A lo largo de esta semana, los alumnos han iniciado sus vacaciones escolares que se prolongarán hasta bien entrado septiembre. Más de ochenta días que en algunos centros rozarán los noventa y en muy pocos estará algún día por debajo de lo que se considera el calendario oficial. Año a año y así desde hace décadas no hay administración que enfoque correctamente dos problemas históricos: la mejora real de la educación para situarnos en estándares europeos -lo que hoy coloquialmente se denomina mejorar posiciones en el informe Pisa- y acortar los largos meses de vacaciones. No se trata tan sólo de que el cambio de hábitos en las familias, donde los dos miembros de la pareja buscan trabajo fuera de casa, convierte en una permanente carrera de obstáculos ordenar razonablemente estos ochenta y pico de días, sino de algo más importante: la pérdida de ritmo en la enseñanza, que acaba pasando factura a la hora de buscar la necesaria excelencia educativa. Otros países han conseguido, en los últimos años, acometer con valentía este problema con un pacto entre profesores, centros escolares, administración y padres de familia. No son, evidentemente, acuerdos sencillos, ya que todas las partes tienen sus intereses y sus derechos -sobre todo los educadores-, pero una administración moderna y eficaz no debería dejar de intentarlo.