COMPETENCIA
El autor sostiene que el viejo continente asiste a una disputada guerra entre proteccionistas y liberales, desde Sarkozy a Kroes. Para evitar un daño mayor a las empresas, reivindica nuevas orientaciones fuertes y creíbles en materia de competencia.
El Consejo Europeo del 21 y 22 de junio de 2007 decidió retirar del proyecto de tratado institucional la referencia a las reglas sobre la competencia, signo indiscutible del paroxismo del malestar existente sobre esta cuestión esencial de la política comunitaria. Por otro lado, la problemática de la competencia ha sido ampliamente discutida en el marco de la reunión del Consejo de Cooperación Económica (CCE). En esta ocasión, el CCE que presido ha abogado por una reflexión de envergadura sobre este tema.
Para evitar toda erosión de nuestra credibilidad internacional, hay que establecer nuevas orientaciones fuertes y creíbles en materia de competencia. Y esto antes de la finalización del semestre portugués al frente de la presidencia de la UE. Nada es más perjudicial para el futuro de nuestras empresas que el mantenimiento de un contexto difuso.
Desde nuestra reunión con la comisaria Neelie Kroes, organizada por esta última en el Berlaymont en febrero de 2007, el CCE trabaja -con el concurso de los grandes grupos de su red- en la elaboración de una serie de proposiciones concretas sobre las evoluciones deseables de la política de competencia europea, que serán enviadas a la Comisión y a los gobiernos nacionales durante el mes de septiembre. Sin embargo, la aceleración impulsada por Nicolás Sarkozy nos incita a avanzar inmediatamente algunas primeras ideas concretas y de sugestión de método. En lo que se refiere a los principios claves, el nuevo marco europeo deberá seguir vigilando y protegiendo de manera escrupulosa a los consumidores. Y a mantener los mercados competitivos -objetivos absolutamente consensuados-. Pero deberá también tener en consideración los imperativos de competitividad de las empresas. Está claro que si queremos emerger una oferta europea, todavía balbuceante, es necesario eliminar toda barrera reglamentaria o administrativa perjudicial. Esto implica cuatro requisitos:
Disminuir los plazos administrativos de los expedientes de concentración. Su larga duración, que puede ir de 6 meses a un año, tiene un impacto nefasto en la vida de las empresas. Pérdidas financieras, fuga de personal y, en algunos casos, falta del interés en las operaciones.
No causar perjuicios irreversibles a las empresas, haciendo ejecutorias las decisiones de las autoridades de la competencia después de agotar las vías de recurso judiciales, las cuales también deben ser aceleradas. En casos como BMG-Sony o Schneider-Legrand han dañado de manera muy importante al sistema como para no implicar las reformas.
Hacer soportables y compatibles los diferentes niveles de control. No se trata de fragmentar la UE en 27 mercados, pero sí de optimizar la autonomía de los poderes locales. Es difícil de comprender, por ejemplo, que las empresas de distribución en España estén sometidas a 22 normativas distintas y a 700 reglas de competencia, teniendo en cuenta todos los niveles; o que una marca de automóviles deba producir casi una versión distinta de un mismo modelo para cada región italiana.
Desarrollar una política exterior de la competencia digna de ese nombre. Hay que imponer a nuestros socios exteriores una estricta reciprocidad en la apertura de los mercados respectivos. Algunos, como el japonés, tienen demasiadas reglamentaciones proteccionistas; otros, como Estados Unidos, autorizan prácticas prohibidas aquí; por no olvidar a las empresas chinas, que tienen comportamientos anticompetencia. Nuestra apertura no puede continuar sin integrar los comportamientos sobre la competencia de las administraciones o empresas extranjeras. Debemos obrar para hacer adoptar las reglas europeas de competencia a nivel internacional. Brevemente, sin «hacer la guerra» a nadie, debemos hacer enseñar al resto del mundo a tratarnos en igualdad.
Esta puesta al día de nuestra política de la competencia debe estar guiada por tres criterios. Es necesario un sentido agudo del equilibrio. No debemos arruinar el edificio que queremos restaurar: la política de competencia de la UE es respetada, al mismo tiempo que temida por nuestros socios. También se requiere determinación, ya que nos toparemos con lobbies poderosos. Y es imprescindible actuar con rapidez, ya que nuestros competidores son los que ahora se aprovechan de nuestra incapacidad para reformarnos.
Asistimos a una disputa entre proteccionistas y liberales. De Sarkozy a NKroes, el objetivo es el mismo para todos: proteger los consumidores y desarrollar el comercio mundial. El CCE no dejará de luchar por este esfuerzo colectivo. Es el futuro de nuestros empleos lo que está en juego.
Andrea Canino es presidente del Consejo de Cooperación Económica bajo el patrocinio de los gobiernos español, francés, italiano y portugués y presidente de MC Partners.
© Mundinteractivos, S.A.

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