CASI una semana después de que saliera a la luz pública el denominado caso Claudia, la menor de siete meses maltratada en Salou que se recupera en un hospital de diferentes golpes y fracturas en la cabeza, lo más llamativo sigue siendo el común denominador de las diferentes versiones oficiales: nadie falló y, en todo caso, ya se revisarán los protocolos de actuación. ¡Qué fácil es verlo todo como un simple expediente! Como hace un año en el caso de Alba, la niña de Montcada i Reixac de cinco años que padecerá secuelas de por vida y cuya historia conmovió a la sociedad por la agresividad y crueldad mostradas por la pareja de su madre, las responsabilidades aparecen deliberadamente difusas. No es extraño que los ciudadanos tengan inevitablemente la sensación de que las administraciones se apresuran a pasarse las culpas las unas a las otras ante un expediente que molesta, no sea que alguien, quizás, tuviera que acabar presentando la dimisión porque no actuó adecuadamente. De ahí que tres departamentos de la Generalitat, de una manera muy especial Acció Social i Ciutadania, pero también Salut y Justícia, descarguen en la administración de justicia los fallos, mientras en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya se asegura que todo se hizo correctamente. Pero lo que sucede es que hoy esta respuesta no sólo es insuficiente, sino que también es poco creíble.