ZAPATERO CUMPLE UNA PROMESA ELECTORAL DE HACE TRES AÑOS EN VÍSPERAS DE OTROS COMICIOS

La historia reciente de la cesión a Barcelona del castillo de Montjuïc tiene varios protagonistas -dos alcaldes, Joan Clos y Jordi Hereu; dos ministros de Defensa, José Bono y José Antonio Alonso; un presidente, José Luis Rodríguez Zapatero- y un amplio elenco de artistas invitados, entre los que no falta una vicepresidenta del Gobierno a la que algunos, en los últimos capítulos, quisieron adjudicar los siempre agradecidos papeles de conseguidora o hacedora de milagros. Pero, al menos en su comienzo y en su desenlace, este largo serial parece producido, escrito e interpretado por el mismísimo Juan Palomo. Lo que se inició el 10 de junio del 2004 como un regalo electoral de Zapatero a los socialistas catalanes y a sí mismo en un mitin de las europeas acaba, casi tres años después, con otro regalo electoral - de gusto dudoso y rentabilidad más que discutible- que el propio presidente entrega al PSC y al candidato Hereu en la precampaña de las municipales.

Desde que el pasado 9 de enero, en la conferencia sobre el estado de la ciudad que organiza el Col · legi de Periodistes, el alcalde admitió que la no devolución de la fortaleza militar al Ayuntamiento antes de las elecciones locales merecería calificarse de fracaso, los socialistas barceloneses han vivido un estresante cuenta atrás que ha desembocado en un acuerdo cerrado a toda prisa y de mala manera. De un plumazo, una discreta orden ministerial ha borrado la tramitación de todo un proyecto de ley que ha batido, infructuosamente, récords mundiales de ampliación del plazo para la presentación de enmiendas. Más de una treintena de prórrogas desde que, el 24 de febrero del 2006, cinco minutos después de que el pleno del Ayuntamiento reclamara la entrega incondicional del fortín, el Consejo de Ministros aprobara un anteproyecto apadrinado por el entonces ministro de Defensa, José Bono, que las fuerzas municipales tacharon de humillante e inaceptable. ¿Era necesario tanto tiempo para llegar a este acuerdo?

El nerviosismo de los socialistas al comprobar que las hojas del calendario iban cayendo y el castillo de Montjuïc se mantenía inexpugnable era perceptible en las filas socialistas en las últimas semanas. "Zapatero no puede venir a Barcelona a dar un mitin sin haber resuelto antes el asunto de la cesión", comentaban días atrás fuentes del PSC. Recordaban que fue precisamente en un acto electoral, en el santuario del Palau Sant Jordi, para más inri en la montaña de Montjuïc, donde el presidente del Gobierno prometió lo que tanto le ha costado cumplir.

En su día Joan Clos y su equipo de colaboradores se esforzaron en convencer a todo el mundo de que las condiciones impuestas en el anteproyecto de ley - la obligatoriedad, remarcada en el texto, del uso de la bandera española; la enaltación de las Fuerzas Armadas; el mantenimiento de las antenas y el destacamento militar...- obedecían al irrefrenable ardor guerrero de José Bono. "Confiamos en que durante la tramitación de la ley en las Cortes se levante la niebla que hoy tenemos sobre Montjuïc", dijo el entonces alcalde. Por ese motivo la llegada de José Antonio Alonso al Ministerio de Defensa, en abril del 2006, fue recibida con un entusiasmo que el tiempo y los hechos irían aguando. Hace apenas un mes, cuando el Ayuntamiento ya había publicitado a través de un medio afín que el acuerdo para una cesión en los términos deseados por el Consistorio estaba hecho, fue Alonso, no Bono, quien dejó claro en sesión parlamentaria que las condiciones para el traspaso se mantenían vivas.

El plazo de tres años para la retirada de las antenas militares y el destacamento que las custodia supera las previsiones hechas hasta hace muy poco por el Ayuntamiento. El periodo transitorio se había cifrado en un año, dos como máximo. Por lo que respecta a las banderas, el pacto sellado ayer en la Moncloa incluye una mención expresa a la obligatoriedad de que ondeen en el castillo, una puntualización que las autoridades municipales siempre habían considerado sobrera por la desconfianza que expresaba hacia una institución que tiene a gala cumplir la normativa general. Y, por si fuera poco, el acuerdo entre Zapatero y Hereu tampoco aporta plenas garantías de que Defensa no tendrá, en caso de discrepancia, derecho a veto en los contenidos del CASTILLO DE PAPEL. UN REPASO A LA HISTORIA futuro centro de la paz que se instalará intramuros.

El malestar del resto de grupos políticos por la escena de sofá socialista tiene, por otra parte, razones que van más allá del contenido de la orden ministerial. Aunque Jordi Hereu aseguró ayer haber viajado a Madrid en condición de alcalde, sus socios no se enteraron de lo que se estaba cociendo hasta que el sábado él mismo confirmó la noticia a los medios de comunicación. Atrás quedaban tres declaraciones institucionales del Ayuntamiento (diciembre del 2002, junio del 2004 y julio del 2006). Del todos a una, al todo para uno.