En el argot de los trabajadores de la construcción les llaman asustaviejas: especialistas en intimidar a los inquilinos de los pisos de renta antigua, sobre todo ancianas, para lograr que dejen el piso y permitir que el propietario pueda venderlo o alquilarlo a precio de mercado. "Un buen día el administrador de toda la vida dejó de llevar el piso, no aceptaba el alquiler y nadie nos decía dónde podíamos pagarlo", explica la señora Paquita, una mujer de 75 años que vivía de alquiler en un piso situado junto a la catedral de Barcelona. Asesorados por un abogado, los vecinos fueron a consignarlo al juzgado. "También dejaron de pagar la luz de la escalera y el mantenimiento de la finca. Se rompió la puerta de la entrada y no la arreglaron.

Luego vinieron unos albañiles, pusieron un andamio y un toldo que cubría la fachada y se fueron. En el Ayuntamiento nos dijeron que tenían permiso de obras, pero estuvieron casi un año sin empezarlas. Finalmente empezaron a reformar el ático: arrancaron la puerta y a los pocos días alguien reventó las cañerías del agua e inundó el piso de abajo". Una mañana, al volver del mercado, Paquita se encontró que era su propia puerta la que había sido arrancada del marco. "Tenía miedo y me fui a vivir con mi hija", explica. La familia denunció lo sucedido en comisaría y en el juzgado, y entregó una copia a los peones. La denuncia no fue admitida a trámite, pero logró que apareciera una empresa que se identificó como propietaria y que le ofreció 24.000 euros por rescindir su contrato de alquiler, de duración indefinida, por el que pagaba 40 euros al mes.

Las estrategias del mobbing incluyen también procedimientos más sofisticados como no aceptar el pago del alquiler; ceder pisos vacíos a inquilinos conflictivos como skins o gitanos rumanos; intimidar con denuncias o llamadas telefónicas, o instar la declaración de ruina del edificio para desalojar a los inquilinos y edificar de nuevo.

El acoso inmobiliario hasta hace poco estaba circunscrito a Madrid y a Barcelona, y aquí prácticamente al distrito de Ciutat Vella. Ahora, en cambio, se ha extendido a otras capitales españolas y a muchas ciudades medias catalanas. "El precio de los pisos se ha disparado en todas partes. Además los núcleos históricos de muchas ciudades se han rehabilitado y se ponen de moda, con lo que el propietario tiene aún más interés en rescindir los contratos de alquiler de renta de antigua", explica Jordi Muñoz, presidente de la comisión de derechos de las personas mayores del Col · legi d´Advocats de Barcelona.

Según datos del Movimiento por el Derecho a una Vivienda Digna, han llegado a los juzgados casos de mobbing en Sevilla (en el barrio de San Luis, recién rehabilitado y que ha convertido algunas calles en peatonales); Valencia (en el barrio de El Cabanyal, a escasos metros del puerto donde se disputa la Copa del América), Zaragoza y San Sebastián.

En Catalunya, constan denuncias en Manresa, Olot, Granollers, Girona y Sabadell. La mayoría de las denuncias, sin embargo, se registran en Barcelona. "Ya no sólo es Ciutat Vella: tenemos casos en el Eixample, Gràcia y Sant Martí, de afectados por el 22@", señala el Jordi Muñoz.

El abogado recuerda que el mobbing "es un problema que afecta sobre todo a la tercera edad, porque son quienes tienen alquileres de renta antigua". "A menudo tienen pensiones de 400 o 500 euros, con los que no pueden ir a otra vivienda, y esos problemas les angustian mucho". Muñoz recomienda a quien empiece a ver que están cambiando las cosas en su vivienda "que se asesore". "En el Ayuntamiento, en los Servicios Sociales o en los Colegios de Abogados puede hacerlo gratuitamente. Lo mejor es tomar medidas judiciales cuanto antes: el acoso se produce porque el propietario piensa que tiene enfrente a alguien débil y poco informado". El mobbing hasta hace poco ni siquiera se reconocía como delito. Ahora existe una amplia conciencia del problema en la judicatura y la Administración, aunque sólo puede tipificarse como coacciones. Las posibilidades de frenarlo aumentarán con la nueva ley de la Vivienda de Catalunya, que prevé sanciones de hasta 900.000 euros en los casos más graves, con lo que dejará de ser rentable para el propietario. Xavier Becerra, representante de Comisiones Obreras en la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna, reclama que la ley catalana vaya más lejos "y se sancione al propietario que deja de cobrar el alquiler o dificulta su pago". "Eso es un acoso legal que desgraciadamente funciona: con tres meses de rentas impagadas el propietario puede instar el desahucio", explica.