TRIBUNA

Los diversos indicadores acerca de las deficiencias del sistema educativo español - informe PISA, comparativas de fracaso escolar, bajo número de patentes, etcétera- y la creciente percepción social al respecto encajan reconocidamente mal con las retóricas acerca del papel del conocimiento en la sociedad actual y de la necesidad de reorientar el modelo de competitividad del país. Se apuntan varias causas. Entre ellas, los desastrosos efectos de las - ¿bienintencionadas?- reformas elaboradas por pedagogos de salón que priman aspectos de "corrección política" (igualitarismo, no "traumatizar", etcétera) por encima de los más elementales criterios derivados de la experiencia. O la transformación de los aspectos educativos en tema de controversia partidista, sujeta a cambios normativos tan frecuentes como incompatibles con la solidez de los compromisos.

Pero permítanme apuntar una razón estructural, más de fondo. Muchos de los cambios recientes en la estructura económica y social en nuestro entorno - desde la reconfiguración del mapa empresarial a base de fusiones y absorciones hasta la polarización en la distribución de la renta reconocida recientemente incluso por el FMI, pasando por la revisión del mito de la movilidad social, incluso en Estados Unidos- responden a un tránsito desde un siglo XX en el que fue protagonista la rebelión de las masas a una nueva era en la que emerge una rebelión de las elites.Las clases medias, cumplido su papel como estabilizador político y de sustento del mercado interior, habrían dejado de requerir la atención de una democratización del acceso a niveles crecientes de educación de calidad - y de prestaciones crecientes por el Estado de bienestar-, para dejar paso a una vuelta a lo que para algunas elites es el orden natural.Esto es, un sistema en el que la riqueza y la educación de calidad sean patrimonio de una minoría, que justifica ahora su privilegio con argumentos que van desde la "excelencia" a la selección natural en favor de la "clase creativa". Al mismo tiempo, el grueso del sistema educativo cumpliría su función de suministrar los niveles formativos necesarios para los trabajos que sobrevivan a las deslocalizaciones, salvando las mínimas formas de suministrar títulos, aunque sean devaluados, a amplios segmentos de la sociedad.

Cada vez son menos disimuladas las argumentaciones que apelan a los problemas de gestionar la heterogeneidad y la falta de "cultura del esfuerzo" de las nuevas generaciones - que les transmitimos o toleramos las viejas generaciones-,las dificultades del multiculturalismo, los excesos de la democratización del acceso a la universidad, para esbozar discursos y propuestas para mantener en mínimos de subsistencia a buena parte del sistema educativo (especialmente el público, de la primaria a la universidad) mientras que los recursos y la atención se concentran en "quienes pueden aprovecharlo" que, se afirma - con falso pesar o con complacencia-, necesariamente sólo pueden ser unas minorías. El sistema educativo deja de ser así el mecanismo de extracción de todo el potencial de un país y de movilidad social tan decisivo para el progreso en el siglo XX para convertirse en un mecanismo de amplificación de diferencias en la sociedad posglobal.

No sé si llama más la atención el eco que encuentran estos planteamientos en personas de las cúpulas políticas y sociales tanto de derechas como de izquierdas como la pasividad rayana en resignación de la mayoría social.

JUAN TUGORES QUES, catedrático de Economía de la UB.