La salud actual de las arcas públicas no resuelve el reto demográfico. El sistema de pensiones precisa una reformulación a la que apelan buena parte de economistas.

Ni la explosión demográfica generada por al inmigración, ni la salud actual de las cuentas de la Seguridad Social van a compensar el reto al que se enfrenta el sistema de pensiones. En los próximos treinta años, España va a sufrir un fuerte envejecimiento de la población que, evidentemente, elevará el gasto en prestaciones sociales.

El consenso entre los expertos es claro. El Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o, incluso, el propio director de la Oficina Económica de La Moncloa, David Taguas, en un estudio elaborado antes de ocupar este puesto, recomiendan un cambio profundo del mercado de trabajo que resuelva, o al menos amortigüe, los problemas futuros de financiación. Según Taguas, éstos pueden comenzar a producirse en un corto periodo de tiempo: entre 2011 y 2015.

Así, la última reforma laboral y de las pensiones impulsada por el Gobierno en 2006 con la colaboración de la patronal y los agentes sociales es, para gran parte de los economistas, un punto y seguido. O insuficiente.

Avanzar hacia la prolongación de la base de cálculo de las pensiones, implementar vías privadas complementarias de capitalización del sistema de pensiones o incrementar el peso proporcional de la fiscalidad indirecta son algunas de las recomendaciones que Ángel Melguizo, actual miembro de la Oficina Económica de La Moncloa, realiza en su tesis doctoral sobre La incidencia económica de las cotizaciones sociales y el mercado de trabajo en España, premiada recientemente por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) e iniciada antes de su incorporación a la asesoría de la Presidencia.

Melguizo aconseja reforzar la “contributividad” del sistema. En su opinión, trasladar las cuotas patronales de las empresas hacia los empleados, reduciría los costes laborales y permitiría incorporar más gente al sistema, reduciendo el desempleo estructural.

También propone “extender la base de cotización a toda la vida laboral, y no sólo a los últimos años”, como ocurre en la actualidad.

“Además, se podría introducir, de manera complementaria a las prestaciones públicas existentes, cuentas individuales, tanto de capitalización como nocionales, que podrían ser gestionadas por el Sector Público o entidades privadas”, añade. Precisamente, este mismo modelo mixto de reparto y capitalización fue defendido por Taguas en un estudio publicado en la revista Panorama Social de Funcas.

Melguizo añade otra recomendación: “Elevar la proporción de la fiscalidad indirecta en el conjunto de la cuña fiscal”, para reducir así los costes laborales y facilitar la incorporación de desempleados al sistema. Una medida que, en su opinión, debería compensarse con políticas de gasto por parte del Estado.

Más apertura de los mercados

Eso sí, para implementar todas estas reformas laborales es “especialmente necesario” avanzar en la liberalización de los mercados de bienes y servicios. Melguizo sostiene que las rigideces del modelo de negociación colectiva –muy centralizado– es “donde la fiscalidad tiene un impacto más elevado sobre los costes laborales”. Por eso, plantea descentralizar la negociación colectiva al ámbito de las empresas, para reducir las barreras de entrada y la presión al alza de los costes.