La receta de ZP para el problema demográfico: agua, aceite, pan y 2.500 euros para pagar la guardería, de Carlos Sánchez en El Confidencial
Al presidente Zapatero le empieza a ocurrir lo que a Carlos III, quien en una de sus célebres Ordenanzas militares -aquellas que liquidaron el Ejército cuasi medieval de sus predecesores- obligó a que todo soldado, por el hecho de serlo, tendría derecho a recibir de su cabo “agua, aceite, pan, sal, vinagre y asiento a la lumbre”.
Los tiempos han cambiado, y ahora resulta que cada españolito lo que necesita no son los condimentos básicos para llevarse algo al coleto, sino 2.500 euros del ala con los que la cosa pública agradece a la criatura el haber salido del vientre materno.
La ocurrencia del presidente Zapatero no tendría mayor importancia si no fuera porque pone de manifiesto las dificultades de este Gobierno -en este asunto los anteriores no le iban a la zaga- para afrontar los problemas con toda su complejidad. Vamos a ver. Con los 2.500 euros que recibirá cada familia por la llegada del recién nacido, apenas podrá pagar un año de guardería. Y aquí está el problema. En lugar de haber anunciado medidas reales encaminadas a garantizar el derecho a una educación (pública o privada) para todos los niños con edades comprendidas entre 0 y 3 años, lo que hace el Gobierno es tirar de chequera. Simplemente eso. Pero sin articular políticas transversales capaces de encarar el problema demográfico de España. Un problema que realmente existe, aunque haya quedado orillado en los últimos años por la llegada de casi cinco millones de inmigrantes.
Ayer mismo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) lo planteó con toda la crudeza. El año pasado, se registraron en España 481.102 nacimientos, de los cuales 79.169 fueron hijos de madres extranjeras. Nacieron, por lo tanto, apenas 400.000 hijos de españoles, una cifra verdaderamente baja en términos históricos teniendo en cuenta que el cada año se producen unas 370.000 defunciones.
Hay, por lo tanto, un problema demográfico e incluso de justicia social, pero el Ejecutivo en lugar de afrontar el problema desde todos los ángulos posibles (conciliación de la vida laboral y familiar, horarios de trabajo, etc), lo que hace es aprobar una concesión de cara al tendido que ni siquiera discrimina en función de los niveles de renta. El Estado se carga, de este modo, todo elemento de progresividad en sus políticas de ayudas públicas, lo cual choca de una manera evidente con la filosofía de la imposición directa (IRPF o Patrimonio) que tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente. Por lo visto, esta filosofía ya es mercancía vieja.
Pero lo más grave es que la ayuda ‘estrella’ a la familia no se convierte en un derecho ciudadano, algo que se pueda reclamar ante los tribunales, sino que dependerá de la coyuntura presupuestaria. Parece lógico que lo más razonable hubiera sido que el Gobierno hubiera presentado una Ley en el Parlamento de ayuda a la familia capaz de articular toda las medidas, pero no como un hecho aislado.
Y qué decir del hecho de que una competencia de las comunidades autónomas sea asumida a golpe de decreto ley por la Administración central del Estado. Es curioso observar cómo este país en unas ocasiones es el más federalista del mundo mundial (jugamos a ser Alemania o Canadá), pero en otras el Estado se vuelve centralista, como el propio Carlos III. Será el síndrome de los borbones.
