosísimas plusvalías que contribuyen a crear estados de beatitud sindical y felices orgasmos patronales.

Lo terrible de todo esto es que las decisiones de los gobiernos tienen un mecanismo claro e indiscutible de concertación con la sociedad que son los parlamentos. En ellos se sientan los representantes de la mayoría de los ciudadanos, los que votan y los que no, y con estos representantes, es con los que los gobiernos deben discutir sus políticas, para someterse al control democrático de la sociedad.

Pero es que ya no respetan ni la letra ni la música de la democracia.

Los sindicatos y las patronales son grupos de presión, muy útiles y necesarios, e incluso imprescindibles si se quiere, para organizar el conflicto social y su dinámica, y es por ello por lo que los consejos sociales tienen asegurada una participación en las instituciones, mediante la consulta y el asesoramiento en los asuntos que les son propios.

De esta manera en que se hacen las cosas en este bendito confín del globo terráqueo, la concertación asegura su participación en los asuntos que no son propios ni de los sindicatos ni de las patronales, e incluso sustituyen al parlamente, en nuestro caso a la Junta General del Principado, en cuyo seno no se debaten muchas cuestiones que se acuerdan en la concertación -para reforzarlas al margen de la política-, como la Zalia de Gijón, por poner un significativo y conflictivo proyecto que ha creado no poca crispación entre los afectados por las expropiaciones, para la creación de esta nueva zona industrial que se pretende establecer en la parroquia gijonesa de San Andrés de los Tacones.

El nuevo gobierno presidido por Vicente Álvarez Areces ha dejado en la cuneta su anterior pacto de legislatura con Izquierda Unida, mientras que el Partido Socialista exploró un acuerdo no escrito con el Partido Popular, para dar cobertura a la negociación del Estatuto de Autonomía, así como a la decisión de construir la presa de Caleao y la incineradora de Serín, impulsado por el secretario general de la FSA, Javier Fernández. Areces hubiera preferido una situación más cómoda para él, con IU en el gobierno. Los detalles de esta negociación que se rompió de manera deliberada, son conocidos de nuestros lectores.

Ahora, Areces precisa de un mecanismo de apoyo para seguir fabricando el lecho político sobre el que ha de apoyarse su estabilidad, y por eso, el primer acto de su nueva legislatura ha sido convocar las reuniones de la Concertación, para darse un plazo de aquí a septiembre, para presentar un documento que, en su propia definición, abra el diálogo a “todo aquello que afecta a los asturianos”.

Los dirigentes sindicales asturianos se han apresurado a aplaudir con las orejas esta iniciativa que les convierte públicamente en sustitutos de los representantes elegidos por el pueblo soberano, para darle al gobierno la estabilidad que no tiene asegurada en el parlamento para aprobar los presupuestos, y así, por ejemplo, Justo Rodríguez Braga, se ha atrevido a pedir que con ellos se acuerde lo que nunca ha sido acordado en el parlamento, como es por ejemplo la “política energética” de nuestra comunidad, uno de los asuntos más escabrosos y preocupantes para nuestro futuro. Tanto CCOO como la UGT, se han apresurado a pedir que este chiringuito tenga entidad institucional -se supone que violentando definitivamente las funciones del CES- para incrementar su peso personal en la vida pública.

Sustituir las instituciones representativas por entidades corporativas, es una gravísima decisión, pues el debate en los órganos de la voluntad popular está controlado por la representación de los ciudadanos, a través de un sistema de normas, en el que los taquígrafos y la luz juegan un papel fundamental, dejando constancia de lo que se habla en unas actas, e introduciendo la luz de las leyes y el interés general, en la selva de la arbitrariedad y el poder utilizado al servicio de los intereses personales.

Poco parece importar que estos mecanismos extraños estén en la esencia institucional del fascismo y que un célebre discurso de Benito Mussolini haya establecido el Estado Corporativo como paradigma de la sustitución de la democracia por el autoritarismo.

Desgraciadamente para nosotros, en estos tiempos y en este país, estas cosas se toman a broma, puesto que se da por hecho que los ciudadanos tienen poco que hacer en las instituciones para controlar que éstas no evolucionen a sus espaldas. Los medios de comunicación, pendientes de sus propios acuerdos de concertación desregulados -conciertan 2.000 millones anuales de las antiguas pesetas en publicidad-, están ausentes de los debates democráticos. El inicio de esta legislatura, con esta renuncia expresa a establecer acuerdos democráticos en la Junta General, sustituidos por acuerdos antidemocráticos y desregulados en la Concertación, es el peor augurio para los tiempos que nos esperan.

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