Si el poder real de un país se mide por su capacidad de influencia y de construir coaliciones, el peso real de España en la UE se mide mejor por las tres cuartas partes de las conclusiones (10 de 14 páginas, sin contar los anexos) de la cumbre clausurada en la madrugada del sábado que por el sistema de votación aceptado tras las presiones de Polonia. Aunque se ha vendido como un compromiso o cesión a Varsovia, en realidad se mantiene en lo esencial lo acordado en el finiquitado Tratado Constitucional de 2004. El 80% de las conclusiones de Bruselas se corresponden a los objetivos que se había trazado el equipo negociador español, dirigido por el secretario de Estado, Alberto Navarro, la mejor prueba de que vamos por buen camino.

Si en cualquier sistema político el ejercicio del poder tiene tres dimensiones -decisiones, agenda y deseos o preferencias-, el éxito o el fracaso depende de conseguir decisiones favorables a los propios intereses, limitar la inclusión de propuestas desfavorables en la agenda y, por último, orientar las preferencias del sistema hacia los objetivos más beneficiosos para tu país. Las tres dimensiones se persiguen persuadiendo, negociando, convenciendo y, cuando todo está dicho y oído, votando. El número de votos no es lo más importante, pero también cuenta.

Como explica Santiago Petschen en su libro La Constitución Europea. Una visión desde la perspectiva del poder, hasta el 1 de mayo de 2004, cuando entró en vigor el Tratado de Niza, para conseguir la mayoría cualificada en el Consejo, el valor del voto de los cuatro más grandes (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia) sólo era cinco veces mayor que el valor del voto del más pequeño (Luxemburgo). El voto de España en el sistema pre Niza era 1,33 puntos menor en valor que el de los grandes, dos veces mayor que el de Austria y Suecia, y cuatro veces mayor que el de Luxemburgo. «Todos [...] estaban situados en una relación del uno al cinco, formando homogéneamente un pelotón bastante compacto, maratón amistoso en el que destacaba la unidad del conjunto», dice Petschen. Para compensar el aumento de 23 a 26 votos de la mayoría cualificada con la entrada de Austria, Suecia y Finlandia, en 1994, en el Compromiso de Ioannina, a propuesta de España, se admitió que, si miembros que representen entre 23 y 26 votos se oponen a una decisión, el Consejo se compromete a seguir negociando hasta llegar a un acuerdo satisfactorio. En Niza, Ioannina pasó a mejor vida y España consiguió 27 votos en el Consejo, sólo dos menos que los cuatro más grandes, pero Alemania, en compensación, introdujo, junto a la ponderación de voto que siempre había regido en la UE, la posibilidad de bloquear con más de un 38% de la población (sólo Alemania ya tenía más del 17%) y, como los pequeños salían muy perjudicados, se añadió un tercer criterio: el de la mayoría absoluta de los miembros.

En el Tratado Constitucional de 2004 se mantuvo el modelo de Niza hasta 2014, se sustituyó la ponderación por el sistema proporcional (de estados y de población) introducido ya en Niza, y se recuperaron, revisados, los contrapesos de Ioaninna durante un periodo de transición de tres años. De 2014 a 2017 las minorías de bloqueo exigirán el 75% de la población o el 75% de los estados miembros. A partir de entonces, bastará con el 55% de la población o el 55% de los miembros. Como quería España, se mantiene la posibilidad de lanzar cooperaciones reforzadas con nueve miembros.

Presentar como una victoria o una derrota de Polonia (y, por consiguiente, de España) este acuerdo es tan inútil como creer que España -antes, durante y después de Niza- tendrá más facilidades para sacar adelante sus propuestas si no convence, persuade y gana aliados (grandes, medianos y pequeños) en cada votación. La política, en la UE, es el 90%; las matemáticas sólo el 10%.

Felipe Sahagún es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO

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