Si no fuera un hecho tan lamentable, parecería un chiste: el Gobierno de Zapatero es moroso a la hora de cumplir con la ley contra la morosidad. En efecto, es el colmo que el Gobierno sea moroso a la hora de cumplir con lo dictado por la disposición adicional segunda de la ley 3/ 2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad para regular las operaciones comerciales. Dicha disposición adicional determina que el Gobierno, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, remitirá al Congreso de los Diputados un informe en el que se analizará y evaluará la aplicación de la ley. El citado plazo de dos años, como si de una deuda se tratara, ya ha vencido. En concreto, se cumplió el 30 de diciembre del año pasado, y por el momento el citado informe brilla por su ausencia.

En consecuencia el Gobierno incurre en morosidad (puesto que el diccionario de la Real Academia Española define la palabra morosidad como "lentitud, dilación o demora, falta de actividad o puntualidad") a la hora de presentar el informe, que tiene como objeto, precisamente, la evaluación de la eficiencia de la ley 3/ 2004 de cara a una posible revisión. El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, ya ha tenido que dar cuentas en el Parlamento sobre el estado de la cuestión en relación con la presentación del informe. Clos echó balones fuera mediante una serie de respuestas ambiguas y divagaciones sobre la fecha en que se podrá presentar el mencionado estudio y afirmó, eso sí, que era muy difícil hacer cumplir la ley contra la morosidad.

Las explicaciones del Gobierno no han dejado satisfechos a los diputados, por lo que la comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley del grupo parlamentario catalán que establece que el Gobierno tiene que cumplir la ley contra la morosidad en las operaciones comerciales y presentar urgentemente en el plazo de dos meses un informe sobre los efectos de su aplicación. La proposición no de ley auspiciada por CiU y aprobada en la comisión establece también que una vez presentado el informe se recabará la opinión de los agentes económicos y sociales implicados para evaluar la aplicación de la ley contra la morosidad.

El portavoz de economía y hacienda de CiU, Josep Sánchez Llibre, explicó durante la defensa de la iniciativa en comisión que ya han transcurrido los dos años que establece de plazo la ley contra la Morosidad sin que el Gobierno haya presentado el informe sobre sus efectos, tal como establece la misma ley. Además, Sánchez Llibre consideró necesario hacer constar su opinión afirmativa en el sentido de que el Gobierno presente un informe para evaluar el impacto real de esta ley a través de un análisis y evaluación de los efectos y consecuencias de su aplicación en relación con los plazos de pago. Hay que destacar que la aplicación práctica de la ley 3/ 2004 es testimonial, y las administraciones públicas son las primeras en incumplir sistemáticamente el plazo de pago máximo marcado por la ley de sesenta días, puesto que el plazo de pago se acerca bastante a los ciento ochenta días, y en sanidad se sobrepasan todos los límites y los plazos superan en varias autonomías los seiscientos días.

La realidad es que España continúa siendo uno de los estados de la Unión Europea donde se tarda más tiempo en abonar las facturas derivadas de las operaciones comerciales. Además, los datos muestran que en España, lejos de mejorar la situación, en el último ejercicio completo, el 2006, se han incrementado todavía más los plazos de pago. En los últimos meses, se han alzado diversas voces en varias asociaciones empresariales para pedir al Ejecutivo cambios en esta ley por considerar que no está teniendo efectos positivos en la lucha contra la morosidad. Hasta ahora el Gobierno ha hecho oídos sordos a las peticiones de las patronales.

PERE J. BRACHFIELD, Profesor de EAE y director del Centro de Estudios de Morosología.