Una de las pocas enmiendas aceptadas en el texto de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la creación de un tribunal internacional para juzgar a los responsables del atentado que hace dos años acabó con la vida del ex primer ministro libanés Rafiq al Hariri establece el plazo de once días para que sus maltrechas instituciones estatales puedan ratificarlo. Pero el Parlamento libanés, que no se ha reunido durante meses, ya ha comenzado sus vacaciones estivales.

En cuanto al Gobierno, con cinco ministros chiíes de la oposición, es considerado ilegal por el presidente de la República, el general Emile Lahud, al que - por su parte- el primer ministro Fuad Siniora y sus compañeros del equipo del poder ejecutivo niegan el pan y la sal y lo consideran ilegítimo.

Es tal el ambiente de anarquía y división de Líbano, tan profunda la internacionalización de su conflicto, que hasta ministros visitantes, delegaciones extranjeras o embajadores acreditados en Beirut ignoran al presidente de la República, quien hasta que acabe su mandato en septiembre es el jefe del Estado, elegido, por más filosirio que sea.

La resolución sobre el tribunal internacional, tan anhelada por los políticos en torno a Saad Hariri, al druso Ualid Yumblat, al maronita Samir

Geagea, ha sido adoptada cuando Líbano está aplastado por una acumulación de problemas gravísimos, el último de ellos el desafío al ejército por el grupo salafista Al Fatah al Islam, vinculado a Al Qaeda.

La oposición, dirigida por Hizbulah, infeudado a Irán, protegido de Siria, ya ha declarado sin pelos en la lengua que jamás reconocerá este tribunal porque "constituye una violación de la soberanía de Líbano".

En este incipiente verano - en el que van a recordarse aniversarios tan vivos como las cuatro décadas de la guerra de los Seis Días entre Israel y los países árabes, el cuarto de siglo de la invasión israelí del sur de Líbano y el bombardeo del oeste de Beirut, y el primer año del enfrentamiento de los combatientes del Hizbulah con el ejército del Estado israelí-, este tema del órgano de justicia internacional fomentará aún más las luchas intestinas y desgarrará violentamente a la población.

Por lo menos será necesario un año para poner en marcha este tribunal.

Yun año en estas tierras es mucho tiempo. Hay que decidir qué magistrados y de qué nacionalidades lo compondrán, cuál será su procedimiento, su sede - posiblemente la isla de Chipre-, cómo se financiará. El que se haya incluido en su resolución la amenaza del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que establece un posible recurso a la fuerza, impedirá que jueces libaneses se opongan a formar parte de su organismo.

En el fondo, tanto Estados Unidos, el Reino Unido y Francia - los estados que más lo han apoyado- como evidentemente la mayoría parlamentaria, el Gobierno de Fuad Siniora y la poderosa familia Hariri esperan que este tribunal, fundamentalmente político, les haga justicia, es decir, condene al régimen sirio de Bashar el Asad, al que hacen responsable del magnicidio y de la desintegración libanesa.

En vano el delegado de Qatar, el pragmático emirato petrolífero del Golfo, advirtió que en estas explosivas circunstancias era mejor no constituir dicho tribunal y votó en contra de la resolución. "No queremos aceptar - dijo- que Líbano entre en un oscuro túnel. No queremos apoyar una resolución que rechaza la mayoría de los libaneses y que les enfrenta acerca de cuáles deben ser sus prerrogativas para que no cercenen la soberanía nacional".

La polarización de Líbano, con un Gobierno entregado en cuerpo y alma a tres grandes potencias internacionales, y una oposición heterogénea y confusa, pendiente de otros estados vecinos como Siria e Irán, sólo puede acarrear sangrientos desastres en un país tan pequeño y vulnerable, en equilibrio siempre inestable entre Oriente y Occidente.