El vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, quizá consciente de que se está nombrando la soga en casa del ahorcado, ha tranquilizado a la opinión pública y ha decepcionado a sus entusiastas apologistas, al anunciar que sólo el 10% del Fondo de Reserva de la Seguridad Social podrá ser invertido en renta variable bajo gestión privada. No se arrepentirá. A la vista de los antecedentes, toda precaución es poca.

En efecto, los más de ocho millones de españoles que han perdido, primero, su voz y su voto, y después, su tiempo y su dinero en el experimento de los fondos de inversión y de pensiones bajo gestión privada, han debido sentir escalofríos ante los argumentos, mezcla de kitch retórico e improvisación cañí, que justifican el “paso audaz” dado por el Gobierno con la aprobación del proyecto de ley que permite invertir en activos bursátiles parte del supuesto superávit de las cotizaciones sociales, siguiendo las supuestas recomendaciones del Tribunal de Cuentas del Reino.

Recordemos que, según Siegel, el inventor del eufemismo “exuberancia irracional de los mercados”, la bolsa española ostenta el triste récord mundial de pérdidas en cinco años (86,6%, de diciembre de 1974 a diciembre de 1979, y +0,1% de diciembre de 1979 a diciembre de 1984), y que EEUU, el país con mercados más evolucionados y con el mayor Fondo de Reserva de la Seguridad Social (lockbox), no invierte en bolsa ni un solo centavo de sus 1,5 billones de dólares.

Para promocionar el experimento, se ha insistido en que la rentabilidad de la bolsa española ha sido del 26% en 2006. No se ha dicho, sin embargo, que según datos de la CNMV, los fondos de inversión de renta variable nacional tuvieron una rentabilidad negativa del -16,67%, en el 2000; del -8,80% en el 2001, y del -26,91% en el 2002, y los de renta variable internacional, del -16,98% en el 2000; del -20,85% en el 2001, y en 2002 del -33,78% (Europa), del - 25,41% (Japón) y del -34,25% (EEUU).

En el período en que se desinfló la burbuja –cuarto trimestre de 2000, año 2001 y tres primeros trimestres de 2002-, mientras que los dividendos sumaron 976.684 miles de euros, las minusvalías por variación de precios en renta variable alcanzaron la cantidad de 29.572.289 miles de euros, que no se han conseguido enjugar al 31 de diciembre de 2006. Y todo ello, sin contar con las cargas por comisiones explícitas y la erosión que ha originado en el patrimonio administrado una inflación del 25,65%, acumulada en el período 2000-2006.

Sería conveniente que quienes participaran en el indispensable e improrrogable debate leyeran el magnífico informe del Tribunal de Cuentas que fiscalizó, precisamente, el período en que se produce la crisis bursátil de 2000, la más larga (26 meses) del siglo XX, y las no menos buenas alegaciones al mismo del Ministerio de Economía y de la Intervención de la Tesorería de la Seguridad Social. Tampoco estaría mal que se informaran de cómo funciona la industria que gestiona los fondos de inversión y de pensiones en España, y del escándalo de las previsiones de los fondos de pensiones privados americanos de prestaciones definidas, y leyeran el informe de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (ISSA) del año 2007, sobre los Fondos de Reserva de los sistemas de reparto. Documentos todos que no tienen desperdicio.

Juan Manuel Moreno-Luque es Abogado