EN Gijón se acaba de dictar una sentencia ejemplar que conllevará que un joven de 14 años ingrese en un centro de menores por agresiones a sus compañeros y a un profesor. Evidentemente, los efectos de una decisión como ésta ante una conducta violenta en la escuela tienen un radio de propagación limitado. Pero también puede verse de otra manera: los docentes se quejan, con razón, de las dificultades con que se encuentran a diario para imponer la autoridad y de la falta de apoyo de las autoridades ante la descarnada realidad en muchas zonas del país donde es perfectamente perceptible una violencia inaceptable en las aulas. La juez asturiana que ha adoptado esta decisión ha hecho buena la función que espera la sociedad de quien ha de aplicar justicia de acuerdo con una legislación demasiadas veces inconcreta y de difícil adaptación a los duros tiempos presentes. No es el caso de Gijón, el único sorprendentemente llamativo que se conoció ayer. En una localidad malagueña cercana a Marbella, cuatro alumnas de la misma edad que el joven de Asturias dieron una paliza a otra, sin motivos aparentes, y grabaron las violentas imágenes en su móvil para después mostrarlas a sus compañeros. La Junta de Andalucía ha tomado cartas en el asunto y sería de desear una medida rigurosa que no acabara dejando el caso en algo exclusivamente disciplinario.