Hace ya un cuarto de siglo (o solamente un cuarto de siglo, si comparamos la realidad española con la de otros países de más longeva tradición democrática) que se instituyó en España la figura del Defensor del Pueblo. Motivo, sin duda, para la celebración: cumple años una institución ampliamente valorada por la ciudadanía, surgida al calor de un nuevo sistema cuyos valores encarna de manera ejemplar. Su existencia se vincula estrechamente con la evolución de nuestra democracia. De su espíritu se nutren instituciones como la nuestra, la Procuradoría General del Principado de Asturias.

25 años atrás españoles y españolas estrenábamos, con la ilusión de unos y el escepticismo de otros, un nuevo cauce de participación; una herramienta para que quien, en conflicto con la administración o con sus derechos en entredicho, pueda encontrar puertas abiertas y vías de solución. A ese empeño, el de abrirnos a la sociedad - a toda la sociedad-, dedicamos esfuerzo y entusiasmo. Al Defensor del Pueblo, en este caso la Procuradora General, le corresponde adoptar una posición de compromiso entre las personas y sus derechos, entre el administrado y la administración, entre la ley escrita y la estricta realidad. La Procuradora acude cuando se requiere su intervención o actúa por propia iniciativa para enmendar malas prácticas, prevenir situaciones de desamparo y, llegado el caso, impedir que se reproduzcan. Sabemos y asumimos cuál es nuestra tarea, siendo conscientes de que no trabajamos sobre el vacío, de que no nos movemos en el etéreo territorio de los valores y las buenas intenciones. Nuestro campo de acción es el mundo real.

LA MEJOR herramienta para el trabajo de la Procuradora General es el conocimiento de la realidad, y cuanto más exhaustivo sea éste, mejor. La institución que encabezo tiene la obligación de tomar la palabra, de alzar la voz cuando somos requeridos a tal efecto. Pero nada de lo que digamos tendrá sentido si antes no nos tomamos el tiempo y la molestia de escuchar. La Procuradora no sólo da voz a quienes ven vulnerados sus derechos: también presta oído a cuanto le rodea. Cada queja, cada demanda responde a una situación específica inmersa en un contexto determinado. Dicho de otra forma, los casos particulares llaman la atención sobre realidades más amplias. Estamos obligados a mantener los ojos bien abiertos, a leer entre líneas, a afinar nuestra percepción. No actuamos como aquellos "cuadernos de quejas" que inventó la Revolución Francesa, no somos meros notarios de las reivindicaciones ciudadanas: analizamos la realidad para actuar sobre ella y, si es posible, cambiarla.

Atentos, activos, alerta. La institución que encabezo firmó en el último mes sendos convenios de colaboración con asociaciones de ámbito social, representativas de colectivos especialmente expuestos a la vulneración de sus derechos. Los acuerdos tienen como fin profundizar en el conocimiento de cada una de sus realidades específicas. Aspiramos a que sean estos colectivos quienes nos ayuden a interpretar lo que vemos. Para ello, para permanecer ligados a su latido, unos y otros nos comprometemos a mantener contacto estrecho y permanente, a intercambiar información, a actuar en conjunto. Su análisis, servido de primera mano, nos será de la máxima utilidad. Nos debemos a toda la sociedad, pero necesidades especiales requieren una atención especial, colectivos más sensibles requieren una especial sensibilidad. No habrá visión completa si nos falta la suya. Sin su aportación al mosaico de la realidad asturiana, plural y diversa, le faltarán piezas y a nuestro trabajo elementos de juicio.

NUESTRA participación en los actos del 25 aniversario del Defensor del Pueblo de España han sido una ocasión de júbilo. También de reflexión. Coincidiendo con la conmemoración se celebraba un seminario internacional sobre el papel de la institución como garante del libre ejercicio de los Derechos y Libertades de los ciudadanos en la consolidación del sistema democrático. Un planteamiento, a nuestro juicio, oportuno: qué aporta el Defensor del Pueblo (en nuestro caso la Procuradora General) a la calidad de la democracia? Nuestro compromiso con los ciudadanos, con todos y con todas, consiste esencialmente en avanzar en la defensa y garantía de los derechos constitucionales. Y, desde nuestro puesto, asumiendo nuestra obligación, contribuir a fortalecer el sistema del que nos dotamos. Escuchar, analizar, actuar.

María Antonia Fernández Felgueroso. Procuradora general del Principado de Asturias.