La ley del Libro saldrá del Congreso el jueves marcada por el pecado del retraso, de Pedro Vallín en La Vanguardia
El retraso es el único reproche que puede oírse de los sectores afectados a la ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, que la semana pasada salió del Senado y que pasado mañana será votada definitivamente por el Congreso de los Diputados. Los que meten prisa son sobre todo los libreros independientes - todos, excepto las grandes superficies comerciales-, que creen que el nuevo texto ayudará a paliar el descenso en sus ventas, cifrado entre el 2000 y el 2005 por encima de un 10%. Porque esta caída de la facturación no está vinculada con el número de libros vendidos, que ha mantenido una tendencia al alza, sino con la aplicación de descuentos en los libros escolares, que han mermado sus ingresos.
Este apartado es uno de los centrales de la regulación del sector, pues las ventas de los libros de texto suponen casi un tercio de los ingresos totales de la comercialización editorial. Por eso, la semana pasada, apenas 24 horas después de la votación en el Senado, las principales asociaciones del sector librero convocaban a los medios para expresar su preocupación por la demora que arrastra esta iniciativa legislativa.
Las fechas van muy justas, argumentan, pues la campaña de los libros escolares del próximo curso lleva desde abril en marcha, con lo que la entrada en vigor de la nueva norma llegará demasiado tarde, a su parecer, a pesar de que era conocido el consenso que existía entre los principales grupos políticos sobre el particular.
Hasta ahora, la regulación permitía la aplicación de descuentos en el material lectivo, lo que ha motivado que, en la competencia con las grandes superficies, los libreros hayan visto reducidos sus ingresos por este concepto.
La nueva norma liberalizará el precio de los libros de texto y elimina los descuentos. Aunque, a priori, este cambio no parece mejorar las posibilidades de las librerías de competir en precio con las grandes superficies, los libreros creen que es menos perjudicial para sus intereses, en un marco en el que, como señala el diputado socialista Antón Louro, la gratuidad de los libros escolares parece inevitable a medio plazo. Los minoristas también critican que algunas comunidades autónomas, con competencias en la materia, fomenten una gratuidad de los libros de texto basada en el sucesivo préstamo de los ejemplares. Esto, dicen, repercute además en el retraso de la implantación de la ley orgánica de Educación, toda vez que los libros escolares no renovados no se ajustan al diseño que la ley establece para el nuevo currículo. En concreto, el sector acusó a las comunidades de Castilla-La Mancha, Aragón y Catalunya de retrasar intencionadamente la aplicación de la ley de Educación resistiéndose a renovar el material.
Donde el nuevo texto sí que introduce el precio fijo es en el resto de libros. Con esta medida - que el precio de venta sea fijado por cada editorial, de modo que cada título de su catálogo valga lo mismo en cualquier establecimiento- se pretende defender la red de librerías y la diversidad de la oferta cultural. Desde el PP, la diputada Beatriz Rodríguez-Salmones subrayaba que, allí donde se ha retirado el precio fijo y se ha permitido al comercializador fijarlo a su criterio, como es el caso del Reino Unido, la red de pequeñas librerías ha desaparecido.
Uno de los principales escollos que ha debido salvar esta ley durante su tramitación parlamentaria es su colisión con las competencias autonómicas en las materias que regula, que, pese a la multitud de enmiendas aprobadas en esa dirección, aún sigue provocando las reticencias de algunos de los grupos minoritarios. No obstante, ninguna de ellas de trascendencia. Tan así, que la ley superó el trámite en el Senado sin ningún voto en contra, aunque con las abstenciones de IU y ERC.
La votación final de pasado mañana servirá además para corregir algunos errores en las votaciones finales del Senado, en las que se coló un artículo que excluye al valenciano como lengua oficial promocionable, y otro que extiende el precio libre a los libros infantiles (de cero a seis años), como si pertenecieran al periodo de escolarización obligatoria, en lugar de estar incluidos en los de precio fijo. Las prisas.
