Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, hizo la apuesta jurídica más arriesgada de su vida: no impugnar más de 160 listas electorales del partido Acción Nacionalista Vasca (ANV). El PP y bastantes medios le harán una acusación terrible, destinada en el fondo al Gobierno de Zapatero: lo harán responsable de que ETA vuelva a las instituciones y se disponga a percibir subvenciones de dinero público. Todo eso ya está en el discurso político conservador de las últimas fechas. Y se ha dicho más: por ejemplo, que España es el único país donde el Estado financia a una organización terrorista. Sólo pensar en esas críticas y en que pueden tener razón tiene que producir escalofríos en el fiscal. ¿Quién quiere pasar a la historia como cooperador de una banda de asesinos?

En ese clima se cierra hoy el plazo para la impugnación de listas. Sin ánimo de repetir informaciones que se publican en este mismo número, la decisión final es impugnar todas las que contienen nombres de personas relevantes o con antecedentes en el ámbito terrorista y permitir todas las de Acción Nacionalista Vasca (ANV) donde no se dan esas circunstancias. ¿Cuál era la alternativa? La más fácil y cómoda para el fiscal era coger la brocha gorda y, dados los indicios de contaminación etarra, pedir la ilegalización de todo lo que huela a Batasuna. El aplauso sería unánime. Quedaría como un patriota valeroso que ha colocado un letrero en las barricadas de ETA: "no pasarán".

Al no optar por esa línea de dureza absoluta, la sentencia política y mediática está dictada: al Gobierno le falta voluntad política para frenar al terrorismo. Agravémoslo algo más: el mismo Gobierno asume las condiciones impuestas por los negociadores de ETA. Y pongámosle dramatismo para terminar: el Gobierno ofrece así su más palmaria muestra de debilidad ante un grupo de pistoleros. Es evidente que, si las cosas fueran así de sencillas y burdas, habría que hacer mesas petitorias para recabar firmas para echar a Zapatero de la Moncloa y a sus colaboradores de todas las instituciones.

Pero no es tan sencillo ni burdo. ¿Con qué argumento legal, no visceral, se puede impedir que un ciudadano quiera ejercer su derecho constitucional a ser elegible si no tiene vínculos demostrables y directos con una banda armada o sus brazos políticos? Aquí se trata de conseguir que Batasuna y sus otras marcas ilegales no estén en las elecciones; no de que una persona con todos sus derechos intactos sea apartada con el argumento de que propugna la independencia del País Vasco. Esa distinción es la que han buscado la Policía y la Guardia Civil al examinar a casi doce mil candidatos integrados en más de un millar de listas. Si Batasuna ha trabajado mucho para colarse por las rendijas de la legalidad, los cuerpos de seguridad del Estado han hecho un esfuerzo sobrehumano en bucear en biografías y antecedentes para calificar a cada uno de los candidatos.

Y salió lo que salió. La solución adoptada no va a satisfacer a nadie: ni a los Otegi de turno, que se dirán perseguidos porque sus nombres emblemáticos han caído, ni a la derecha estatal, porque pretende una cirugía que corte cualquier vía de penetración. Incluso expulsando aANVde la legalidad. Amí tampoco me acaba de gustar. Me horroriza la idea de que un solo euro de los impuestos de gente de bien termine en la caja de quien piensa matar. Pero comprendo que quien administra leyes y derechos requiere mucha templanza; y más que templanza, frialdad; no impulsos del corazón.