El espejismo de los 40.000 millones en la 'hucha' de la Seguridad Social, de Carlos Sánchez en El Confidencial
La voracidad de la clase política a la hora de vender su mercancía electoral ha convertido al Fondo de Reserva de la Seguridad en un formidable aparato propagandístico.
Este Gobierno, como antes lo hizo el de José María Aznar, vende a la opinión público que la prueba del nueve que demuestra la salud financiera del sistema público de pensiones es la existencia de una gigantesca ‘hucha’ de más de 40.000 millones de euros que no deja de engordar, y que ya representa nada menos que el 4% del Producto Interior Bruto. Según ese análisis, la sostenibilidad del sistema estaría garantizada por la existencia de tan abultado excedente, lo que explicaría que, desde que el Partido Socialista llegara al poder, el ministro Caldera no haya adoptado ni una sola decisión de calado sobre el futuro de la Seguridad Social. Meros retoques que en nada afectan a la columna vertebral del sistema.
Vaya por delante que creo que el mejor sistema de pensiones es el de reparto, no el de capitalización. Básicamente, por los instrumentos de solidaridad que incorpora. Tanto desde el punto de vista intergeneracional como intrageneracional. Teniendo en cuenta, sobre todo, que vivimos en un mundo en el que el otro gran instrumento de reequilibrio de rentas -los impuestos directos- se baten en retirada. Por lo tanto, sin la existencia de un sistema de pensiones basado en el reparto y sin un sistema fiscal justo, eficiente y comprometido con la solidaridad de las personas, estaríamos hablando de un modelo social muy distinto. Probablemente más insolidario, con lo que ello conlleva desde el punto de vista de la cohesión social.
Por eso, precisamente, causa sorpresa la inactividad del Gobierno en materia de pensiones. Lo cual es todavía más chocante teniendo en cuenta que está demostrado que las reformas hechas con consenso durante los periodos de bonanza económica -como el actual- son más eficaces que las que se hacen en periodos de convulsión política y de escaso crecimiento. Por si alguien no lo recuerda, esos 40.000 millones de euros apenas representan ocho mensualidades de la Seguridad Social, es decir, una cantidad mínima e irrelevante respecto de los compromisos de pago que ha adquirido el sistema público de pensiones con los actuales ocupados, que entrarán en avalancha al sistema a partir de mediados de la próxima década.
Da la sensación, por lo tanto, de que el Fondo de Reserva está actuando como una especie de adormidera colectiva, toda vez que la opinión pública, y de eso se encargan los gobiernos, analiza las cuentas de la Seguridad Social a la luz de un espejismo.
La verdad es que sorprende que la Comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo no haya hecho una análisis riguroso de las consecuencias que, para el conjunto del sistema, tendrá en los próximos años la sociedad de bajos salarios en la que vivimos. Es más que probable que lo que paga a la Seguridad Social el 90% de los nuevos ocupados de los últimos años no resista un mínimo calculo actuarial, lo que significa que el sistema público de pensiones está asumiendo compromisos futuros de pago carentes de la dotación financiera necesaria. El principio de contributividad es, como se sabe, uno de los ejes del Pacto de Toledo, pero hay dudas razonables de que ese principio se esté cumpliendo, lo que impedirá acabar con los complementos de mínimos, una de las sangrías del sistema durante muchos años.
Sólo con comprobar cómo entran y cómo salen de las listas del INEM los trabajadores menos cualificados –principalmente inmigrantes-, uno se da cuenta de que hasta qué punto el sistema de protección social tiene agujeros que hoy por hoy nadie quiere tapar. El que el número de trabajadores con cobertura económica de desempleo no deje de crecer, en un contexto de extraordinario crecimiento, es algo que debería hacer reflexionar a nuestra clase política. Sin esperar a que vengan tiempos peores.
