Entre los múltiples factores que inciden sobre la competitividad de las sociedades y los países aparecen de forma cada vez más destacada los que hacen referencia a la "calidad de las instituciones". Incluso la definición de competitividad de las naciones que proporciona el mediático informe del World Economic Forum de Davos se basa "en el conjunto de factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad de un país". Esta dimensión de la competitividad es de sobra conocida para todos los que han tenido problemas para hacer negocios en varios países y se han encontrado con problemas importantes de corrupción, escasas garantías de los contratos firmados y de los acuerdos alcanzados, amenazas de expropiación u otros comportamientos contrarios al "imperio de la ley" y a la fiabilidad de los "tratos y contratos".

En los últimos tiempos, esta dimensión de la calidad institucional se está revalorizando con razón. Al hacer balance de la magnitud de la amenaza que supone para los países avanzados el offshoring de servicios de cada vez más cualificación, el economista canadiense Daniel Trefler argenta que la principal salvaguarda para los países occidentales radica precisamente en una calidad institucional largamente elaborada a lo largo del tiempo y cuya absorción por parte de economías emergentes es necesariamente lenta (más lenta incluso que la tecnología avanzada) ya que requiere un clima sociopolítico que no se puede simplemente decretar.

Yla importancia de esa credibilidad de las instituciones sería especialmente relevante en las actividades más sofisticadas, con más elementos intangibles, difíciles de codificar. En una línea similar, Andrei Levchenko, economista del FMI, argumenta con lucidez acerca de la calidad institucional como una esencial "ventaja comparativa" capaz de retener en unos países las actividades e inversiones más "sensibles" a la estabilidad jurídica y empresarial que confieren las instituciones creíbles. Asimismo, a la hora de intentar justificar la racionalidad que subyace a los desequilibrios exteriores internacionales - especialmente el déficit de Estados Unidos respecto a China, y cómo los flujos netos de financiación implican la acumulación enorme de reservas en dólares por parte de China pero con importantes flujos de inversión directa extranjera de Estados Unidos en China- se apela a la importancia de los "activos intangibles" del sistema empresarial y financiero occidental, así como a las diferencias de calidad institucional entre ambos tipos de economías, y se insiste en el largo tiempo requerido para "converger" al respecto.

Estos análisis ofrecen nuevas perspectivas del papel de la "infraestructura socio-institucional" como ingrediente del "núcleo duro" de la competitividad de los países occidentales en la actual etapa de la globalización. Pero, sobre todo, tienen implicaciones y moralejas muy importantes acerca de la importancia de mantener ese activo que denominamos "calidad institucional". Cuando aparecen casos de corrupción o corruptelas, cuando la credibilidad de los organismos reguladores se pone en tela de juicio por las actuaciones de unos y otros, cuando las decisiones administrativas o jurisdiccionales parecen "hechas a medida" de tal o cual partícipe importante y/ o bien relacionado, y no de las normas generales e iguales para todos, cuando esas cosas suceden hasta el punto de ser consideradas un "rasgo del paisaje" de la vida económico-política, no se trata sólo de un tema de moral pública. Se trata, sobre todo, de una devastadora (auto) destrucción de un ingrediente esencial de la competitividad y prosperidad futura de nuestras sociedades.

JUAN TUGORES QUES, catedrático de Economía de la UB.