Qué duda cabe de que los propósitos que decían guiar la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia eran excelentes. Se trataba de construir el cuarto pilar del Estado de bienestar de carácter universal. La ley, y con ella el Servicio Nacional de Dependencia que creaba, extendía el modelo de la sanidad o las pensiones a quienes sufren una limitación de sus capacidades para desempeñar las funciones básicas de la vida diaria, tales como vestirse, asearse, cocinar, hacer la compra; en definitiva, todo lo que nos permite valernos por nosotros mismos. Aquellas buenas intenciones han quedado en poco, y de esta manera se está promoviendo una gran e innecesaria frustración colectiva.

Porque la ley se ha hecho sin saber el número de personas dependientes y su gravedad. En la memoria que la acompaña se establece que en el 2005 había 565.111 personas dependientes en sus grados más graves, los calificados de dependencia severa y gran dependencia. Ésta es la estimación que se utiliza para las previsiones económicas, lo malo es que sólo unas páginas más allá, al especificar el impacto de género, establece que en 1999, es decir seis años antes, eran ya 311.260 los hombres y 530.606 las mujeres afectadas en aquellos dos grados máximos. Un total de 841.866 personas. Por tanto, 276.775 más, casi un 50% de incremento sobre lo previsto en el cálculo económico. Cualquier previsión financiera, o del número de plazas en residencias y centros de día, salta así por los aires. Si comparamos las cifras totales de ambos casos al añadir la dependencia moderada, el escenario se sitúa entre 1,1 millones de personas contra más de dos millones cuando se contabilizan por separado hombres y mujeres. ¡Casi un millón de personas de más! Aquella cifra de dos millones largos es además la utilizada el 2005 por el Gobierno para informar oficialmente a la Comisión Europea de su estrategia sobre el sistema público de pensiones. Siendo así, ¿por qué se ha utilizado otra mucho menor en el caso de la ley? ¿Por qué la Seguridad Social aporta una cifra a la Comisión, y el Gobierno otra inferior en el Congreso y Senado?

Pero la diferencia con la cifra real de personas afectadas puede ser todavía más grande. Un reciente estudio de la Fundación del BBVA coincide en que el número total de dependientes es de dos millones, pero con el agravante de que eleva la dependencia severa y la gran dependencia hasta 1,4 millones, ¡casi tres veces más que la previsión económica de la ley!, con el subrayado de que el estudio de la fundación se refiere a los mayores de 64 años, mientras la ley considera a los dependientes a partir de los 6 años.

Para empeorarlo, lo cual era difícil, la ley prescindió del estudio de las plazas necesarias en residencias y centros de día. ¿Dónde y cuándo se van a atender a los dependientes? Porque la generalización de la atención domiciliaria profesional todavía agravaría más la insuficiencia económica.

La ley se financia con los 1.778 millones que el Gobierno ya gasta ahora en este ámbito, más 4.424 millones adicionales que aportará junto con las autonomías al 50%, y 3.153 millones de euros que pagarán los personas afectadas. Esta última cifra equivale al 71% de la nueva aportación de las administraciones, y supera a lo que se gastará de más el Gobierno. Es un cuarto pilar de pago que no tiene nada de gratuito ni universal. Lo pagarán en gran medida las personas dependientes.

Pero a pesar de todo el esfuerzo que se exige a los afectados el dinero previsto no bastará. Faltará muchísimo. En la hipótesis mínima unos 1.000 millones de euros, pero lo más previsible es que sea bastante más, 4.000 incluso 9.000 millones, según resulte la desconocida realidad sobre número y gravedad de los afectados y el coste real de los servicios.

Éste es un ejemplo perfecto de cómo no deben hacerse las leyes, y un dato más sobre la necesidad de una gran regeneración de la política (puede encontrase el estudio sobre la ley de Dependencia en http:// incas. uao. es/ cream/? page= 5& post= 32).

josepmiro@e-cristians.net