Las políticas sociales marcaron buena parte del discurso económico de Zapatero y Rajoy en el Congreso. El presidente cree que las arcas públicas pueden hacer frente a este esfuerzo “gracias a la buena gestión”.

El Ejecutivo está dispuesto a dar un nuevo acelerón a las políticas sociales antes de agotar la legislatura. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero aseveró ayer en el Congreso que la “buena gestión de las finanzas públicas” permite hacer frente a nuevos compromisos de gasto y presentó una batería de medidas, entre las que destacan, las ayudas directas de 2.500 euros a cada familia que tenga un nuevo hijo; la subida de las pensiones más bajas, y el aumento del salario mínimo.

Aunque no sólo el presidente impregnó de tintes sociales su discurso político. Rajoy recordó que el programa electoral del PP para las últimos comicios autonómicos ya incluía una ayuda de 3.000 euros para los hijos y recriminó a Zapatero el triunfalismo de su balance frente al progresivo deterioro de las economías familiares.

Al margen de las discrepancias y el impacto que pueden tener este tipo de anuncios a pocos meses de las elecciones generales, el Debate sobre el Estado de Nación dejó una importante factura de gasto. Las promesas de Zapatero suponen cerca de 3.000 millones de euros, que se suman al resto de políticas sociales impulsadas por el Ejecutivo en esta legislatura y que, en el caso de la Ley de Dependencia, tendrán un fuerte impacto en los próximos ejercicios –más de 12.600 millones de euros hasta 2015–.

El año pasado, nacieron 481.102 niños, 14.000 más que en 2005. De mantenerse este nivel de natalidad, subvencionar con 2.500 euros a cada familia equivale a un gasto anual de 1.202 millones de euros para el Estado. Una factura que se eleva a 1.443 millones de euros en el caso de la propuesta popular, 500 euros superior a la de Zapatero. Pero la cuenta puede crecer más, ya que, precisamente, este tipo de medidas buscan fomentar la natalidad.

A esto, se suman los 1.500 millones de euros que Zapatero ya anunció hace medio año para subir las pensiones mínimas –de las que se benefician 3,5 millones de ciudadanos– y cerrar así el compromiso electoral para esta legislatura, de aumentar en un 26% estas prestaciones.

La otra medida afectará a las empresas. El Gobierno quiere dejar el salario mínimo anual en 600 euros mensuales. Esto supone un incremento de 30 euros por persoma, desde los 570 actuales, que supondrá un coste de 60 millones de euros anuales –160.000 trabajadores se sitúan en este nivel salarial, según Eurostat–.

Aunque no todo es gasto. Zapatero también anunció destinar otros 4.300 millones de euros para el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para cubrir los costes futuros del sistema de protección.