FINANZAS / El supervisor aconseja a bancos y cajas que refuercen sus provisiones por si el 'aterrizaje' es más brusco de lo esperado / Los promotores, que han duplicado su deuda en dos años, le preocupan más que las hipotecas

Es hora de apretarse el cinturón. El Banco de España ya ha empezado a recomendar a las entidades financieras que refuercen las provisiones destinadas a afrontar posibles impagos. Es cierto que el gobernador, Miguel Angel Fernández Ordóñez, sigue confiando en el aterrizaje suave del negocio inmobiliario. Sin embargo, ha optado por enfrentarse al futuro con prudencia, aprovechando que al sector se le presenta un año de beneficios récord. Y sobre todo, ante la posibilidad de que la economía no cumpla las halagüeñas previsiones de crecimiento.En las últimas semanas, la institución supervisora ha lanzado el mensaje de cautela a varios responsables de bancos y cajas de ahorros. No hay una instancia por escrito. El Banco de España está pregonando su recomendación en las inspecciones rutinarias que realiza a cada entidad. Los encargados de trasladar la advertencia son los funcionarios de la casa. No obstante, algunos miembros de la cúpula de la institución han abogado por incrementar las dotaciones en encuentros informales mantenidos con altos responsables del sector.Al Banco de España le preocupa seriamente el impacto que podría tener una caída brusca del negocio inmobliario sobre la salud financiera de algunos bancos y cajas de ahorros. Por eso está instando en privado al sector a engordar el colchón de las provisiones. Bancos y cajas de ahorros utilizan esta partida para amortiguar el impacto de un ciclo económico desfavorable..Crecen las deudas dudosas.Según fuentes conocedoras de los planteamientos del Banco de España, la institución se muestra partidaria de que las entidades comiencen a provisionar por la totalidad del dinero prestado realmente en cada hipoteca dudosa. En la actualidad, el límite está fijado en el 80% del valor de la propiedad. Pero a la hora de la verdad, muchos bancos y cajas acostumbran a excederse, asumiendo un riesgo añadido que carece de colchón.En épocas de vacas gordas, como la actual, esta práctica no suele generar problemas. Sin embargo, el escenario cambia radicalmente cuando la economía familiar no da abasto y se dejan de pagar los recibos. En su último Informe Anual, presentado en junio, el Banco de España recuerda que «los activos dudosos de las entidades españolas crecieron un 13%» en 2006. Es decir, siete puntos por encima del año anterior. «Y lo hicieron especialmente en el caso de los préstamos concedidos a las personas físicas», añade.A continuación, el estudio destaca que «el posible agotamiento del recorrido a la baja de la ratio de morosidad y la paulatina retirada del tono holgado de la política monetaria plantearán nuevos retos para las entidades». Entre ellos, el cambio de ciclo inmobiliario.De momento, el supervisor destaca que «los ratios de dudosidad [del cobro] permanecen en niveles reducidos». Pero también admite que los indicadores de morosidad han tocado suelo. Las variaciones que se avecinan serán al alza, en línea con la reorientación de la política monetaria del Banco Central Europeo. Desde diciembre de 2005, los tipos de interés oficiales han subido en ocho ocasiones, hasta situarse en el 4% actual, el nivel más elevado desde agosto de 2001. El año podría concluir al 4,25% o el 4,5%..El temor a los promotores.Pero la mayor preocupación del Banco de España no tiene que ver con el segmento hipotecario, sino con la gran deuda contraída con el sector del ladrillo. A finales de marzo, los promotores tenían firmados créditos por valor de 264.591 millones de euros, un tercio del dinero total prestado por las entidades financieras.La deuda del sector inmobiliario se ha multiplicado casi por ocho desde 2000. Otro dato: en apenas dos años, el volumen de créditos se ha duplicado. Según la estadística del Banco de España, al cierre del primer trimestre de 2005, esta partida ascendía a 121.444 millones.La enorme deuda de los promotores no genera alarma en el supervisor, pero sí inquietud. Fernández Ordóñez ya lanzó un primer aviso -el último oficial, por el momento- a finales del pasado noviembre. En su informe sobre estabilidad financiera, advirtió que al menos 50 entidades españolas habían contraído un excesivo riesgo crediticio con promotores. Más de la mitad (32) ha triplicado e incluso cuadriplicado su exposición desde 2003.El Banco de España sigue sin desvelar identidades. Lo que sí tiene claro es que bancos y cajas deben aumentar sus exigencias a la hora de aprobar créditos destinados a la promoción de viviendas. Hasta ahora, ha sido una práctica habitual la concesión de préstamos millonarios con pocas garantías de que los proyectos inmobiliarios fueran a desarrollarse con éxito.En este terreno, Fernández Ordóñez ha sido suficientemente explícito. «Cuando el mercado inmobiliario haya avanzado en la senda de mayor moderación, las entidades no solo se enfrentarán a una cuestión de volumen, sino también de tipo de negocio», advertía el gobernador el mes pasado en su discurso anual ante el Consejo de Gobierno del Banco de España. El máximo responsable de la institución instó a la banca a «ir limitando la importancia que en sus carteras crediticias ha tenido el sector inmobiliario en los últimos años, orientándose hacia otros ámbitos de actividad diferentes». De lo contrario, «si en el futuro la actividad se desacelera, podrían sufrir los márgenes de la cuenta de pérdidas y ganancias».

Libertad, pero sin relajarse

A ojos del Banco de España, es preferible que bancos y cajas pongan la venda antes de la herida. El problema es que una cambio de la política de dotaciones puede aminorar los beneficios. Además, algunas entidades se habían hecho a la idea de que el supervisor pensaba avanzar por la senda opuesta y acabaría relajando las exigencias. Y es que, hace dos semanas, el subgobernador, José Viñals, aseguró que el Banco de España dará mayor libertad a la hora de calcular el colchón frente a insolvencias. El propio Viñals se encargó de precisar que esta iniciativa no implica «en absoluto» que vaya a reducirse «el grado de exigencia del actual sistema de provisiones». Según el subgobernador, el fin no es otro que «adaptarlo a las circunstancias concretas de cada entidad».

@FIRMA: JUAN T. DELGADO

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