ADEMÁS de la inseguridad jurídica que ayer comentaba Blanco Valdés , todo apunta a que el problema urbanístico de Galicia está mal diagnosticado, y que, lejos de estarse generando soluciones adecuadas, podemos haber iniciado el camino hacia un conflicto de intereses muy difícil de dirimir. Porque el problema real, cuya base es la falta de dimensión suficiente para una planificación moderna, no se puede arreglar con leyes restrictivas, ya que, además de no tocar el fondo de la cuestión, pueden mermar de forma abusiva los derechos y expectativas de las poblaciones inmediatas.

La pregunta que tenemos que hacernos es si es posible planificar Vigo, Redondela, Mos y Nigrán por separado; si Cangas y Moaña pueden definir su modelo urbano al margen de lo que implica la inmediata conurbación viguesa; si Marín, Poio y Pontevedra constituyen una ciudad o tres; o si Santiago puede seguir exportando su déficit de programación y gestión a los pequeños municipios del entorno, a los que luego hay que vertebrar mediante infraestructuras de alto coste y fuerte impacto ambiental.

La misma pregunta debe extenderse a la costa cantábrica, donde la necesidad de definir un urbanismo dinámico está siendo sustituida por una prohibición de corte oportunista que no aborda la fragmentación artificial del espacio y de la Administración que lo gestiona. El resultado es que, sobre el telón de fondo de una irresponsable criminalización de las promotoras, se ha creado una situación en la que nadie sabe si son más dañinos los efectos del urbanismo expansivo o los que se derivan de las leyes que tratan de pararlo, o si es más prudente la gestión de los alcaldes que otorgan licencias formalmente legales o los que tratan de poner freno a la desfeita mediante una confusa confrontación entre la opinión pública y la ley.

La causa de este barullo es la súbita importación de una agenda externa que, centrada en el caso de Marbella, presupone que Galicia está destinada a idénticas tensiones y resultados. Pero en Galicia no hay saturación, sino caos. La presión sobre nuestras costas no es foránea, y el desorden de planificación no surge de pelotazos de grueso calibre, sino de la incapacidad real que existe para programar el espacio urbano al margen de la irracional estructura municipal existente. En materia urbanística todo lo que no sea ir al fondo es ir al caos. Y bueno sería que el conselleiro Méndez Romeu volviese a hablar, como hacía al principio, de una reordenación del espacio administrativo. Porque sólo él puede evitar que las buenas intenciones de hoy acaben en el desván de las provisionalidades, y porque en cuestión de urbanismo no valen de nada las piedras filosofales.