Antecedentes y resultados de las elecciones del 15-J-1977, de Ramón Tamames en Estrella Digital
Más que al 15J en sentido estricto, me referiré al proceso previo que llevó a esas elecciones. Empezando todo con la pretendida reforma unilateral del Gobierno Arias Navarro, primero sin Fraga y luego con él (1974/1975), que configuró un proyecto de aperturismo de muy bajo techo. Con la clara intención de excluir del juego político a los partidos y a las organizaciones democráticas no afines a la continuidad del régimen de Franco.
El punto de vista de la oposición democrática y todavía ilegal ante semejante parodia no pudo ser otro que el de un rechazo total y absoluto. Con la reiteración, al tiempo, de la necesidad de ir a libertades inmediatas para abrir un proceso constituyente. En ese sentido, el acuerdo del 26 de marzo de 1976, de constitución del ente Coordinación Democrática, fue muestra de las aspiraciones de la oposición que por primera vez se unió por entero en un horizonte de libertades.
De ese modo, las ideas Arias/Fraga avanzadas en diciembre de 1975 se quebraron definitivamente, porque no significaban otra cosa que un laberinto ordenancista, de leyes parciales y sucesivas de manifiesto carácter otorgado, y todo ello sin ningún contacto previo con la oposición.
El fracaso de este primer plan de reforma fue, por tanto, estrepitoso. Y en medio de tales frivolidades, Fraga se crispó de tal forma que llegó a enviar a la cárcel a buen número de miembros de la oposición (entre ellos un servidor). Con un resultado final que no se hizo esperar demasiado: el Rey Juan Carlos cesó a Arias, reunió al Consejo del Reino, y de la terna que éste le propuso —debidamente ahormada desde La Zarzuela—, eligió a Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Cuyo primer gabinete se formó a primeros de julio de 1976, no demorándose en adoptar un ritmo de actuaciones más efectivas. Así las cosas, en septiembre de 1976 se dio a luz el proyecto de ley de reforma política, en la que se anunció que el Gobierno regularía “las primeras elecciones a Cortes para constituir un Congreso de 350 diputados y elegir 207 senadores”.
En el proceso de pretendida legitimación democrática en que se entró con ese esquema se distinguieron tres fases sucesivas: aprobación del proyecto por las Cortes Españolas, referéndum nacional y elecciones generales.
La aprobación por las Cortes se consiguió el 18 de noviembre de 1976, desbordándose ampliamente los 2/3 de votos favorables que se necesitaban. Mediante el célebre haraquiri político de tantos franquistas, para forzar el cual, según se dijo, a algunos procuradores se les planteó la posibilidad de que determinados asuntos poco convenientes para ellos salieran a la luz. En tanto que a otros se les persuadió ofreciéndoles cargos, o promesas de puestos en el futuro. Si bien el paso fundamental para conseguir esos 2/3 de votos necesarios se dio con el acuerdo concluido entre el gobierno y el grupo formado por Fraga, López Rodó, Fernández de la Mora, Martínez Esteradas, Licinio de la Fuente, Thomas de Carranza y Silva Muñoz («los siete magníficos»). Quienes exigieron, y lograron, que Suárez cambiase su proyecto de sistema proporcional, para pasar a un sistema híbrido con mínimos provinciales de escaños y porcentajes correctores.
La ley se aprobó, y luego llegó el referéndum, celebrado finalmente el 15 de diciembre de 1976, con los siguientes resultados oficiales:
Censo electoral total.................... 22.664.290
Votantes..................................... 17.599.562
Abstenciones............................... 22,27%
Votó sí........................................ 94,16%
Votó no....................................... 2,56%
En blanco.................................... 2,98%
Nulos........................................... 0,30%
La ley ya en plenitud de vigencia para la reforma política atribuyó al Gobierno la potestad de regular las primeras elecciones generales. En su virtud, por real decreto-ley 20/1977 de 18 de marzo, se establecieron las normas para el proceso electoral, que fue, en parte, así como otras cuestiones, objeto de una negociación sui generis entre el Gobierno Suárez y la llamada “Comisión de los Nueve” que designaron los partidos y grupos de la oposición. Y que estuvo formada por Joaquín Ruiz Giménez (Izquierda Democrática), Joaquín Satrústegui (monárquico), Enrique Tierno (PSP), José María de Areilza (monárquico), Josep Andreu (catalanista), Francisco Fernández Ordóñez (grupo FEDISA), Santiago Carrillo (PCE), Felipe González (PSOE) y Julio Jáuregui (PNV).
