Cristianismo y política, de José Ramón Álvarez Álvarez y José Manuel Parrilla Fernández en El Comercio
FRENTE al escaso aprecio que los ciudadanos sienten actualmente por la clase política y el deterioro de la imagen pública de algunas instituciones, es preciso afirmar el valor y la necesidad de la actividad política y, por ello mismo, la importancia de recuperar su calidad ética. Desde una perspectiva cristiana, la política debe ser considerada y ejercitada por cada ciudadano como una actividad noble, que forma parte de la realidad de este mundo y, en cuanto tal, tiene un carácter no absoluto, sino subordinado al bien de las personas y de los pueblos. Por lo tanto, lejos de invitar a desentenderse de ella, «la Iglesia alaba y estima la labor de quienes, al servicio del hombre, se consagran al bien de la cosa pública y aceptan el peso de las correspondientes responsabilidades» (Gaudium et spes, 75).
Absolutización del poder y calidad democrática.- Tanto el ejercicio del poder como la aspiración a ejercerlo son componentes legítimos de la acción política y deben entenderse como medios para el servicio al bien común. Sin embargo, lograr el poder y mantenerlo no se puede convertir en la finalidad suprema de la política. Cuando el logro o mantenimiento del poder se absolutiza en la acción política y suplanta al deseo de servir al bien común, la calidad democrática se resiente; desde una perspectiva ético-religiosa, tal absolutización se convierte en una «estructura de pecado», según la enseñanza social católica (Sollicitudo Rei Socialis, 37).
El servicio al bien común y sus exigencias.- Frente a la primacía del poder como objetivo en sí mismo, es preciso oponer el servicio al bien común como actitud primordial de quienes se comprometen en la vida pública: «el fundamento y razón de ser de la autoridad política, la justificación moral de su ejercicio en el gobierno y la oposición, es la defensa y promoción del bien común» (Gaudium et spes, 26). Esta actitud comporta algunas exigencias irrenunciables, como la máxima transparencia en la gestión del poder mismo que se maneja, la lealtad a las promesas y compromisos ofrecidos en campaña, la austeridad en el uso de los bienes, que son propiedad de los ciudadanos, dar prioridad a los gastos en las políticas que favorecen a los ciudadanos más desprotegidos, sin con ello buscar efectos propagandísticos, entre otras.
La corrupción devalúa las instituciones.- El uso del poder al servicio del bien común se ve radicalmente alterado cuando los intereses de quienes gobiernan o sus próximos parecen predominar sobre el interés de la colectividad y cuando la corrupción o sus antecedentes empiezan a asemejarse a un mal en peligrosa metástasis, sin que se pongan remedios eficaces a tiempo. El mayor peligro de este fenómeno reside en que «la corrupción distorsiona de raíz el papel de las instituciones representativas, porque las usa como terreno de intercambio político entre peticiones clientelistas y prestaciones de los gobernantes. De este modo, las opciones políticas favorecen los objetivos limitados de quienes poseen los medios para influenciarlas e impiden la realización del bien común de todos los ciudadanos. Ello compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados; introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 411).
Legalidad y moralidad como elementos del bien común.- La ya tópica distinción entre la ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades, aun teniendo su campo de aplicación, no se puede confundir con la renuncia a las exigencias del principio de legalidad ni con la amoralidad en la acción política, ni puede justificar en ningún caso la actitud de quien ejerce cargos públicos en beneficio de intereses privados. La legalidad y la moralidad en los comportamientos políticos son elementos irrenunciables del bien común, pero los comportamientos corruptos privan a la sociedad de estos bienes y de sus derivados, como el respeto de las reglas, el funcionamiento correcto de las instituciones económicas y políticas o la transparencia en la gestión de los recursos públicos, entre otros.
La implicación de la conciencia personal.- Por tanto, es falso plantear la política como un dilema entre «eficacia sucia» y «limpieza ineficaz», según el cual quien quisiera lograr objetivos políticos debería renunciar a una actitud éticamente íntegra. Frente a esta concepción, que reduce la acción política a un pragmatismo simplista, no basta apelar a la rectitud de quienes ostentan cargos públicos. Es preciso que la sociedad civil como sujeto colectivo y cada ciudadano en primera persona asumamos nuestra propia responsabilidad, para exigir democráticamente una recta actitud moral frente al deterioro de la calidad democrática. Todos y cada uno somos parte de la solución si comenzamos por reconocer, como recientemente ha afirmado el Pontificio Consejo Justicia y Paz, que «la corrupción implica un conjunto de relaciones de complicidad, oscurecimiento de las conciencias, extorsiones y amenazas oscurecimiento de las conciencias, extorsiones y amenazas, pactos no escritos y connivencias que llaman en causa, antes que a las estructuras, a las personas y su conciencia moral».
La responsabilidad ética no termina al votar.- Aun siendo la nuestra una democracia representativa, es preciso que el votante no delegue más de lo necesario su poder decisional y mantenga una actitud vigilante para con sus representantes; al depositar el voto no termina la responsabilidad de los electores, que deben sentirse de algún modo corresponsables de la acción de sus elegidos. Aun sin pretender extender la sospecha de corrupción más allá de lo razonable, hay que recordar en todo momento, sea cual sea el partido gobernante y el nivel de gobierno (Estado, autonomía, municipio), que la calidad democrática no es compatible con un cinismo colectivo que lleva a «mirar para otro lado» hasta que las consecuencias de la corrupción son evidentes y, a menudo, incontrolables en sus efectos perniciosos para la sociedad. Por su parte, quienes ejercen cargos públicos deberían garantizar durante todo su mandato transparencia máxima en el uso del poder que la sociedad les ha confiado.
JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ ÁLVAREZ Y JOSÉ MANUEL PARRILLA FERNÁNDEZ. SACERDOTES, SOCIÓLOGOS Y PROFESORES DEL SEMINARIO DIOCESANO.
