Cinco días después de la detención de Monzer al Kassar, exactamente el día 11 de junio, la coalición Izquierda Unida planteó una serie de preguntas al Gobierno, vía parlamentaria, sobre la solicitud de extradición por parte norteamericana del traficante de armas con familia española y residente en España desde el año 1980.

Izquierda Unida aprovechaba y recordaba que Estados Unidos no había contestado, todavía, a la solicitud del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, sobre la orden de busca y captura internacional contra los tres oficiales del Ejército norteamericano que, presuntamente, fueron los responsables de la muerte en Bagdad del cámara español José Couso.

Las preguntas de Izquierda Unida al Gobierno, a las que ha tenido acceso EL MUNDO, eran tres y todas ellas claras y directas.

La primera hace referencia a José Couso: «¿Contempla el Gobierno no acceder a la extradición solicitada por los Estados Unidos de Monzer al Kassar hasta que los Estados Unidos no extraditen a España a los militares acusados de la muerte de José Couso?».

La segunda de ellas plantea la mentalidad colonialista de Estados Unidos: «¿Considera el Gobierno que de acceder a las peticiones de Estados Unidos, sin reciprocidad por su parte, España estaría comportándose como una colonia del imperio?».

Y la tercera y última hace referencia a la dignidad: «¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno español desde la dignidad e independencia de nuestro país en este caso?».

Izquierda Unida ha solicitado que la respuesta del Gobierno se produzca por escrito, pero según ha podido saber este periódico aún no hay contestación.

Hay que recordar que el cámara José Couso murió el 8 de abril del año 2003 en Bagdad como consecuencia de un ataque de las fuerzas militares estadounidenses al hotel en el que se hospedaban los periodistas que cubrían el conflicto.

Los presuntos causantes de la muerte del cámara de Telecinco fueron el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson.

El pasado mes de mayo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso al procesamiento de los tres militares estadounidenses por parte del magistrado Santiago Pedraz y ahora será un tribunal de la Sala de lo Penal el que tendrá que ratificar el procesamiento o archivar el caso.

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