DEBATE

La declaración de Berlín del 25 de marzo pasado sólo recoge la siguiente referencia a la salida de la crisis política en la que el no de Francia y de Holanda al tratado constitucional ha sumido a la UE desde mediados del 2005: "Estamos unidos en el empeño de dotar a la Unión de fundamentos comunes renovados de aquí a las elecciones al Parlamento Europeo del 2009". A este respecto, no cabía esperar mucho más de la simbólica conmemoración del 50. º aniversario del tratado de Roma. Será el Consejo Europeo, el próximo 22 de junio, el que adopte, a propuesta de la presidencia alemana, la difícil agenda institucional de la Unión para los próximos dos años.

Antes de someterlos a ratificación, esos "fundamentos comunes renovados" se habrán de redactar en unos escasos seis meses, bajo presidencia portuguesa. Lo más probable es que el Consejo Europeo de junio convoque exclusivamente una conferencia intergubernamental que someta un nuevo texto al Consejo Europeo de diciembre.

Durante la conferencia, los 18 países que ya lo han ratificado (entre ellos, España), aunque lo más probable es que deban aceptar que se renegocien ciertas partes del tratado constitucional, podrían liderar, por la mayoría que representan, una solución ambiciosa (salvar lo máximo del tratado). Por su parte, Francia y Holanda y los restantes siete países que no han ratificado deberán aceptar que no se renegocien ciertas partes del tratado, porque los otros dos tercios de estados ya han ratificado el cien por cien el texto.

El actual compás de espera de la Unión exige combinar ambición y pragmatismo. Para conseguir el difícil objetivo de Berlín (entrada en vigor del nuevo tratado a más tardar en la primavera del 2009), la agenda de trabajo de la conferencia deberá ser restringida. No sería prudente renegociar el equilibrio institucional del tratado constitucional.

Ya existe al respecto un consenso alcanzado mediante un gran debate democrático, perfectamente legítimo y que ha costado casi una década de esfuerzos (desde la declaración de Laeken y la convención sobre el futuro de Europa hasta la ratificación por parte de dos tercios de los estados miembros). Para evitar el término constitución,que plantea problemas a algunos estados, una de las soluciones que se barajan es reunir las partes I, II y IV en un tratado fundamental,sin reabrir las espinosas cuestiones del reparto del poder político o de la estructura institucional de la Unión y para conferirle fuerza jurídica a la carta de derechos.

Esto supondría que se retocase la parte III del tratado (políticas y funcionamiento de la Unión) que podría recogerse en un tratado funcional que complete al fundamental. No hay que olvidar que esta parte del tratado es la menos discutida hasta ahora (la convención del 2003 no alteró a penas ni el número, ni la estructura ni el funcionamiento de las políticas tal como las definen los tratados actuales) y sin embargo es la que afecta más directamente a los ciudadanos.

Este retoque deberá dar cuenta de los debates de los últimos años, reforzando principalmente la política social, la de medio ambiente y la energética y se podría definir una auténtica política común de inmigración. Por otra parte, aplazar la negociación sobre las políticas para después del calendario suscrito en Berlín supondría añadir dificultad a la negociación pendiente sobre asuntos de gran dimensión política como, por ejemplo, la reforma del presupuesto o la ampliación de la Unión. Con la restitución del clima de confianza que supone el texto, y el contexto, de la declaración de Berlín del pasado 25 de marzo, puede vislumbrarse el final del compás de espera.

Los jefes de Estado y de Gobierno se han fijado un objetivo y una fecha. A partir de este compromiso político, con un fuerte liderazgo por parte de las presidencias alemana y portuguesa en la delimitación de la agenda y en la conducción de la conferencia, conservando el equilibrio institucional del tratado constitucional del 2004 y retocando sólo un número reducido de políticas comunitarias, la Unión europea puede evitar un segundo bloqueo, tras el revés de 2005. Y ello a condición de someter el nuevo tratado al procedimiento más eficaz (conferencia de gobiernos y, siempre que se pueda, sin referéndum). Más ambición (pretender rescatar la totalidad del tratado constitucional) o menos pragmatismo (reformar en profundidad las políticas) conllevaría un riesgo grave de ruptura de la Unión.

JOSÉ E. CANDELA, de la Comisión Europea. Las opiniones vertidas en el presente artículo lo son a título personal.