El Principado financia con cinco convenios los programas de propaganda electoral en la RTPA, al margen de los prespuestos del Ente Público, del Editorial en El Comentario
La obsesión de Vicente Álvarez Areces por controlar los medios de comunicación en nuestra comunidad y por construirse una televisión a su medida, marca el Día Internacional de la Libertad de Prensa y de Expresión que en Asturias carece de repercusiones, pues se trata de un bien tan escaso que la aplastante mayoría de los ciudadanos ni se enterará de que en el mundo se celebra tal cosa.
Estamos en una situación tan asombrosa, que tras una astronómica inversión en comunicación por parte de nuestras instituciones, nos encontramos con el resultado de una profesión periodística degradada hasta límites inimaginables, con una televisión Teleasturias, que es la líder de audiencia en la comunidad autónoma, en un estado surrealista, pues sigue saliendo al aire con una red propia de reemisores, una vez que el gobierno obligó a la compañía Abertis Telecom a clausurar sus emisiones con una carta del consejero Luis Iturrioz que violó abiertamente la Ley de Impulso de la Televisión Digital Terrestre que da un plazo de seis meses para el final de esas emisiones, una vez que se ha cometido el terrible despropósito de dejarla sin licencia.
Pero es que curiosamente, el ejecutivo PSOE-IU ha concedido una licencia regional de televisión a una oferta presentada por el Grupo Prisa, que incluía entre los elementos más valorados de su propuesta el tratamiento que esta empresa hace de sus periodistas en sus condiciones laborarles, tras declarar públicamente que son las condiciones de los trabajadores de Teleasturias la justificación de la negativa de licencia a esta empresa y ahora resulta que Localia, la televisión de Prisa en el Principado, está despidiendo a los miembros de su plantilla.
Un balance aterrador. Destruidas las televisiones históricas de Asturias, TLG y TLO que han perdido prácticamente sus audiencias, con Teleasturias resistiendo de una manera inhumana en un espectáculo de una crueldad inimaginable, y con la empresa que recibió la licencia echando a sus empleados a la calle, el sector audiovisual asturiano, que se las prometía tan felices con los cantos de sirena de los responsables políticos de comunicación, se encuentra en una situación límite, con las productoras en pie de guerra, ante el nuevo y espectacular chanchullo televisivo que Areces y su gente han preparado para violar todas las leyes y normas de gestión de lo público en esta campaña electoral.
La financiación de la RTPA es desde el comienzo mismo de su actividad un completo misterio, pues se viene ocultando su gestión económica a ojos de todos los ciudadanos, a sabiendas de que el coste del proyecto megalomanazo puesto en marcha por Areces y sus socios de Izquierda Unida es insoportable para cualquier ciudadano que conozca las cifras reales y que al llenar de gasolina su coche sabe que está pagando un plus, en el llamado “céntimo sanitario”, que se corresponde como mínimo con el gasto real que el gobierno hace en propaganda.
Las cifras reales del coste de la televisión no las conoce nadie. Probablemente ni los propios miembros del ejecutivo. El gobierno no rinde cuentas. El diputado del Partido Popular Fernando Goñi, dedicado a intentar conocer el coste del ente público RTPA parece haber tirado la toalla, agotado por el mareo al que se le sometió, tras cerrarse la legislatura con el Ejecutivo en rebeldía ante la Mesa de la Junta General del Principado negándose a entregar numerosos documentos solicitados sobre la gestión de un engendro que cuenta con presupuestos específicos, y que además se financia de manera solapada, con partidas presupuestarias aparentemente dedicadas a otros fines, pero que en realidad también son para la televisión.
A los costes incalculables de la Universidad Laboral José Antonio Girón, cuyo teatro, centro de arte y otras dependencias, son en realidad instrumentos complementarios de la desmesurada televisión –hemos olvidado nuestra dimensión real- que ocupa un ala del edificio en lo que era el antiguo convento de las adoratrices, hay que sumar el loco equipamiento del medio, con un sistema de gestión integral de la información que costó miles de millones de pesetas y que no se usa porque no tiene ni pies ni cabeza, como las carísimas cámaras dotadas de tarjetas de memoria que de puro absurdas obligan al alquiler de material de empresas privadas porque las que compraron no tienen sentido práctico.
La legislación europea obliga a elegir entre dos modelos de televisión pública. Por un lado tenemos la televisión de servicio público, financiada mediante presupuestos, y por otro el modelo de gestión privado de un ente público, que admite una programación generalcita y se financia con publicidad. Se trata de mantener la combinación de pluralismo, competencia y servicio al interés general.
Aquí, como en los peores ejemplos implantados en España, se mezclan de manera ilegal y abusiva los dos modelos. La televisión tiene su presupuesto en las partidas del Principado, como si fuera de servicio público, y luego hace en realidad una programación que intenta competir –sin éxito alguno- con las televisiones generalistas, y además recauda publicidad destruyendo el mercado privado y condenando por tanto al cierre a las empresas que se encuentran con ese mercado destrozado por el impuesto revolucionario del gobierno a los anunciantes.
Pero encima los presupuestos generales de la comunidad autónoma tienen, como decimos, partidas para la televisión camufladas por todas las esquinas de su desarrollo. Por si eso no fuera poco, ahora se está descubriendo que se viola de manera descarada la legislación presupuestaria de lo público, mediante la habilitación de nuevas cantidades que se ocultan como convenios que firman las consejerías individualmente con la RTPA para financiar programas de claro contenido publicitario de las actividades del gobierno, que violan también la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional aprobada el año pasado, así como la propia legislación electoral.
En estos momentos, la Productora Plural, del Grupo Prisa, está ejecutando cinco programas, El arte de vivir, A tu salud, En el camino, Asturianas y Los colores del verde , que se venden como programas de marcado contenido social y con vocación de servicio, que Plural está produciendo para la Televisión del Principado de Asturias, tal y como reconoce en su propia página Web, que se financian al margen de los presupuestos generales del Principado, mediante cinco convenios de más de medio millón de euros cada uno, que han sido habilitados meses después de la adjudicación a dedo de estos programas que ya se empezaron a ejecutar el año pasado, en un proyecto de propaganda institucional y electoral, claramente habilitado para este período, sin recato ni limitación algunos.
Con este desprecio por las leyes y este descaro, las cosas no pueden pintar peor en Asturias para la profesión periodística y el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, en este Día Internacional de la Libertad de Prensa y Expresión.
