Las treguas de ETA, todas las treguas, han sido fruto de negociaciones previas mantenidas por la banda terrorista, unas veces con los gobiernos y otras con partidos políticos, y en todas ha habido algún tipo de contrapartida. Desde la de Argel - el primer alto el fuego "había sido pactado anteriormente con el Gobierno español", ha escrito ETA-, a la de 1998, fruto de un acuerdo con el PNV y EA.

También la tregua iniciada el 22 de marzo del 2006 es el resultado de negociaciones y acuerdos previos entre el Gobierno español y ETA. Lo publicado por el diario Gara en las últimas semanas, mal que le pese al Gobierno, ha permitido conocer mejor las interioridades de esas negociaciones. Los datos ahora revelados explican y dan sentido a los acontecimientos públicos que se han ido produciendo en esos meses. Comparando lo que sabíamos con las nuevas informaciones, vemos que hay coherencia entre lo uno y lo otro, que existe una relación lógica que nos permite hacer un relato más coherente de la historia del proceso.

La clave de la pasada tregua hay que buscarla en los acuerdos negociados por los representantes del Gobierno y ETA en las rondas de conversaciones de julio y noviembre del 2005. En esas sesiones se fijaron varios bloques de pactos con declaraciones, aclaraciones y compromisos. El resultado fue que el Gobierno admitía en un papel la existencia de una "realidad con vínculos sociopolíticos, culturales, lingüísticos e históricos llamada Euskal Herria"; en otro se comprometía a respetar la voluntad del pueblo vasco, y en un tercero se interpretaba que las leyes vigentes no serían "limitación a la voluntad del pueblo vasco" y se establecía que el ámbito de negociación que debían hacer los partidos incluía al País Vasco y Navarra.

A todo lo anterior se añadía un paquete de "garantías" que incluía la disminución de la presencia policial, la aceptación de facto de la actividad política de Batasuna, pese a su condición ilegal, la no realización de detenciones por parte de los cuerpos de seguridad, la consecución de un pacto de Estado con el PP para sumar a este partido al "proceso", etcétera.

El Gobierno alega ahora que no hubo tales acuerdos. Bien. Entonces estamos ante un enorme equívoco, porque ETA dio por hecho que existían esos compromisos y sobre ese equívoco basó su tregua. Pero los mismos acuerdos (o los equívocos) que hicieron posible el alto el fuego llevaban el germen de su fracaso. El Gobierno no podía cumplir unas garantías que no estaban en su mano sino en las de la justicia, como las relativas a permitir las actividades de Batasuna o que no hubiera detenciones. Las promesas de lo que no podía dar fueron motivo de constantes quejas de ETA desde el primer momento. Por otro lado, la propia banda no cumplió sus compromisos de no extorsionar, hizo como que se desentendía de la violencia callejera, robó armas y terminó atentando.

Además, el Gobierno trató de rectificar los términos de lo hablado con ETA introduciendo, por ejemplo, referencias expresas a la Constitución que no figuraban en el texto pactado para la declaración del presidente del 29 de junio, lo que acentuó el malestar de la banda. Las negociaciones políticas tampoco se desarrollaron en los términos que ETA creía que estaban comprometidos en las conversaciones del 2005.

Aquellos pactos representaron el alfa que hizo posible el inicio de la tregua por las expectativas que generaban, pero supusieron también la omega que puso fin al alto el fuego por su contradicción insuperable con la realidad.