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CÀRITAS DIOCESANA PIDE A LOS PARTIDOS UN COMPROMISO CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

La gente sin techo tiene una esperanza de vida de 50 años; hablarles del 2010 como plazo para mejorar su situación es como si al resto nos hablasen de esperar 15 años". El director de Càritas Diocesana de Barcelona, Jordi Roglà, explica esta urgencia de los indigentes para argumentar una de las demandas de esta ONG a los partidos políticos y los candidatos que concurren a estas elecciones: "Han de hacer una clara opción de lucha contra la pobreza, dotando los presupuestos suficientemente y estando alertas a las duras realidades que coexisten en el seno de nuestra sociedad".

Càritas ha hecho público un documento insistiendo en cosas que, aunque sabidas, hay que repetir: "Ninguna pensión puede estar por debajo del nivel de la pobreza. La dignificación de las pensiones más bajas (viudedad, invalidez, no contributivas) no puede esperar al 2010", como se marca en la ley de prestaciones económicas que aprobó el Parlament el año pasado. El nivel de pobreza en la España del 2006, según la Unión Europea, estaba en 556 euros. Hay pensiones de poco más de 300 euros. Hoy.

Roglà explica que, a menudo, los indigentes con los que trata "te dicen que no van a votar, que los políticos no arreglan sus problemas, y que su situación no les permite tener esperanzas de recuperar su autoestima".

Uno de esos problemas, que ya se identifica como "de riesgo" hacia la exclusión social es el de la vivienda. El documento de Càritas pide "una respuesta política urgente". "Valoramos el Plan Nacional de la Vivienda", señala Roglà, pero a renglón seguido cita el libro blanco de la vivienda presentado el año pasado por el Consell de Ciutat: el 25% de las familias de menos recursos no puede acceder a una vivienda. Ni de protección oficial. No es que estén todos en la calle, pero si perdiesen su domicilio actual (por paro, separación, aumento importante del alquiler...) no podrían ir a otro. Hay casos extremos, como el de muchas mujeres inmigradas sin red familiar y con hijos, que sólo se pueden permitir habitaciones realquiladas.

"Es una lástima -sigue Roglà- que tengamos una situación de tan pocos recursos contra la pobreza y para prevenir la exclusión, cuando la carga impositiva está en primera línea. Estamos a la cola en cuanto a gasto en protección social respecto al producto interior bruto. La Generalitat dedica el 19,80% del PIB, cuando la media europea es del 28% y en países equiparables a España está en el 31%.

En el ámbito de la inmigración, Càritas pide "que este tema no sea motivo de enfrentamiento político". No se le hace mucho caso.

Roglà pide consenso previo a la revisión de la ley de extranjería y después hablar de regularizaciones y de contingentes necesarios. Y también cooperar en el desarrollo de los países de origen.

El documento se hizo público y se envió a los partidos el pasado 8 de mayo. Roglà dice que desde entonces tres de ellos se han dirigido a Càritas interesados en hablar, comparar puntos de vista y ver cómo trabajar en el campo de lo social, aunque prefiere no decir qué partidos han sido. Sería más fácil averiguar quiénes no lo han hecho.