Que el gobierno del Principado, formado por el PSOE e IU, impulsó la edición del Construyendo Asturias, un libro de propaganda en seis ediciones a todo color de ciento cincuenta páginas, es algo que nadie duda en esta comunidad autónoma. Aún así el gobierno lo negó. Los socios de gobierno montaron un buen paripé para conseguir que todo el mundo se perdiese, pues si fue el consejero de Justicia, Francisco Javier García Valledor, el que pidió que se constituyese una comisión de investigación, a su compañero de fatigas Aurelio Martín le tocó negar esa comisión en la Junta General, con el apoyo del candidato Jesús Iglesias, que tuvo el morro de decir públicamente que "iniciar una investigación parlamentaria antes de que se desarrolle una investigación en el ámbito del Gobierno sería como dar un salto al vacío".

A la vista está que en la historia de la humanidad, jamás gobierno alguno se investigó a sí mismo, y especialmente si, como en este caso, se sabe perfectamente culpable de aquello de lo que se le acusa; es por eso, por lo que todos pensábamos, cuando finalmente se rechazó la creación de la comisión parlamentaria por el peso de la mayoría, que ya nos quedábamos sin confirmar que una vez más se había delinquido a cuenta del dinero público, y que los presuntos delitos cometidos, como tantos otros, quedarían impunes. De hecho, los dirigentes del Partido Popular se pusieron a mirar al mar, y a soñar un poco. Pero resulta que no todo el mundo estaba paralizado.

Un pequeño partido político, Andecha Astur, tras recopilar la información publicada, se decidió a poner una denuncia en los tribunales de justicia ( ver el texto de la denuncia), y ahora son los únicos que tienen ficha en una partida que resulta decisiva para demostrar que el gobierno mintió, algo que es evidente, pero para poder dejar constancia pública de esa evidencia, hacen falta las pruebas que no tenemos, y que de no ser en vía judicial resultan inaccesibles.

La solución del enigma del Escándalo Construyendo Asturias, pasa por conseguir las facturas de la impresión del libro y de los colaboradores que hicieron las fotografías y los textos, pasan también por saber quién les pagó, la empresa o empresas que coordinaron el trabajo de esos colaboradores, la que buscó la publicidad y la que distribuyó el libro. Se suman todos los gastos, y a continuación se comparan con los ingresos, que es cuando viene el verdadero escándalo. ¿Qué ingresos hubo realmente y cuánto pagó cada una de las empresas que participaron en el cambalache? ¡He ahí la cuestión! Al margen de las irregularidades de todo tipo que se cometen cuando empresas privadas recaudan el dinero del gobierno.

¿Cómo consigue financiar un impresor un gasto de cerca de quinientos millones de pesetas con varias decenas de anunciantes? ¿Cobrando a veinte millones de las antiguas pesetas el anuncio? Pues cifras así son las que tuvieron que manejar, y para conseguir que un grupo de contratistas de la administración pública asturiana pongan esas cantidades, para publicar anuncios con unas tarifas que nada tienen que ver con la realidad de los usos y costumbres publicitarios, se pone de manifiesto que se tuvo que producir una intervención del gobierno que hiciese posible la recaudación de ese impuesto revolucionario, pues a esos precios cualquier perito podrá acreditar que no hablamos de publicidad, sino de pagos a cambio de favores, malamente camuflados como anuncios.

La cuestión que se abre aquí, si Andecha Astur consigue salir adelante con su denuncia y el gobierno choca por fin con una justicia imparcial, es un viejo asunto que va necesitando que de una vez por todas alguien meta mano a lo que es un desmadre total, del que este escándalo es una bonita punta de iceberg. Los contratos de obra pública tienen ya incluidos unos enormes sobrecostes publicitarios que se pactan por fuera de las mesas de contratación, que incluyen los anuncios que las empresas pagan de sus grandes obras para la administración, para así detraer enormes cantidades de los presupuestos publicitarios que los gobiernos hurtan de los prespuestos con este burdo y continuado fraude de ley. No hay carretera, puente, colegio, parque costero, colector, obra de iluminación, centro de salud o cualquier otro proyecto público que se lleve a cabo, sin que las empresas participantes en la obra se vean obligadas a depositar el correspondiente impuesto revolucionario en un listado de medios de comunicación, cuyas cantidades les son sugeridas directamente por los agentes del gobierno de turno.

Lo que ocurre es que esta vez se pasaron de frenada, y esa viciosa práctica de considerar el impuesto revolucionario como parte de la obra, se convirtió en este caso en una cesta singular y desproporcionadamente cara que resulta imposible justificar de acuerdo con los criterios del mercado publicitario. Pero claro, alguien tenía que presentar la denuncia en los tribunales de justicia. Cuando Rubén Lerner, el consejero delegado de Avenida Gráfica se vio obligado a escribir su vergonzosa nota a La Nueva España, reclamando para sí toda la responsabilidad en la iniciativa, todos tuvimos la terrible sensación de que nos encontrábamos ante un descarado engaño que sólo nos podía producir rabia e impotencia.

Desde esta página damos las gracias a los responsables de Andecha Astur por hacer lo que todos querríamos haber hecho, lo que como muy bien dijo Javier Morán en un artículo publicado en La Nueva España, tendría que haber hecho el PP, un partido que está metido en la pomada hasta las cachas, y que a todos nos tiene hartos de su continuo amagar y no dar. En palabras de Javier Morán: Éste es el drama de esta tierra: saltamos de la sartén donde nos fríe a su manera el Gobierno regional del PSOE y caemos en el fuego de un PP mansurrón y olvidadizo, que debería tener quien le diga varias veces al día: «Acordaos de que sois la oposición».

Está claro que si aquí nadie hace lo que tiene que hacer, vendrán otros que lo hagan, y los presupuestos políticos bajo los que actúan pasan a un segundo plano, ante la importancia de la labor profiláctica que pueden desempeñar con actuaciones como esta oportuna y necesaria denuncia, que se ha convertido en la única esperanza de justicia de los ciudadanos ante un desafuero de tal calibre, que en ningún caso puede quedar impune, como hasta ahora parecía que iba a ocurrir, sin producir un nuevo salto en la desmoralización ciudadana ante la impunidad con la que se violan las leyes desde la política.

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