En España se calcula que existen 600.000 empleadas del hogar. De esta cifra sólo la mitad están regularizadas y cotizan a la Seguridad Social a través de un régimen especial, teniendo muy limitados sus derechos. El Ministerio de Trabajo está dispuesto a poner fin a esta práctica y equipararlas con los derechos que se recogen en el Estatuto de los Trabajadores. El borrador de decreto está prácticamente finalizado y en las próximas semanas empezará a ser discutido con patronal y sindicatos para que entre en vigor al comienzo del año.

La reforma está incluida en el acuerdo firmado por los agentes sociales en materia de Seguridad Social y que se ha venido desarrollando en los últimos meses. Se trata de una reforma que tiene una enorme trascendencia porque el 94% de las afectadas son mujeres, de las que el 60% son emigrantes extranjeras.

Las líneas básicas de esta reforma son que la convergencia entre el régimen especial y el general se realizará en un periodo de ocho años. A partir de su inicio, previsiblemente el 1 de enero, los empleadores pagarán por sus empleadas cinco euros más al mes.

Además, con la nueva norma están obligadas a cotizar por cualquier tipo de jornada laboral. Con ello se modifica la situación actual en la que el empleador sólo está obligado a cotizar si supera las 20 horas de trabajo a la semana. El pago mínimo será de 146 euros mensuales para cualquier jornada y aumentará según la cuantía del salario.

Otra novedad importante es que los contratos de trabajo tendrán que formularse siempre por escrito - actualmente son verbales-.

El acuerdo regula también la jornada máxima semanal en 40 horas. Si se supera se contabilizarán como horas extraordinarias, por lo que habrá que cotizar por ellas a la Seguridad Social.

Las vacaciones se fijarán en 30 días anuales y se podrán disfrutar de forma continuada, acabando con la práctica actual en que las empleadas de hogar disfrutan de 15 días de vacaciones seguidos y otros 15 fraccionados.

Probablemente la mayor ventaja para este colectivo es que se garantiza el derecho a cobrar el seguro de paro, con una indemnización mínima de 20 días por año trabajado - para despidos procedentes- frente a los 7 días por año trabajado actuales.

Estas iniciativas laborales irán acompañadas de fuertes inspecciones que contemplan grandes multas para aquellos empleadores, en su mayor parte amas de casa, que contraten a empleadas de hogar de forma ilegal o estén sin papeles.

El texto comenzará a ser discutido por los agentes sociales antes de su remisión al Consejo de Ministros, que pedirá un informe preceptivo al Consejo Económico y Social. Actualmente las empleadas de hogar suelen cobrar el salario mínimo interprofesional de 570 euros mensuales. A esta cantidad se le puede descontar hasta el 45% en concepto de alojamiento o alimentos. El descanso semanal sólo contempla un día completo, a lo que hay que sumar 12 horas más que podrían disfrutar mediante acuerdo entre las partes.

Estos detalles tendrán que ser perfilados en el nuevo texto por patronal y sindicatos. Los agentes sociales intentan buscar un equilibrio entre los derechos laborales de este colectivo sin que esto suponga un frenazo de la contratación en uno de los sectores en que más ha crecido en los últimos años. En 1997 estaban afiliadas 141.000 trabajadoras, que según el último dato correspondiente al mes de mayo se acercan a 290.000.

Está previsto un crecimiento aún más rápido en el futuro con la entrada en funcionamiento de la ley de dependencia. Aunque se trata de dos temas distintos y los sindicatos pretenden que los ciudadores de personas dependientes tengan una capacitación mínima y estátus diferente, lo cierto es que en la actualidad, muchas empleadas del hogar realizan también estas funciones de atención a personas que no pueden valerse por sí mismas.

Gobierno, patronal y sindicatos quieren estimular la creación de empresas o cooperativas de trabajo temporal para atender a las empleadas que trabajan por horas. Si la trabajadora acude a varios domicilios y trabaja más de 20 horas semanales es responsable del pago de 146 euros mensuales. Ahora se pretende que se agrupen en coperativas y que el empleador firme un contrato de servicios con ellas.