¿Ambicioso? Posible. El pasado miércoles, la Procuradora General del Principado de Asturias firmaba en Gijón un convenio con casi una veintena de colectivos sociales vinculados a la ciudad. En el presente artículo, María Antonia Fernández Felgueroso reflexiona sobre el importante papel colaborador de estas asociaciones a la hora de analizar la realidad, detectar la vulneración de derechos fundamentales y evitar que estas situaciones se reproduzcan.

Garantizar y defender los derechos y libertades de los ciudadanos de Asturias en su relación con las administraciones. A eso me comprometí cuando asumí el cargo de Procuradora General. Creo en ello firmemente, desde mi puesto y desde mis valores personales. Independiente de cualquier poder público, la institución a la que represento debe ser en todo momento una vía directa y ágil que no sólo intervenga cuando el ciudadano lo reclama, sino que también sea capaz de detectar aquellas situaciones en las que se atente contra los derechos fundamentales de las personas.

El convenio firmado el pasado miércoles (y al que este lunes seguirá uno de idénticas características en Oviedo) sirve para fijar mecanismos de cooperación entre la Procuradora General y los colectivos que representan a grupos sociales vulnerables y, pese a la cada vez mayor sensibilización de la sociedad, proclives a la exclusión. Si a la institución le preocupa conocer de manera exhaustiva y completa la realidad social en la que se desenvuelve la ciudadanía asturiana, considera una obligación prestar atención especial a la situación de aquellos grupos cuyos derechos fundamentales pueden ser puestos en entredicho. De ahí el acuerdo con esta veintena de asociaciones cuyo lugar en la sociedad constituye un magnífico observatorio.

La realidad cambia con rapidez y las leyes acostumbran a ir por detrás. Si a ello añadimos los posibles abusos y negligencias de una Administración cada vez más compleja (a medida que incorpora nuevas prestaciones), se constata lo difícil que resulta mantener el contacto, sentir el pulso de los ciudadanos, conocer sus intereses, sus preocupaciones y sus problemas. Y esta institución no tiene otro objeto que las personas, procurar su bienestar controlando la actuación administrativa, mediando cuando sea necesario, modificando en lo posible conductas y criterios que no se ajustan al paso que marca la sociedad. El papel de la Procuradora General ha de ser proactivo y previsor, ha de advertir y analizar situaciones irregulares, de modo que las leyes respondan a las necesidades de las personas. La defensa de los derechos ciudadanos (sociales, económicos, culturales) por parte de las administraciones nos plantea, en el fondo, un debate sobre la calidad de la democracia.

Y no habrá democracia de calidad si las instituciones no somos capaces de escuchar. Para mejorar la realidad debemos conocerla. De ahí que la Procuradora General y las asociaciones que representan a colectivos más frágiles en el ámbito socio-sanitario se hayan dado la mano. El convenio aspira a establecer una relación fluida y sistematizada que operará, por supuesto, en ambas direcciones: las asociaciones contribuirán con su análisis, su problemática, sus sugerencias; desde la institución sabremos encauzar ese flujo de información para incorporarlo a nuestra tarea diaria. Una valiosa dosis de vida real que contribuirá a hacer más eficaz este trabajo, a fortalecer nuestro inequívoco compromiso con la ciudadanía asturiana.

Hemos abierto un camino prometedor que aspiramos a compartir con cuantas organizaciones quieran sumarse. La meta la fija esta declaración del Plan de Acción del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con la que el miércoles iniciaba mi alocución: «No tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos».

MARÍA ANTONIA FERNÁNDEZ FELGUEROSO/PROCURADORA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS