Reggio

Pongámonos en el lado más optimista del espejo que refleja la imagen del presidente Zapatero para intentar adivinar o comprender lo que hace en este final de legislatura y lo que hizo en los largos tres años de su mandato. Demos por buenas sus intenciones y justificadas sus legítimas ambiciones, de seguir en el poder, y veremos que su convicción —palabra que adora— progresista, y su anhelo pacifista le han llevado a concebir un proyecto político en el que unió las circunstancias de la salida de Aznar del poder —marcadas por la soberbia, el belicismo (iraquí), el autoritarismo y el renacer de un viejo nacionalismo español, la cruel masacre del fundamentalismo islámico del 11M en Madrid—, la ruptura de los puentes que el PP había establecido con el nacionalismo moderado de CiU y PNV en la legislatura 1996/2000 y la oportunidad que le ofrecía ETA (nada más asumir la presidencia, en mayo y agosto del 2004) de negociar el fin de la violencia. Convencidos entonces los jefes de la banda terrorista vasca de que la irrupción de Al Qaeda en España y en la escena internacional —más la desaparición del IRA— no les dejaba margen para sobrevivir en el ámbito de la Unión Europea disfrazada de movimiento de liberación aguerrido y criminal.

Con esos mimbres, sobre esa realidad, Zapatero fue tejiendo el cesto en el que ha querido meter toda el agua de la vida nacional. Pensó, en primer lugar, que necesitaba los apoyos parlamentarios de los nacionalistas para gobernar, en Cataluña y en España, y retomó aquella promesa electoral de “apoyaré en Madrid el Estatuto que apruebe el Parlamento catalán”, como la base de una reforma estatutaria y autonómica que, poco a poco, se iba convirtiendo en un pilar de un nuevo modelo de Estado, distinto y superior al de la Autonomías plasmado en la Constitución, de corte federado o más bien confederal. Y cuando la palabra nación apareció en el preámbulo del Estatuto catalán, anunciando la deriva soberanista e insolidaria que venía por detrás, dijo sobre la nación española que era “discutida y discutible”, un gravísimo error, político, histórico y semántico, que nos descubrió, a partir de ese mismo momento, que los sentimientos nacionales, la propia historia de España y sus signos de identidad y la legalidad Constitucional carecían de valor en el ideario y convicciones del presidente, porque todo ello podría ser o despreciado o burlado en aras de un fin superior, la paz con ETA, que justificaría los desafueros de su mandato. Convencido de que su dominio de los medios de comunicación, la crisis del PP y el bienestar económico amortiguaría —como en cierta manera ocurre— los efectos de tan arriesgada cabalgada por la boca del volcán.

Su plan era muy sencillo y acababa de llegar a la Moncloa con un pan de oro bajo el brazo: la retirada de las tropas españolas de Iraq, dándole una sonora bofetada en el rostro al emperador Bush. El pequeño Bambi, con semejante audacia, se volvió fiero y se dotó dentro y fuera de España de una aureola de audacia y decisión, a la que él mismo añadió la teoría de su proverbial talante y de su inagotable buena suerte. Y con esas armas urdió su plan: pactar con los nacionalistas en Cataluña un Estatuto modélico para los nacionalistas del País Vasco, que enseñara a ETA la posibilidad de abrir en Euskadi una pista soberanista similar, con un nuevo Estatuto, para su aterrizaje en la vida democrática y con otras compensaciones añadidas —indultos, salida de presos, dinero, etc.— y, a partir de ahí, poner en marcha un Estado federal o confederal (¡lo que salga!), esa segunda transición, sin vigilancia franquista, de la que hablaba Otegi. Y todo ello burlando el marco legal y constitucional por vía de leyes orgánicas y pasando el cedazo del Tribunal Constitucional con la ayuda de magistrados afines al PSOE que con una “prevaricación de bolillo” darían luz verde al Estatuto catalán, al que ya habían recortado, algo, las alas en el pacto con el que Zapatero engañó a Artur Mas y a CiU en el fatídico sofá de la Moncloa, donde tantas veces se desmayó Rajoy.

De la necesidad de apoyos nacionalistas para Gobernar Zapatero hizo virtud, contra natura y legalidad, de un presunto Estado confederal para favorecer el final de la violencia etarra —ofreciendo paz por soberanía territorial, como en Palestina e Israel—, de lo que se desprendería su gran e histórico logro del fin de ETA, y un pacto de hierro con los nacionalistas, que dejaría arramblado al PP en su rincón, rumiando su rancio modelo español y al borde de la ruptura. Y, como la guinda de tan preciosa tarta nupcial entre PSOE y los nacionalistas, aprobaría la Ley de la Memoria Histórica, que enterraba los pactos de la Transición y hacía una nueva y justa lectura de lo ocurrido en la Guerra Civil.

Entierro de la Transición en todos los órdenes, en el de la convivencia histórica y el pacto territorial y autonómico de la Constitución, pero eso sí, salvaguardando el modelo partitocrático y parlamentario proporcional, que niega la verdadera democracia y prima el poder del aparato del partido, la suprema legitimidad de Zapatero. Quien, a sabiendas de las reticencias históricas, políticas y constitucionales de muchos dirigentes del PSOE, fue urdiendo la liquidación de los órganos de dirección del Partido Socialista y de los poderes locales y autonómicos de los barones de la Transición, Guerra, González, Ibarra, Bono, Vázquez, Leguina, Redondo, Simancas, etc.

