16/04/2007 - 23:00 h

Gaspar Llamazares ha culminado su operación personal en Oviedo, al llegar hasta el final con el peso de su mayoría, para quitarse de en medio la incómoda presencia de un núcleo de resistencia hostil en la capital del Principado, que discrepaba de sus puntos de vista, de sus modos, y de sus maneras. La noticia salta a los medios, un hombre del aparato, un trabajador de la coalición en el grupo de IU de la Junta General del Principado, Alejandro Suárez, es el flamante candidato por exclusión. ¡A posturlarse tocan!, le ordenaron, y claro, normal, Alejandro al aparato.

Pero aquí, la noticia no es Alejandro, sino la extraña manera en la que le ha tocado dar este paso al frente.

Alfonso Suárez, -éste es otro Suárez, no es Alejandro- hijo del que en su día fuese dirigente de IU en Asturias, Javier Suárez, fue el abogado de la coalición, en el pleito presentado por Roberto Sánchez Ramos y Celso Miranda, representados por el histórico socialista ovetense, José María Fernández, que alegaron en los tribunales de justicia que su candidatura estaba avalada por la asamblea de militantes de la ciudad, que los había elegido para desarrollar esa responsabilidad por sufragio directo.

El abogado Suárez no dejó lugar a la duda, cuando en en su alegato, dijo que “las personas tienen libertad para militar en el partido, o para darse de baja, pero, si deciden militar, tienen que acatar los estatutos en los que la libertad de expresión no es la misma que la de cualquier ciudadano no militante”. Es la ley del embudo. O lo tomas o lo dejas: ¡firmes y en el primer tiempo de saludo cuando pasen Llamazares y sus boys! ¡Como en los mejores tiempos de Don Paco!

Así de crudo le acaba de poner las cosas, en Asturias, la partitocracia, a los ciudadanos, en su misma cara. Estamos ante un procedimiento judicial aún no resulto, pero que sin duda será sonado y su repercusión para el futuro aún mayor de lo que ya ha sido. ¿Es posible que alguien, que como el abogado Suárez, lleva la estrategia judicial de la fuerza política que aplasta a los disidentes, sea a la vez miembro de su propio órgano de justicia interna, la Comisión de Garantías, de la que es presidente, y abogado de una parte? Sí. Es posible. Estas cosas suceden en Asturias y ellos nos repiten a diario que esto es una democracia.

¡Ay Alejandro Suárez, Alejandro Suárez, qué marrón te acaban de endilgar! ¡Vaya pastelazo que te deja tu tocayo Suárez, el abogado, y tu jefe Llamazares! Candidato en Oviedo, por encima de Rivi y Celso, y de toda una asamblea local de militantes.

Las formas se han perdido hace ya demasiado tiempo. No existen. Que el presidente de la Comisión de Garantías de IU en Asturias, se presente en el juzgado a defender a la dirección, contra unos militantes perseguidos por esa propia dirección, para someterles a un juicio público por delitos de opinión –pues de opinar torcido se les acusaba- y que encima vaya allí y diga que dentro de IU no existe el derecho a la discrepancia en las opiniones, es la cruda constación de un terrible estado de cosas que obliga a cerrar un círculo dialéctico, por una razón evidente.

El Artículo 6 de la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio, de los Partidos Políticos, expresa claramente algo que no necesita ser regulado pues cae de su peso y es cuestión de principio en un supuesto Estado de Derecho, como es el sometimiento de la vida interna de los partidos políticos a la Consiutución, cuyo Artículo 6 dice expresamente esto: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

Los dirigentes de IU podrán decir lo que quieran, porque saben que la justicia ordinaria sale corriendo cada vez que se ventila en un tribunal de justicia un asunto interno de un partido político, en lo que es una costumbre judicial tan explicable como lamentable. Explicable, por un principio que en principio resulta totalmente digno de comprensión, de economía energética, por el cual, los miembros de este poder del Estado, echan balones fuera y dejan que, hablando en plata, “los políticos se maten entre ellos”. Pero claro. No es así: los jueces ahuecan el ala y a la democracia que le den dos duros. ¿No son ellos por ventura la garantía de legalidad del sistema? Pues apagamos y nos vamos. ¡El último que tire de la cadena!

El problema que presenta esta actitud de la justicia ante la evidencia de ausencia de democracia dentro de los partidos, que en el caso de IU en Asturias y en Oviedo resulta clamorosa, es que la consecuencia es terrible para el conjunto de la sociedad -porque alguien no hace aquí su trabajo-, por lo que tiene de desmoralizador, porque si la Constitución consagra el principio de libertad de expresión, pero en los partidos políticos la libertad de expresión está suspendida, y se pueden perseguir delitos de opinión de esta manera, y si ese castigo de los delitos de opinión se puede a su vez utilizar como pretexto para suspender las decisiones de una asamblea de militantes, y eso se hace en las instituciones que tienen la misión constitucional de concurrir a la “formación y manifestación de la voluntad popular”, queda de relieve que la “voluntad popular” no es más que una pura ficción, porque al final, lo que sucede aquí, es que a los ciudadanos se les da la oportunidad de refrendar cada cuatro años, las decisiones adoptadas por una casta, por no decir una banda, que ni está elegida democráticamente, ni está sometida a crítica desde principios de libertad de expresión. ¿O no es así? ¿y si no es así por qué sucede esto en Oviedo?

¿Qué esto no es, como decíamos, problema de los jueces? ¿Qué no son ellos los que tienen que corregir los comportamientos antidemocráticos de los partidos, porque esto no es un caso aislado en IU de Asturias, sino un comportamiento generalizado en todos los partidos políticos y sus señorías pasan de arreglar el mundo? De ser de esta manera, y lo de Oviedo e IU una cosa habitual en toda España, la conclusión a la que inevitablemente nos conducen estas reflexiones es terrible: la democracia no existe, si por democracia se entiende el refrendo popular a las decisiones de gente que ni es elegida por las asambleas de afiliados, ni admite el derecho a la crítica y a la libre opinión de los miembros de esas asambleas.

Es muy cierto que es urgente una revisión de la legislación electoral, para evitar la corrupción política que nos devora, tal y como suelen afirmar muchos analistas, con medidas encaminadas a limpiar los mecanismos de financiación ilegal de los que se nutren los partidos, pero si ni la Constitución ni la vigente legislación que regula los partidos políticos se cumple, ni se hace cumplir por los jueces, para qué queremos reformar nada, si ya estamos en una dictadura, en la que en vez de un dictador, hay unos cuantos.

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