Si se cumplen los pronósticos acerca de la fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional a propósito del Estatut de Catalunya -véase La Vanguardia de este pasado lunes-, los doce magistrados habrán tardado casi tanto tiempo en dictar sentencia como se tardó en elaborar y pactar el nuevo Estatut en el Parlament, en cepillárselo las Cortes españolas y en ser aprobado por el pueblo de Catalunya en un diabólico referéndum, por aquello de que tanto en el sí como en el no coincidían los más directos adversarios, con los argumentos más opuestos.

La ingeniería reglamentista del Alto Tribunal ha conseguido el milagro de que exista acuerdo para retardar la sentencia para después de las elecciones generales de marzo del 2008. Por las razones que contaba con detalle este diario, tal como han quedado las cosas, los conservadores no tienen garantías de poder imponer el recorte deseado y sólo les queda la esperanza de una buena victoria conservadora en marzo que refuerce su posición, con el posterior cambio pendiente de cuatro magistrados. Por su parte, la corriente que suele ser calificada de progresista -eufemismo para evitar la obscenidad democrática de llamarlos progubernamentales- no tiene ningún interés en dar a conocer los recortes que también desean aplicar al Estatut antes de las elecciones, no fuera el caso de perjudicar al Gobierno actual. Además, tal sector puede también aspirar, caso de que el PSOE volviera a ganar las elecciones, a consolidad sus posiciones de manera que supere su relativa debilidad actual. Puede decirse que, finalmente, se ha producido una alianza estratégica entre contrarios, cosa que sin duda va a facilitar un acuerdo global posterior que visualice mejor el acuerdo básico en la defensa de la Constitución española. De esta manera, la limpieza de las impurezas del nuevo Estatut, previsiblemente, no se va a materializar con grandes recortes sino con finas suturas. Si el Estatut ya fue cepillado en su momento, ahora los magistrados pasarán el papel de lija y le van a dar un par de manos de barniz, para evitar poros. Por su parte, la previsible coyuntura política postelectoral, con el PSC en el Govern y CiU dentro o muy cerca de un Gobierno del PSOE, permitirá valoraciones muy matizadas sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, de manera que se evite la posibilidad de colapso político. No se deberá repetir el referéndum y si el texto del nuevo Estatut ya era un alarde de detallismo confuso, la reinterpretación jurídica de algo ya de por sí bastante oscuro, permitirá que sólo puedan juzgar la ley básica de Catalunya sesudos expertos en hermenéutica constitucional. ¡Viva la arbitrariedad! Desde el punto de vista político, el atraso de la sentencia para después de las elecciones generales, sin duda alguna, supone para los catalanes una merma de la capacidad de decisión política en clave, digamos, local (quizás si dijera nacional entraría en la futura inconstitucionalidad). La decisión de voto no sería la misma sabiendo si al Tribunal Constitucional se le había ido o no la mano con el papel de lija, ni conociendo la valoración política de los distintos partidos catalanes acerca de la sentencia. En cambio, favorece al voto socialista, conocida la lógica del sentimiento político catalán, consistente en optar siempre por el mal menor y en evitar el conflicto. Y eso lo garantiza mejor una sentencia bajo hegemonía progresista que conservadora.

Pero no sólo favorece el voto socialista, sino que lo incrementa, por aquello que ya ha recordado la nueva ministra Carme Chacón sobre que la opción Zapatero -que casualmente pasa por votarle a ella- a la vista del percal es a lo mejor que pueden aspirar los catalanes. Y no le falta razón, siendo que ahí está el PP catalán, obstruyendo la aprobación de la ley que debe regir el funcionamiento de los medios públicos audiovisuales por la increíble y provocadora razón que ésta indica que el catalán debería ser la lengua habitual de tales medios. Como no se conoce que el PP catalán haya puesto ningún empeño para que los medios públicos estatales tengan presente en su justa proporción a las lenguas que no sean la castellana, queda clara su intención. Así, con ésta y con algunas provocaciones más que puedan darse hasta marzo, vamos a llegar al cenit del voto socialista.

Queda por saber cómo van a moverse los partidos nacionalistas, con soberanismos e independentismos pendientes de ser revisados en posteriores congresos. ERC y CiU, en eso, actúan como el Tribunal Constitucional, y prefieren pedir el voto sin haber aclarado antes qué es lo que se vota exactamente. Allá ellos si creen que eso les da alguna ventaja. Sea como sea, deberán tener en cuenta que en los debates se las tendrán con Carme Chacón, que desde el punto de vista mediático y comunicativo está a las antípodas de José Montilla. En fin, que Ridao y Duran tendrán que ponerse estupendos para guardar su viña.

Es en estos movimientos de fondo donde uno debe reconocer que un Estado no es cualquier cosa, sino un aparato muy serio que sabe ordenar todas las piezas para que nunca acabe ocurriendo nada que altere el verdadero orden de las cosas. El Gobierno español va a ocultar astutamente la frenada al desarrollo del Estatut antes de la sentencia del Tribunal Constitucional con la promesa del traspaso de Renfe -aunque ya sepamos que va a llevar dos años de papeleo- y con la llegada del AVE, que va a retransmitirse -se admiten apuestas- como si se tratara del lanzamiento al espacio y vuelta a la Tierra del Atlantis. Y a nosotros, nos van a pillar las elecciones de marzo con la boca abierta, a pesar de tantas promesas incumplidas y tanto cachondeo con nuestra dignidad nacional. Algunos decían que había que hacer pedagogía de lo que es Catalunya en España: ¡pero si nos conocen mejor que nosotros mismos!

salvador.cardus@uab.cat