Y éste es el proyecto y el plan que Zapatero quería llevar a cabo en sólo cuatro años: fin de la transición, reforma confederal del Estado, final de la violencia de ETA, pacto de hierro con los nacionalistas, y nuevo liderazgo populista en el PSOE. Y para llevar a cabo todo ello sabía que no podía contar con el PP, de manera que primero lo arrinconó con el Pacto del Tinell, y luego lo acusó de utilizar el terrorismo como arma política, que fue lo que hizo él en las elecciones del 2004 tras el atentado de Madrid, a sabiendas de que el PP no podría participar en una negociación con ETA en la que se iban a incluir concesiones de soberanía y territoriales, como la que ahora se perfila en Navarra de cara a la futura unión de esta comunidad foral con el País Vasco, para su posterior y conjunta independencia de España, tal y como lo pretenden los socios de Nafarroa Bai, que, a su vez, han pactado en Navarra con ANV/Batasuna, es decir, ETA.

La ETA que visto está no nació para luchar contra Franco sino contra la unidad de España, y que ha visto en la disposición plena de Zapatero la oportunidad de vestir su final de gran triunfo político presentándose ante los ciudadanos vascos como el artífice del nuevo Estatuto, del acercamiento de Navarra al País Vasco y la apertura de la puerta hacia la independencia de Euskadi, lo que supondría justificar su lucha armada, sus 800 crímenes —¡por la liberación de la patria vasca!—, y les permitiría llevar a los alteres de la política a sus dirigentes, como ha ocurrido en Irlanda del Norte con el Sinn Fein.

Una operación en algo parecida, pero marcando las importantes diferencias, como la que le ha permitido a la Esquerra en Cataluña ocupar poder y, a la vez, poner en valor su opción independentista, a costa de CiU. Motivo por el cual el PNV teme que, a medio plazo y si se alcanzan todos los objetivos de Zapatero, en el País Vasco también se podría articular un gobierno de PSE-Batasuna, similar al del PSC-ERC en Cataluña, que dejaría al PNV en la misma soledad en la que está CiU, y fuera del Gobierno e instituciones vascas.

El plan, que Zapatero ha querido cerrar a toda velocidad —y todavía insiste en ello— en la presente legislatura, para lograr en el 2008 la mayoría absoluta con el impulso del anuncio del fin de ETA, sigue en vigor a pesar del fin de la tregua y de la bomba de Barajas. Y, a lo más, quedará pendiente para la próxima legislatura, por lo que el PSOE debería ganar las elecciones que se acercan —adelantadas al otoño, o para marzo del 2008— con una mayoría suficiente sobre el PP, con el que ahora parece mantener un empate técnico, visto lo ocurrido en las elecciones municipales y lo que dicen los sondeos. A sabiendas Zapatero de que los populares no tienen hoy capacidad para pactar con los nacionalistas, sobre todo si no se avienen a admitir las cotas de soberanía que ya están plasmadas en el Estatuto catalán.

Y especialmente porque el Partido Popular, que ha vivido estos años sólo de los errores de Zapatero, ha sido incapaz de rehacer su electorado del centro, empeñado en permanecer en las teorías conspirativas del 11M, sin renovar los equipos de las mentiras y las guerras de Iraq y sin ofrecer a los ciudadanos una lectura inteligente y moderada de la alteración del orden constitucional que plantea Zapatero. De manera que el PP, al final, espera que los ciudadanos les den la confianza sólo porque Zapatero representa el mal nacional, y no porque el PP lidere un discurso democrático, centrado y moderado. Y para colmo de su posición, que no ha sabido ni ha querido renovar en estos tres años, los populares creen que ETA con más muertes les van a ayudar a conseguir un triunfo electoral, como les ayudó la bomba de Barajas en las municipales, lo que es una manera bastante fatalista por no decir macabra de esperar un triunfo electoral.

En el proyecto y discurso político de Zapatero abunda la de idea de que “nunca pasa nada”, y que los cambios constitucionales —por la puerta de atrás de leyes orgánicas—, la nueva forma confederal del Estado, y el pacto de hierro con los nacionalistas, o la revisión de la memoria histórica, no tienen importancia ni alterarán la vida ciudadana, sobre todo mientras la economía vaya moderadamente bien, como aún ocurre. Para el presidente, las ideas, las palabras, las leyes, los signos de identidad nacional son tabúes que fácilmente se pueden desmontar o alterar, y que todo lo demás es fruto del inmovilismo rancio de una derecha nacionalista e integrista que no está a la altura de la circunstancias, porque lo que prima y lo importante es la paz con ETA por encima de todo lo demás. Ésa es su apuesta y éstos son los argumentos que han defendido a ciegas sus fanáticos publicistas sin que nadie haya querido reconocer que lo importante no era la paz con ETA sino el precio del Estado confederal que se paga por ella, algo que ni siquiera ha sabido explicar el PP.