Las elecciones para el Congreso se inspiraron en el sistema de listas completas, bloqueadas y cerradas. Y la distribución de escaños se realizó con un mínimo de tres por provincia. Además, se institucionalizó la Ley d’Hondt, con lo cual para provincias de menos de diez diputados se polarizó el voto en favor de los grandes partidos, con un poderoso correctivo del sistema proporcional. La misma finalidad se persiguió con la exclusión —a efectos del reparto de escaños— de las listas que no hubieran obtenido al menos el 3 por ciento de los votos emitidos en cada circunscripción provincial. En cuanto al Senado, se decidió que cada elector pudiese votar hasta tres candidatos (siendo cuatro los puestos reservados a cada provincia), de forma que así no quedaran representadas sino las dos formaciones mayores, con virtualmente nula presencia de las minorías.
En el fondo, la distribución de escaños para las cincuenta circunscripciones provinciales, tanto para el Senado como para el Congreso, se planteó de tal forma que hubiese sobrerrepresentación de las provincias rurales, e infravaloración de las más pobladas e industriales. De esa manera, Barcelona quedó con un diputado por cada 135.000 habitantes, y Soria con uno por cada 35.000, como ejemplos de provincias más industrial y más rural, respectivamente. En el caso del Senado, los barceloneses pudieron elegir un senador con 1.206.671 votos, en tanto que a los sorianos les bastó con 23.622 sorianos.
Con la ley de reforma política de 4 de enero de 1977 y sus normas electorales del 18 de marzo se dispuso, en definitiva, de una importante ventaja a favor de la coalición formada en torno a Adolfo Suárez, la Unión de Centro Democrático (UCD). Que además, en la preparación de las elecciones, siguió utilizando, desde el Gobierno, los poderes del Estado.
También contribuyeron a los resultados del 15J la persistencia del miedo en una cierta parte de la población, así como la tardía legalización de los partidos de la izquierda. Especialmente del PCE, que se pospuso hasta el 9 de abril, apenas seis semanas antes de la apertura de la campaña electoral (el 24 de mayo).
A pesar de todo, puede decirse que los resultados de las elecciones del 15 de junio de 1977 para los viejos partidos de la oposición democrática en general, y para la izquierda en particular, fueron más favorables de lo que se pensaba poco tiempo antes, en términos de voto popular, pero no de escaños conseguidos.
Más concretamente, la izquierda que logró llegar al Parlamento tuvo una votación popular importante. Así se comprueba si se suman los sufragios del PSOE, PSP, PCE/PSUC. Esas agrupaciones consiguieron en total el 43,78 por ciento de los votos válidos. Un resultado superior a la suma del centro y la derecha (UCD+AP), del 42,02 por ciento. En definitiva, la normativa electoral y la no unión en las elecciones de las fuerzas democráticas bajo el franquismo hizo posible que, con sólo un 33,86 por ciento del voto popular, la UCD lograra el 47,11 por ciento de los escaños.
Con todo, en la perspectiva histórica, lo esencial de las elecciones de junio de 1977 es que permitió avanzar en el cambio político, abrir definitivamente el proceso constituyente y empezar a plantearse un nuevo horizonte para la sociedad española. Los Pactos de la Moncloa, de octubre de 1977, inmediatamente después de las elecciones, con una serie de medidas económicas y sociales acordadas, contribuyó a prefigurar la Constitución.
