DEBATE

Cincuenta años de Europa

El balance del último Consejo Europeo es positivo: se da un paso adelante en el largo y costoso proceso de la integración europea. El Consejo ha zanjado importantes cuestiones institucionales: la distribución del poder político de los estados miembros según el sistema de doble mayoría previsto por el tratado constitucional (aunque este sistema no será exclusivo hasta marzo del 2017); la creación de un puesto de presidente permanente de la Unión; el aumento de las competencias del Alto Representante de la Unión Europea para la política exterior y de seguridad. La conferencia intergubernamental que empieza en julio redactará un nuevo tratado modificador que cambiará parcialmente, sin derogarlos como quería la Constitución, dos tratados existentes (el tratado de la Unión Europea y el tratado de la Comunidad Europea). Este nuevo tratado modificador sustituirá al tratado constitucional firmado por todos los estados miembros en el 2004 pero no ratificado por nueve de ellos.

Los dos tratados así modificados versarán, uno, en particular, de los objetivos y estructura de la Unión y seguirá llamándose tratado de la Unión Europea, y el otro, del funcionamiento de la Unión (TFU). Este último sustituirá al actual tratado de la Comunidad Europea. Nunca más se hablará de Comunidad sino de Unión. La Unión Europea adquiere, como lo quería la Constitución del 2004, la personalidad jurídica internacional. El texto de la constitución perdurará por muchos años. Éste es el resultado positivo. Los que apelamos, desde estas mismas páginas, a preservar la Constitución lo máximo posible debemos felicitarnos por el acuerdo político alcanzado. Ahora bien, si este acuerdo resalta por su eficacia no lo hace tanto por su legitimidad. 18 estados habían ratificado la Constitución; 27 jefes de Estado y de Gobierno han decidido cambiarle el nombre, y rebajar, aunque mínimamente, su contenido. Se ha debido combinar ambición y pragmatismo.

El único que pedía, y sin mucha fuerza, una nueva convención era el Parlamento Europeo. No lo consiguió. En efecto, la convocatoria de una nueva convención (método más democrático que la conferencia intergubernamental) ha sido descartada por la presidencia alemana, realizando así, para muchos, una buena gestión de riesgos políticos. Es verdad que la Unión no podía permitirse un nuevo fracaso de la reforma de sus estructuras después de seis años de debates institucionales, contando ya con 27 miembros y en vísperas de importantes reformas funcionales como, por ejemplo, el presupuesto, la política social o la de inmigración. La conferencia intergubernamental no tendrá que reinterpretar el mandato, detallado al máximo, que le ha dado el Consejo. El nuevo tratado modificador podrá ser ratificado y entrar en vigor antes de las próximas elecciones europeas.

La asignatura pendiente es la revisión de fondo de la parte III de la Constitución (las políticas de la Unión), para la cual, si embargo, el acervo constitucional se conserva: el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada casi se mantiene en su totalidad; se mantiene también la creación de nuevas políticas y se refuerzan algunas políticas existentes. Cabe preguntarse ahora: ¿para cuándo un debate ciudadano organizado seriamente por los gobiernos centrales, regionales y locales ? Este debate debería titularse genéricamente Europa y la globalización y versar sobre temas cruciales, como por ejemplo, la gobernanza económica de la Unión, el suministro de energía y la lucha contra el cambio climático o la reforma de la política agrícola común en el contexto de la lucha contra el hambre.

A título personal, pienso que se ha conseguido algo importante: el nacimiento de la personalidad jurídica de la Unión, el aumento de la calidad de la democracia europea y el refuerzo de la eficacia de las políticas de la UE. El esfuerzo democrático de la convención del 2003 sobre el futuro de Europa, así como el rescate de la inmensa mayoría de las disposiciones de la Constitución del 2004 han contribuido enormemente al relanzamiento de Europa. La democracia europea ha permitido, de nuevo, superar sus propias crisis. De aquí al 2009, es el turno de las democracias nacionales, pero surge al menos una pregunta: ¿qué pasará en Irlanda (referéndum obligatorio) o en otros países cuyos gobiernos decidan someter el nuevo tratado a consulta popular?

JOSÉ E. CANDELA, miembro de la Comisión Europea.