En un callejón de la calle Padre Damián de Madrid, junto al Hotel Eurobuilding, al lado de un almacén de muebles y de una peluquería, Manuel Conthe apuntó el pasado viernes directo al corazón del problema que hoy afecta a instituciones clave de nuestra doliente democracia, tal que la Justicia y los organismos reguladores, y que no es otro que la “imposibilidad de servir a dos señores”. Es decir, hacer cumplir la ley, por un lado, y plegarse a los caprichos y/o los intereses políticos, cuando no las simples corrupciones, del Gobierno de turno, por otro.

En un arranque de humor, muy de agradecer dadas las circunstancias, el todavía presidente de la CNMV ha dicho que “quizás algún día será incluso agradable recordar estas cosas”, cosas que José Antonio Zarzalejos identificaba ayer en su estupendo artículo dominical de ABC con “la crisis de la partitocracia en España, que ha contaminado desde los órganos reguladores de los sectores estratégicos hasta la Administración de Justicia”.

Y un servidor cree que, más que de la crisis de la partitocracia, cabría hablar de la crisis de un Sistema que, casi 32 años después de la muerte de Franco, muestra todos los síntomas de la enfermedad que aqueja a las viejas democracias occidentales consolidadas y casi ninguna de sus ventajas: todo lo malo sin haber llegado a ser nunca bueno. Porque nuestra democracia no ha pasado de ser un wannabe, un proyecto prematuramente agostado, metáfora de esa primera chaqueta que estrena un niño y que en pocos años se queda vieja y estrecha, incapaz de contener las aspiraciones de una sociedad abierta y moderna, regida por el imperio de una ley igual para todos y una auténtica economía de libre mercado.

Ello a consecuencia de la negativa radical de la clase política a regenerar el Sistema, de unos partidos políticos sedientos de Poder que se han quedado ayunos de ideas y, si quieren, de ideología. Ahí está el PSOE, un partido en el que hoy es muy difícil reconocer las señas de identidad de cualquier socialdemocracia europea, pero aferrado al uso y disfrute del Poder a cualquier precio. Lo que implica la negativa radical a ceder parcelas de poder inherentes a los organismos de control sobre cuya independencia descansa la garantía de calidad democrática de nuestra sociedad.

Es verdad que el Partido Popular, autotitulado liberal, traicionó esa condición cuando, con mayoría absoluta, renunció a hacer efectiva esa independencia colocando a su frente a gente de confianza, cuando no simples copains de Rodrigo Rato. Pero lo del Gobierno Zapatero no tiene comparación posible, porque, haciendo tabla rasa con cualquier escrúpulo, ha ido directamente al nombramiento a tipos con carné, militantes del partido –tal que la señora Costa, presidenta de la CNE-, tal vez para que la gente se entere y no haya la menor duda de lo que vale un peine.

Alguno de ellos le han salido luego rana, caso del señor Conthe, un tipo con agallas que ya venía muy toreado de plazas tan reputadas como el Banco Mundial, y que carece del estómago de un Pedro Solbes dispuesto a tragarse cualquier sapo. Peripecias personales, en todo caso, que ponen en evidencia la corrupción del Sistema, que éste es el mal de fondo, la metástasis de origen: la negativa sistemática de nuestras clases políticas a abordar las reformas de fondo que reclama el Sistema para convertirse en una democracia digna de tal nombre, con el respeto a la Ley como norma suprema de convivencia.

Cuando al Gobierno Zapatero no le gusta la ley, se cambia y a otra cosa, mariposa. Ha ocurrido en la Justicia (caso del CGPJ) y también en la Economía. El área económica del PP contaba el viernes que el Ejecutivo está pensando ahora en derogar el llamado Decreto anti E.On porque no sólo ya no le sirve, aunque le sirvió para bloquear la OPA alemana sobre Endesa, sino que ahora se ha convertido en un obstáculo capaz de poner en peligro la toma de control de la eléctrica por la empresa pública italiana Enel.

Todo lo cual evidencia una preocupante falta de seguridad jurídica, que es, como todo el mundo sabe, la base que sustenta el edificio entero de un país desarrollado con una economía próspera. Dice Luis Pazos en su libro El Derecho como base del crecimiento que “las sociedades más antiguas no son las más desarrolladas; el progreso depende de la estabilidad del derecho", una afirmación que sólo puede producir escalofríos al contemplar cómo España empieza a parecerse a países tan envidiables desde el punto de vista de esa seguridad jurídica como la Argentina de Kirchner, por no hablar de la Bolivia de Morales o la Venezuela de Chávez.

¿Estamos, por ello, ante una crisis de credibilidad del Sistema? Sólo los cínicos, en mi modesta opinión, pueden denunciar que hay crisis allí donde ni siquiera hay Sistema. Cínicos son esas grandes fortunas que hoy arroparán a Rodríguez Zapatero en la Bolsa madrileña, nuevos multimillonarios muditos, incapaces de denunciar que alguien está comiendo las uvas de dos en dos, porque ellos mismos las están comiendo de tres en tres, en la mejor tradición de la España del Lazarillo de Tormes. Razón que explica el vergonzante silencio del establishment patrio ante lo que está ocurriendo con Conthe y la CNMV.

Como en la Argentina de Kirchner, en el terreno de la Economía todo pasa en España por la Oficina Económica del Presidente del Gobierno que, en Moncloa, antes ocupaba Sebastián y ahora lleva un tal Taguas. Todos los ricos, a todas horas, a ver a Taguas, a confesarse con Taguas, si es que el propio Zapatero no puede atenderles en persona. Y como sucedería en la Argentina de Kirchner, a Conthe no le dejan expresarse en el Parlamento, que según el simpático ZP iba a ser referente único de la vida política española. Puede que Manuel Conthe termine teniendo razón, y su rebelión en la granja de la CNMV termine convirtiéndose en un revulsivo capaz de incitar a los ciudadanos a decir basta. Porque, repito, no es de la crisis de la CNMV de lo que estamos hablando, sino de algo mucho más grave y profundo. O a mí me lo parece.