PRISMA

Hay un tipo de política que ayuda a su descrédito: la llamada Ley de Dependencia, en realidad Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, obedece a esta lógica a pesar de haber sido presentada como algo ejemplar. Éste no es un augurio leído en una bola de cristal sino el resultado surgido de los datos: La Ley de Dependencia será un fiasco porque se ha vendido como algo que no es.

No es el cuarto pilar del sistema del bienestar que nos han anunciado, ni mucho menos una prestación de carácter universal como puedan ser la sanidad, la enseñanza y las pensiones. Será, eso sí, una ayuda más cercana a la asistencia social que al bienestar.

Si se hubiera presentado bajo este perfil, que es el que responde a la realidad, todo el mundo honestamente debería aplaudir la iniciativa del gobierno, pero una vez más, como también han hecho con las pensiones, han jugado al engaño o han cometido un error de proporciones extraordinarias, que involucra negativamente a la calidad del trabajo que desempeña el Congreso de los Diputados.

Las razones fundamentales de todo este viaje hacia la frustración y el desengaño de muchas personas que confían en lo que el Ministro Caldera ha explicado, radica en la insuficiencia de recursos que prevé la ley, la ignorancia de los costes reales de las prestaciones y sobre todo presenta unas cifras increíbles sobre el número de dependientes. De hecho el gran misterio es precisamente éste: cuántas personas dependientes de dependencia hay en España.

Para situar una sola referencia difícil de entender: la Memoria de la Ley señala que en el 2005 hay 465.111 personas afectadas por dependencias severa y total. Si a estos les añadimos la dependencia moderada, la cifra de personas dependientes era de 1.125.000 en el 2005, pero como el Servicio Nacional de Dependencia que prevé la nueva norma estará totalmente desplegado en el 2015, la cifra total de dependientes será entonces de 1.373.000. Éstos son los datos oficiales que se han hecho públicos y que figuran concretamente en la página 10 de dicha Memoria de acompañamiento. Pero si uno continúa leyendo, llegará, páginas más adelante, al apartado que se dedica a «Informe sobre el Impacto por razón de Género», es decir, cómo se distribuye entre hombres y mujeres la dependencia. Es necesario hacer notar que tal y como indica el cuadro en cuestión, las cifras por este concepto se refieren a 1999. Pues bien, para esta fecha y según el gobierno, habían 842.000 discapacitados severos y totales, es decir casi el doble que los que indica en páginas anteriores para el 2005. El número total de discapacitados para aquel año de 1999 era de 1.485.000 es decir, más que los que la ley prevé para el 2015. Esto es imposible: los dependientes vinculados sobre todo al envejecimiento de la población crecen y no se reducen.

Se trata de unas discrepancias tan extremas que no tienen justificación y que dicen a las claras que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y quienes han aprobado la Ley, no tienen ninguna idea real del número de dependientes que de verdad hay en España ni de cómo se distribuyen en función de su gravedad.

A partir de ahí, toda previsión, como lo que se ha hecho, es simplemente un disparate. Esto no es demagogia, esto son datos. En todo caso, la demagogia la hacen quienes utilizan estos datos irresponsablemente y construyen leyes con ellos.

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