Los países que están integrados en el euro tienen poco margen para los ajustes en sus economías. La política monetaria la dicta el Banco Central Europeo, y la economía debe responder a los criterios que se negocian y fijan en los respectivos planes de estabilidad y crecimiento para asegurar los compromisos y objetivos fundamentales de la eurozona, establecidos en el Tratado de Maastricht.

De hecho, el único gran instrumento que le queda en materia económica a un Gobierno integrado en la eurozona es su política fiscal. En la actual legislatura, el Gobierno cuenta en su haber, una reforma fiscal que incluye también la lucha contra el fraude fiscal, sean bienvenidas ambas.

Después de unos meses y a la vista de sus previsibles efectos en el marco de la actual situación de la economía española, puede afirmarse que en la próxima legislatura que se iniciará de aquí a pocos meses será imprescindible la reforma de la reforma fiscal, ciertamente limitada como el propio vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, acaba de reconocer que ha resultado excesivamente limitada e inadecuada a la situación, necesidades y requerimientos de la economía española en sus perspectivas de desarrollo y competitividad a medio plazo.

Recopilando algunas de las reflexiones, contribuciones y análisis de la aplicación de la reforma fiscal que se han ido exponiendo en este diario, se pueden constatar sus profundas carencias, así como su falta de consideración hacia elementos básicos de la economía española y su plasmación en proyectos de ley y reglamentos que se han ido presentando, derivados de la –en principio– fundamental reforma fiscal.

En este ámbito, deberemos fijarnos en un aspecto tan fundamental para la sociedad española como el tratamiento fiscal de los planes de pensiones que significa, con la actual reforma fiscal, el primer paso atrás desde 1988, lo que añade un elemento más en la consideración del actual responsable de temas económicos de La Moncloa, señor Taguas, sobre la inviabilidad del actual sistema de pensiones y necesidades de una reforma en profundidad del mismo.

Recordemos que la nueva Ley del IRPF modifica la aportación de los planes de pensiones a partir del primero de enero de este año, con los nuevos límites establecidos a las aportaciones, especialmente sensibles para aquéllos más próximos a la jubilación, se provoca que las entradas en el sistema sean menores.

La nueva ley, con un nuevo limite de reducción en la base del IRPF (que ya había existido entre 1988 y 2003), limita la aportación máxima reducible al 30 por ciento (ó 50 por ciento en función de la edad) y lo limita a los rendimientos del trabajo del partícipe, dejando a amplios colectivos de la sociedad fuera de estas opciones al no ser preceptores de este tipo de rendimientos, y no son precisamente los más favorecidos económicamente los más perjudicados por tales limitaciones.

Una muestra más de la falta de sensibilidad hacia amplios colectivos ciertamente modestos por parte del actual Gobierno que ha hecho de su preocupación y orientación social una enseña, pero que también en este caso no se traduce lamentablemente a la realidad.

Aportación a planes de pensiones

En esta línea, cabe denunciar la eliminación de los límites separados para aportaciones de pensiones individuales y planes de pensiones de empleo, de manera que, a partir de este año y en base a la ley de reforma fiscal, existe un límite único que discriminará a las personas a las que sus empresas hacen aportaciones. Con estas limitaciones, los trabajadores a los que sus empresas hacen aportaciones a su plan de pensiones ven mermadas sus posibilidades de hacer un ahorro complementario, que no tendrían limitado si su empresa no hubiera hecho un plan de pensiones del sistema empresarial.

Esta limitación, sumada a la reducción de límites máximos de aportación por edad, ocasionan que algunas empresas que confiaron en los planes de pensiones vean imposible la aplicación de los planes pactados con sus empleados, representados por los sindicatos.

Hay que añadir que con la desaparición de las formas de prestación en formas de capital de los planes de pensiones con antigüedad superior a dos años, las prestaciones de planes de pensiones pasa a ser discriminada con el peor trato fiscal que cualquier otro rendimiento de trabajo que se cobre en forma de capital y diferido en el tiempo, que sí va a mantener esta reducción.

Hay que tener en cuenta que, a partir de ahora, todos los rendimientos de planes de pensiones tributarán al marginal (que puede llegar al 43%) mientras que cualquier instrumento de ahorro tribute al 18%, lo cual resulta escandaloso e inadmisible en la lógica de fomentar el desarrollo de planes de pensiones teniendo en cuenta las limitaciones y dificultades que las prestaciones públicas presentan a medio plazo.

El Gobierno parece no haber tenido en cuenta los diversos informes que avalan el formato de los planes de pensiones. Recordemos el informe de mayo de 2005, elaborado por Analistas Financieros Internacionales.

El propio informe del actual Gobierno dirigido al Comité Social de la Unión Europea en junio de 2005, en el que se afirmaba “el compromiso del Gobierno para esta legislatura, en cumplimiento con las recomendaciones parlamentarias de la Comisión No Permanente del Pacto de Toledo es fomentar el desarrollo de la prestación complementaria con miras a que, antes de acabar la década, la mayor parte de los trabajadores de la Seguridad Social pasen a tener una pensión complementaria”, a pesar de estas declaraciones, el resultado es que la nueva Ley del IRPF no sólo no incentiva, sino que perjudica el ahorro a largo plazo de los planes de pensiones destinado a la cobertura de jubilación, afirmación que halla su fundamento en el estudio de Funcas, que establece que la regulación de los fondos de pensiones es mucho mas restrictiva que la anterior, lo que comportará un creciente desinterés por los sistemas de previsión social.

El señor Taguas, nuevo director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, pocos días antes de su nombramiento, pero ciertamente después de la aprobación de la Ley de Reforma Fiscal, afirmó que “las reformas emprendidas ( en materia de pensiones) no han sido suficientes para garantizar la viabilidad del sistema en el medio y largo plazo”. Nada más cierto y, además, contradictorio con las recomendaciones del actual vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, que a lo largo de sus cinco años como comisario de la Unión Europea había recomendado en los informes oficiales de la Comisión Europea el fomento de los planes de pensiones en España.

No se entiende que en un país en el que los planes de pensiones representan únicamente el 8% del PIB, frente a otras de la Unión que superan el 100%, lejos de fomentarla se penalice, con consecuencias claramente negativas. Según Inverco, las aportaciones a planes de empresa en 2006 ya superan una reducción del 4% con referencia a 2005. En la actualidad, las prestaciones ya son más elevadas que las aportaciones.

La reforma fiscal ha fomentado el declive, en una dirección totalmente opuesta a las recomendaciones de la Unión en términos generales y especialmente dirigidos a España. Hay que estar atentos a las próximas propuestas electorales en las que no debería faltar la reforma de la reforma fiscal para asegurar en la próxima legislatura una nueva ley que defienda el futuro de las pensiones y rentas de los trabajadores en su jubilación.

Carles A. Gasòliba. Presidente de la Comisión de Economía y Hacienda del Senado.