IDEAS Y DEBATES

Los agentes públicos, en nuestro Estado, Autonomías y entes locales, han regulado siempre y siempre regularán, por ejemplo las actividades económicas que son de las que nos ocupamos aquí.

Junto a su papel hacendístico -recaudación y provisión de bienes públicos y prestaciones sociales- ejercen el papel de reguladores de la actividad privada, el campo de los controles directos que decimos en Política económica. El franquismo vivió con una hacienda de mínimos, del 10 al 14% del PIB, pero en cambio reguló mucho y con gran detalle, sobre todo a lo largo de 1939-60, con fuertes adherencias hasta los primeros setentas.

En general, se le reconocen a los agentes públicos - no olvidemos a la UE- su competencia y necesidad regulatoria; otra cosa es la intensidad y calidad con la que la ejerza. Mercado libre y campo abierto a las decisiones empresariales "versus" sector público podría ser la alternativa, modulada según la orientación ideológica de la política económica imperante. En términos generales, la izquierda resulta más intervencionista pero también lo han sido las dictaduras de derecha (o izquierda) no creyentes en el mercado. Y es que el centro-izquierda, por ejemplo, enfatiza los fallos del mercado y de la libre iniciativa, desde el ángulo de los intereses generales, mientras que lo liberal-conservador destaca los del sector público como regulador.

Yla regulación la deciden los políticos, con el asesoramiento que sea, pero la aplican funcionarios con su diferente nivel de cualificación y... de motivación que afecta a la celeridad de las resoluciones. La adecuación entre el nivel y orientación regulatoria y la capacidad burocrática es, para mí, una dimensión a no negligir. Otra dimensión relevante será la de la calidad jurídica hecha de simplicidad, claridad, coherencia... de la normativa regulatoria junto y relacionada con su intensidad, número y extensión de la normas.

Sirvan las anteriores ideas generales para centrar el tema, si es que ello era necesario. Aterricemos en el probable problema de la excesiva regulación, en España y Catalunya. En cuanto al Estado, gran regulador general, tuvo un período desregulador 1982-89 (Boyer i primeros años de Solchaga, de infausta memoria como ministro de Economía) y de otro 1996-2002 de la mano de la filosofía liberal del PP. Y a partir de 2005, aproximadamente, están en marcha proyectos simplificadores de ritmo efectivo limitado. En cuanto a las Autonomías, depende de su "color" y en buena medida regulan sobre las competencias transferidas y no por adición. Los entes locales, con sus ordenanzas cubren su terreno. Y no son infrecuentes las duplicidades entre niveles y aún las contradicciones. En general, hay tendencia desreguladora pero su velocidad efectiva es otra cuestión.

Intervención comparada

En las clasificaciones internacionales como las emitidas por el Banco Mundial, la OCDE o la UE salimos malparados: nuestro grado de regulación es de los más altos de la OCDE. El dictamen del Banco Mundial es parejo presentándolo como inverso al grado de libertad de la actividad económica. Ello implica unos costes de funcionamiento para el sistema productivo-apertura empresas, gestión del día a día, informaciones obligatorias, lo medioambiental.. y hasta lo tributario y laboral. Se puede llegar a afirmar que "la mejora de la regulación deviene una condición más para aumentar la competitividad del país" (diferencial con otras latitudes).

No es de extrañar, pues, que entidades económicas catalanas como la Cámara de Comercio, el Fomento el Trabajo y la Pimec hayan incidido en ello con Informes y documentos. La primera con su "Los costes de la regulación administrativa para las empresas" (febrero 07 dónde registra que las normas reguladoras administrativas "superan las 22.000 vigentes y que cada año se añaden 2.000". Sólo parcialmente las nuevas derogan las anteriores y las autonomías aprueban unas 880 al año, la Generalitat unas 100. Más las ordenanzas locales.

Evaluaciones que comparte en sus informes el Foment del Treball. Su director, el profesor Joaquín Trigo, advierte de que "el tiempo y recursos de dedicación requerida para conocer las normas, cumplir con los requisitos, llevar los registros necesarios, más el pago de asesores y la atención a las inspecciones es una desventaja comparativa cuando supera lo que exige en países competidores", el papeleo consabido. Y aquello de tener que dar a las administraciones informaciones que ya deben de tener, o, lo de los retardos en las decisiones o actos administrativos. Y lo de la ventanilla única.

Simplificación

La Generalitat hace ya un tiempo va en línea simplificadora: hubieron intensos en 2000-03 en torno a una oficina de reorganización y racionalización administrativa. A partir del 2004, el llamado Pla Estratègic, una especie de plan de gobierno en materia económica (Morillas, Oliver...) incorporaba el designio simplificador y asumía el argumento de los costes empresariales afectados. La propia Conselleria d´Enonomia i Finances incluyó, hace un par de años, la línea simplificadora entre las medidas - once bloques- contra nuestra inflación diferencial, atenuada en los últimos tiempos: "reducir costes y trámites impuestos a las empresas", propugnaba.

La Cámara de Comercio, sobre la base de una encuesta a 1.000 empresas, advierte en su sólido Informe citado de que "legislar mucho no es legislar mejor y de que legislar no es gratis" y utiliza estimaciones de la UE en el sentido de que reducir las cargas administrativas de las empresas una cuarta parte hasta 2012 podría conllevar un aumento del PIB en torno al 1 %. No deja de ser una pieza de política de oferta abaratadora de costes.

Está claro que el ángulo liberal enfatiza esta necesidad desreguladora. En ocasiones puede incluso exagerar usando lo de la calidad de la regulación como eufemismo de su supresión. Pero son argumentos a tener muy en cuenta, ahora. Desde un punto de vista socioliberal, a no confundir con el social cristiano del señor Duran, se trataría de podar el listado de objetivos de la regulación y simplificar las medidas para su logro. O así me lo parece.

Jacint Ros Hombravella. Catedrático de Economía.